La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es manipulada políticamente por empresas trasnacionales, algunas de las cuales violan abiertamente derechos laborales y normas ambientales que el organismo mundial defiende, según un nuevo estudio.
El estudio de la organización independiente Global Policy Forum, publicado el martes 22, advierte que la ONU está «iniciando una nueva era de multilateralismo selectivo, conformada por estancamientos políticos intergubernamentales y una creciente dependencia de soluciones empresariales para los problemas mundiales”.[pullquote]3[/pullquote]
«Los patrones cambiantes de financiación de la ONU y sus fondos, programas y organismos especializados reflejan estas tendencias alarmantes», añade.
El estudio destaca la brecha que existe entre la magnitud de los problemas globales y la capacidad financiera de la ONU para resolverlos, la creciente participación de los aportes complementarios y los fondos fiduciarios en las finanzas del foro mundial, su mayor dependencia del sector empresarial y la tercerización de la financiación y de la toma de decisiones.
El estudio de 140 páginas, titulado «¿Apta con qué objetivo? La financiación privada y la influencia corporativa en las Naciones Unidas”, se publica días antes de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se realizará del viernes 25 al domingo 27 de este mes.
Cuando IPS le preguntó quién tiene la culpa de esta situación, Jens Martens, director de Global Policy Forum y coautor del estudio, respondió que los Estados miembros no aportaron fondos suficientes y confiables al sistema de la ONU.
«Esta situación se ve agravada por la insistencia desde hace muchos años de los gobiernos occidentales, encabezados por Estados Unidos, en la doctrina del crecimiento cero para el presupuesto ordinario de la ONU», dijo.
El resultado es una dependencia cada vez mayor de la financiación voluntaria y no central, así como de un número creciente de alianzas dispares entre el sector empresarial y la ONU, agregó Martens.
El Centro de la ONU sobre las Corporaciones Trasnacionales, creado en 1975 principalmente para supervisar a estas empresas, fue desmantelado en 1992.
Algunas de las iniciativas que obligan a las empresas a rendir cuentas al público se iniciaron en la década de 1970, incluidas las discusiones sobre un Código de Conducta para las Empresas Trasnacionales.
Pero esta y todas las gestiones posteriores en ese sentido fracasaron debido a la enérgica oposición de las empresas y sus grupos de presión.
Al mismo tiempo, según el estudio, las empresas tuvieron gran éxito con estrategias de relaciones públicas que ayudaron a presentarlas como buenas ciudadanas corporativas que buscan el diálogo con los gobiernos, la ONU y demás grupos de interés, y como capaces de cumplir normas ambientales, sociales y de derechos humanos mediante iniciativas voluntarias de responsabilidad social empresarial.
Martens dijo que el secretario general Ban Ki-moon y los directores de las agencias de la ONU se convirtieron en enérgicos defensores del relacionamiento con el sector empresarial.
Además de considerar esas alianzas como una nueva fuente de fondos, las mismas se basan en la creencia de que las relaciones con poderosas corporaciones son esenciales para mantener la relevancia de la ONU con respecto a los desafíos globales de hoy, señaló.
«Pero venden la ONU a un precio barato. Mientras que los costos de las empresas son muy bajos, los beneficios pueden ser comparativamente altos», aseguró Martens.
Las empresas se benefician de una transferencia de imagen fuerte al asociarse a la ONU, ganar mayor visibilidad y conseguir acceso directo a las autoridades internacionales, comentó.
«¿Qué significa esta transferencia de imagen para la reputación y la neutralidad de la ONU? ¿No se corre el riesgo de que la colaboración con empresas controvertidas afecte negativamente la imagen de la ONU como intermediaria neutral y socave su reputación?”, se preguntó el activista.
Cuando la ONU busca ayuda financiera exterior, ya sea para sus necesidades de desarrollo o para defender causas sociales, recurre invariablemente al sector privado en la actualidad, asegura una fuente del foro mundial.
Ban pidió a los inversores privados que ayuden a la ONU a recaudar la descomunal cifra de 100.000 millones de dólares al año para luchar contra las consecuencias devastadoras del cambio climático.
El estudio también critica el Pacto Mundial de la ONU, considerada la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, que abarca a 8.371 empresas de 162 países.
El Pacto Mundial ha sido decisivo en la apertura de la ONU al sector empresarial, según el estudio.[related_articles]
«Si bien puede haber sido concebido para hacer exactamente lo contrario – sensibilizar a las empresas sobre el interés público… – también actúa como una plataforma y promotor de los intereses corporativos en la ONU”, subraya.
Esto se ve agravado por la dependencia en la financiación privada y la excesiva complejidad de su estructura de gobierno, que da poco espacio a los Estados miembros, al tiempo que limita la supervisión de quienes hacen contribuciones financieras.
«De hecho, el Pacto Mundial es una de las pocas entidades de la ONU que dependen predominantemente del dinero privado. Esto puede tener repercusiones en cómo se interpreta y aplica su mandato», advierte el estudio.
La financiación de todas las actividades del sistema de la ONU asciende a 40.000 millones de dólares por año, indicó Martens.
«Si bien esta puede parecer una suma importante, en realidad es inferior al presupuesto de la ciudad de Nueva York, menos de una cuarta parte del presupuesto de la Unión Europea, y solo 2,3 por ciento del gasto militar mundial”, explicó.
«Mientras que el Banco Mundial pide a la comunidad internacional que pase de los ‘miles de millones’ a los ‘billones’ para cumplir con las necesidades de inversión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU aún tiene que calcular en términos de ‘millones’”, expresó.
Barbara Adams, coautora del estudio, dice que “muchos Estados miembros, en particular los grandes donantes, aplican la doble estrategia de exigir mayor coherencia en las actividades de desarrollo de la ONU, mientras que al mismo tiempo aumentan el uso de fondos específicos, lo que favorece la fragmentación».
“Esta dinámica selectiva, junto con las restricciones financieras en curso, abrieron el espacio a la participación del sector empresarial”, agregó.
Impulsada por la creencia de que el relacionamiento con aquellos de mayor poder económico es esencial para mantener la relevancia de la ONU, esta práctica tiene consecuencias dañinas para la gobernabilidad democrática y el apoyo del público en general, ya que se alinea más con los centros de poder y se aleja de los menos poderosos, afirmó Adams.
Traducido por Álvaro Queiruga
