Las reservas naturales de conservación voluntaria de entidades privadas de América Latina deben asumirse como aliadas de las políticas ambientales, de la mitigación ante el cambio climático y de la preservación de la diversidad biológica en los bosques tropicales, aseguran especialistas.
“Las reservas privadas de América Latina no están incluidas en las políticas de conservación, hay que integrarlas en las estrategias nacionales”, planteó el vicepresidente de políticas de conservación de la organización no gubernamental Conservación Internacional (CI), Carlos Manuel Rodríguez.
Rodríguez, exministro de Ambiente, Energía y Minas de Costa Rica (2002–2006), hizo este planteamiento ante 150 ambientalistas, promotores de la conservación voluntaria y empresarios de ecoturismo, durante el XI Congreso Latinoamericano de Redes de Reservas Privadas, realizado en la reserva turística de Punta Leona entre el 9 y el 13 de este mes.
En su opinión, el sector privado debe tener un rol más protagónico. Los gobiernos y los propietarios de áreas naturales privadas deberían trabajar juntos para el cumplimiento de las llamadas Metas de Aichi sobre Biodiversidad, establecidas en 2010 en la ciudad japonesa de Nagoya.
Allí, en el marco de la 10 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecieron 20 metas para luchar contra la pérdida de biodiversidad hasta 2020.
“Estamos perdiendo nuestro capital natural en razón de los cambios climáticos y de la gran brecha que hay entre la conservación privada y pública. Los propietarios de reservas privadas deben volverse actores políticos para ayudar a cumplir las Metas de Aichi”, dijo Rodríguez.
El costo mundial para financiar esas metas se estima entre 150 y 440.000 millones de dólares por año, según datos del propio Convenio. Pero actualmente, según cálculos de la CI, el mundo invierte solo 45.000 millones de dólares.
Por eso, para Rodríguez, la conservación privada puede ayudar a paliar el déficit de recursos.
Con ese fin, se formalizó el 6 de este mes la Alianza Latinoamericana de Reservas Privadas, la primera en su tipo en el mundo, que según sus cálculos aglutina 4.345 reservas privadas de 15 países, con un total de 5.648.000 hectáreas de áreas verdes.
“La idea es formar una cadena en conservación. Las áreas privadas pueden hacer el encadenamiento de los parques nacionales y engrandecer los sistemas nacionales de conservación. Son también un mecanismo para absorber los cambios drásticos del clima”, dijo a IPS el guatemalteco Martin Keller, presidente de la nueva federación.
A su juicio, no debería haber fronteras para las reservas privadas en la región. “Estamos uniéndonos en algo grandioso y formalizando asociaciones con organismos internacionales para que nos incluyan en los proyectos ambientales”, dijo.[pullquote]1[/pullquote]
Durante el congreso en Costa Rica, se anunció un programa piloto para incentivar la venta de bonos de carbono con la donación de 200 hectáreas por parte de una asociada de la Alianza, que contará con un estimado de 3.600 toneladas de carbono.
Keller ambiciona que a partir de 2017 América Latina empiece a vender carbono en bloque.
“Tenemos sueños y una pasión por conservar la naturaleza. Queremos que la venta de carbono sea un mecanismo de conservación privada a nivel mundial”, comentó a IPS el presidente de la Red Costarricense de Reservas Naturales, Rafael Gallo, el donante de las 200 hectáreas para el plan piloto.
Ubicada en la ribera del río Pacuare en la vertiente atlántica de Costa Rica, Gallo tiene una propiedad de 800 hectáreas – de las cuales 700 constituyen una reserva boscosa-, en Siquirres, a 85 kilómetros al este San José, en las inmediaciones del Parque Nacional Barbilla que forma parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad.
“El mercado aún está arrancando y la tonelada de carbono se cotiza a tres dólares”, detalló Gallo, para quien este mecanismo será viable cuando el precio de la tonelada llegue a 10 dólares.
Los países que integran la Alianza son Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Uruguay y Venezuela también tienen reservas privadas pero no conformaron aún redes locales, un paso necesario para integrarse.
Keller dijo que ambiciona abarcar todo el hemisferio incluyendo los países caribeños insulares y Canadá y Estados Unidos.
Las reservas privadas quieren beneficiarse de programas de organismos multilaterales, para lo que iniciaron contactos con los organismos de la ONU vinculados de una manera u otra con temas de conservación, así como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
“Queremos ser un bloque regional, que nos oigan a nivel internacional y que hayan incentivos a los propietarios para que sigan apoyando la conservación en conjunto”, dijo Claudia García de Bonilla, directora ejecutiva de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala.
Ello porque, aseguró a IPS, “el impacto que tendremos como bloque será masivo”.
Las áreas de conservación voluntarias pueden ser de empresarios que realizan actividades de ecoturismo, instituciones académicas, de investigación o de producción agrícola orgánica. Se suman a las áreas de conservación públicas y sus promotores las definen como escudos verdes ante los extremos climáticos y la merma de biodiversidad.
“El bosque sigue como esponja absorbiendo las tormentas y huracanes. Tenemos que seguir aumentando nuestros corredores ecológicos”, arguyó Bonilla.[related_articles]
El representante de las áreas verdes privadas en Chile, Mauricio Moreno, destacó beneficios que las reservas naturales de propietarios individuales o entes privados pueden aportar en una visión global de conservación.
“Estas áreas son un refugio protegido con mucha voluntad y esfuerzo. Es un complemento a la red pública. Hay reservas que colindan con parques nacionales y generan áreas mucho más grandes que permiten conservar especies de animales. Con esfuerzo público y privado se consigue avanzar en una conservación integral”, comentó a IPS.
Según la ingeniera de recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, Ariane Claussen, el presupuesto asignado a las áreas protegidas públicas en la región es insuficiente, lo que dificulta que los Estados tengan capacidad de actuar solos en la preservación de la biodiversidad.
“Más que ver las reservas privadas como independientes, hay que verlas de forma integrada. Si estas personas no decidieran conservar, estarían dándoles otro tipo de uso a su tierra como monocultivos o ganadería no sostenible”, analizó para IPS.
Matizó que “los propietarios dedican un porcentaje pequeño de sus tierras al desarrollo (económico) como el turismo, porque necesitan un ingreso”.
Claussen, junto con su colega chileno Tomás González, destacó la iniciativa latinoamericana Huella, destinada a colaborar de forma voluntaria en acciones de planificación técnica por la conservación, educación ambiental y activismo ecológico en la región.
En su opinión, las reservas privadas vienen a cubrir deficiencias del Estado. “La idea es que colaboren con la conservación siendo zonas de amortiguamiento e integren ecosistemas de áreas protegidas públicas que están aisladas y fragmentadas”, sostuvo.
Editado por Estrella Gutiérrez
