Entre errores del gobierno, un sistema financiero vampírico, una Constitución populista o el estancamiento mundial está la raíz de la actual crisis económica en Brasil, según difieren los economistas. Hay culpables para todas las ideologías.
La desaceleración mundial es la causa preferida de los actuales gobernantes para justificar la recesión brasileña, que los economistas con más seguimiento en los medios atribuyen a la presidenta Dilma Rousseff por abandonar el trípode macroeconómico exitoso, de austeridad fiscal, meta de inflación baja y cambio flotante.
En la población lega creció la sencilla opinión de que todo se debe a la corrupción, ante el escándalo de sobornos de la estatal empresa petrolera Petrobras. Las investigaciones iniciadas en 2014 apuntan la desviación de miles de millones de dólares en beneficio de decenas de empresarios y políticos, en buena parte ya detenidos.[pullquote]3[/pullquote]
Con la recesión de este año, que probablemente se prolongue durante todo 2016 según los especialistas, Brasil sufre un deterioro económico reflejado en el desempleo en alza, una inflación de 9,56 por ciento anual al cierre de julio y una tasa de interés de referencia entre las más altas del mundo.
“Lo que traba la economía brasileña es el sistema financiero, que drena sumas gigantescas que dejan de servir a la producción”, en el diagnóstico de Ladislau Dowbor, profesor de economía en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y consultor de varias agencias de las Naciones Unidas.
Los intereses cobrados al consumidor brasileño por bancos y empresas comerciales en julio de 2015 fueron de 126,74 por ciento anual, como promedio de seis formas de crédito, según el monitoreo sistemático que hace la Asociación Nacional de Ejecutivos de Finanzas, Administración y Contabilidad (Anefac).
La tasa más elevada, la de las tarjetas de crédito, ascendió a 334,84 por ciento. “En el comercio el interés para la compra a plazos de algunos productos supera a 100 por ciento, mientras en Europa se limita a cerca de 13 por ciento”, comparó Dowbor a IPS.
Pese a esos “intereses extorsivos”, los brasileños recurren cada día más al crédito. En abril las familias destinaban 46,5 por ciento de sus ingresos al pago de deudas, lo que más que duplica la proporción de 10 años atrás, según el Banco Central.
“De esa manera el sistema financiero traba la demanda, ya que las personas dejan de consumir para pagar deudas”, observó el economista.
Pero también las empresas pagan intereses brutales, que alcanzaban 61,22 por ciento como promedio de distintas formas de financiación en julio, según la Anefac.
Préstamos para capital de trabajo o circulante, los más baratos, costaban 32,61 por ciento, con tendencia de alza.
“Aquí se traban las inversiones y el país pierde recursos que podrían expandir la producción”, señaló Dowbor. El gobierno también tiene reducida su capacidad de inversión, al pagar los intereses de su deuda interna por la tasa de referencia fijada por el Banco Central, actualmente de 14,25 por ciento anual.
La elevación de esa tasa por el Banco Central desde el año pasado anula con creces el esfuerzo fiscal del gobierno. El aumento de los intereses pagados supera en mucho el recorte de gastos en el presupuesto federal, agravando el desequilibrio en un momento de recaudación reducida por la recesión.
En este panorama, los bancos registran ganancias récord pese a la caída de la economía, de la industria y del comercio. Las cuatro mayores instituciones financieras ganaron en el primer semestre de este año 40 por ciento más que en el mismo período de 2014.
Hay además un drenaje de ingresos por fraudes tributarios que alimentan las transferencias ilegales al exterior desde esta potencia latinoamericana con 202 millones de habitantes.
Brasil tiene cerca de 520.000 millones de dólares evadidos en paraísos fiscales, estima la revista británica The Economist. Representa poco de los 20 billones (millones de millones) de dólares de todo el mundo, pero equivale a 28 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.
Dowbor reconoce la dificultad de “corregir” esas distorsiones brasileñas en que “el sistema financiero es el problema central”.
Las condiciones adversas comprenden la elección de numerosos parlamentarios y miembros electos de los poderes ejecutivos con el apoyo financiero de grandes empresas, un Congreso legislativo dominado por bancadas de sectores poderosos, como los “ruralistas” (hacendados y empresarios de la agroindustria) y la concentración de los medios de comunicación en solo cuatro familias, explicó.
Pero “hay alternativas, se puede enfrentar el desafío con medidas regulatorias” y el escenario internacional tiende a ayudar, con las crisis financieras reanimandose en países industrializados, concluyó.
Parece un misterio el funcionamiento de la economía brasileña con ese nivel de tasas de interés, que multiplica por 10 o más aún las vigentes en otros países. Esa singularidad resistió hasta ahora los intentos de reducir la extravagancia.
La presidenta lo hizo en los primeros años de su primer mandato (2011-2014), usando los bancos estatales para ofrecer crédito más barato y forzar la competencia. Pero no resultó y su “nueva matriz económica” degeneró en estancamiento, aumento insustentable del déficit público y una inflación que duplica la meta de 4,5 por ciento.
No es el “drenaje” financiero lo que más preocupa a los economistas más visibles en los medios de comunicación. Brasil tiene un desequilibrio fiscal estructural, cuyo origen muchos identifican en el contrato social recogido en la Constitución de 1988.
La sociedad quiere un Estado del bienestar social que la economía brasileña, en su nivel de desarrollo, no logra atender. Por eso el gasto público creció sistemáticamente por encima del PIB entre 1991 y 2014, según un estudio de tres economistas vinculados al opositor y centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
Como resultado, la carga tributaria aumentó de 25 a cerca de 35 por ciento del PIB en el mismo período, sin impedir el deterioro de las cuentas públicas.
“El grave desequilibrio fiscal de Brasil refleja la concesión desenfrenada de beneficios públicos incompatibles con el ingreso nacional. Prometemos más de lo que tenemos (…). Dejamos para las próximas generaciones las cuentas a pagar”, dice el estudio del PSDB.
“De hecho la Constitución creó muchos derechos, sin cuestionar como serían financiados, y siguió una continua ampliación de derechos sin que nadie se pregunte como se pagará”, reconoció Fernando Cardim de Carvalho, profesor jubilado de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
“Se generó una expectativa, que fatalmente seria defraudada, de que la democracia resolvería todo, como si fuese mágica”, enfatizó en diálogo con IPS.
Pero como economista “postkeynesiano” (una corriente de adeptos del pensamiento del británico John Maynard Keynes, 1883-1946), Cardim considera, al contrario de los defensores del ajuste fiscal ortodoxo, que la solución es el crecimiento económico.
Como “nadie quiere pagar la cuenta” de tales derechos, “solo es posible distribuir ingreso, sin penalizar a nadie, si el ingreso está en expansión”, sostuvo. El problema es que la economía creció poco desde los años 80 y los sucesivos gobiernos adoptaron políticas ineficientes en ese sentido, acotó.
Y ahora, el gobierno del segundo mandato de Rousseff -del izquierdista Partido de los Trabajadores, en el poder desde 2003- puso en marcha medidas contradictorias con su ideología y sus promesas electorales, y que acentuarán la recesión, con un ajuste fiscal de emergencia y más alzas del costo del dinero.
Editado por Estrella Gutiérrez
