Para el megaproyecto de Belo Monte llegaron demasiado tarde. Pero algunas actuaciones podrían mejorar la imagen de las centrales hidroeléctricas que aprovechan los ríos amazónicos en Brasil, convirtiéndolas en un factor de desarrollo local efectivo.
En construcción desde 2011 en el río Xingú, Belo Monte destina recursos sin precedentes para compensar y mitigar sus impactos, en el llamado Proyecto Básico Ambiental (PBA), con un presupuesto de 900 millones de dólares, al cambio actual con el real.
A eso se suma un novedoso Plan de Desarrollo Regional Sustentable (PDRS), con un aporte de 140 millones de dólares, volcados a impulsar políticas públicas y mejorar la vida de toda la población del área de influencia de la central, que comprende 11 municipios del norteño estado brasileño de Pará.
El total corresponde a 12,8 por ciento del costo de la gigantesca obra en el llamado Medio Xingú, uno de los grandes afluentes del Amazonas. Si se hiciera una distribución por persona, le tocarían 2.500 dólares a cada uno de los poco más de 400.000 habitantes locales.
Las cifras enarboladas por la empresa concesionaria de Belo Monte, Norte Energía, no silencian las quejas y denuncias que, aunque originadas por pequeños grupos, minan la reputación de las hidroeléctricas como mejor solución energética para este país sediento de electricidad.
“La lentitud con que la empresa ejecuta las acciones compensatorias es inversa a la velocidad con que impulsa las obras de la hidroeléctrica”, criticó el Foro de Defensa de Altamira, que reúne 22 organizaciones contrarias al megaproyecto.
El retraso más visible afecta al saneamiento de Altamira, la capital del territorio, que concentra un tercio de su población. Instalados hace 10 meses, el alcantarillado y las tuberías de agua siguen inútiles, dejando parcialmente ociosas también las plantas de tratamiento de agua potable y servida.
Es que no se hizo la conexión con los hogares y comercios, una tarea en demorada negociación entre Norte Energía, la alcaldía y la compañía de saneamiento de Pará, incluso luego que la empresa se mostró dispuesta a asumir su costo, agrandado por el deterioro de las tuberías.
“Además quedó afuera el drenaje pluvial, la alcaldía no lo incluyó entre las condiciones exigidas para que la empresa pueda operar la hidroeléctrica”, se lamentó con IPS el coordinador de la Fundación Vivir, Producir y Preservar, João Batista Pereira. Es una carencia destructiva para las ciudades amazónicas, de lluvias frecuentes y torrenciales.
Las obras y servicios incluidos en el PBA responden a exigencias del Instituto Brasileño de Medio Ambiente , la autoridad nacional del sector, cuyo incumplimiento puede paralizar el proyecto. Pero son reglas sujetas a flexibilizaciones e interpretaciones variadas, demuestran experiencias recientes.
Pereira es uno de los dirigentes del PDRS, un programa “democrático y participativo”, donde las inversiones las decide un Comité Gestor de 15 miembros de la sociedad y 15 de los gobiernos municipal, estadual y nacional.
Los proyectos pueden ser propuestos por cualquier organización local que opere en los cuatro ejes del plan: regularización de la tierra y de asuntos ambientales, infraestructura, producción sustentable e inclusión social.
Esos ejes y algunos proyectos que ya financia, como la fábrica de chocolate Cacauway que procesa la creciente producción local de cacao, distinguen el PDRS del PBA, que responde a necesidades inmediatas de personas afectadas, como los indígenas, los pescadores o familias desplazadas por los embalses.
Las acciones del PBA las definió el estudio de impacto ambiental, previo a la licitación de la central y elaborado por investigadores. Los hospitales y clínicas buscan compensar a los municipios por el aumento de la demanda de servicios de salud, mientras 4.100 viviendas se construyeron para acoger a familias desalojadas.
Son respuestas a necesidades inmediatas de personas, grupos o instituciones afectadas, sin una planificación integral o duradera. Hay un solo responsable de la ejecución, la concesionaria, aunque sean tareas estatales.
“Es natural la confusión entre lo público y lo privado”, sostuvo a IPS el director del área socioambiental de Norte Energía, José Anchieta.
El atraso en programas compensatorios, critica el Foro de Defensa de Altamira, generó el caos. En realidad muchas de esas actuaciones debieron anteceder a la construcción de la hidroeléctrica.
Los hospitales y ambulatorios fueron entregados por Norte Energía ahora, al final de la obra, pero cuando hicieron más falta fue hace dos años, durante el mayor flujo de trabajadores y población flotante en la región. Igual sucedió con las escuelas y las obras de urbanización.
Esa falta de sincronización tuvo aires de tragedia en la cuestión indígena. No se hizo el fortalecimiento institucional de la protección a la población originaria, sino al revés, se debilitó la presencia local de la Fundación Nacional del Indígena (Funai) durante las obras de Belo Monte. Se acentuó la ausencia del Estado.
Se adoptó de 2010 a 2012 un “Plan de emergencia” que distribuyó alimentos industriales y otros bienes a las aldeas indígenas. Ello provocó un cambio abrupto de hábitos, a lo que se atribuye un gran aumento de la desnutrición y mortalidad infantil entre sus poblaciones, que solo recientemente empezaron a recibir viviendas, escuelas e insumos para retomar la producción agrícola.
El horizonte temporal también aleja el PDRS del PBA, que debería terminar antes de la formación de los embalses, previsto para fines de este año. EL PDRS tiene un plazo de acción de 20 años.
Además se trata de “un importante ambiente de debate, definición de proyectos y redefinición de políticas públicas, que debería perennizarse transformado en un instituto o fundación”, explicó Pereira, para defender la “adopción de su gestión democrática por otras agencias de fomento”.
El tema preocupa al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) que financia 78 por ciento del costo dela construcción de Belo Monte. Además de tener un equipo acompañando el PDRS, promovió un estudio para ordenar sus proyectos e ideas en una Carpeta de Iniciativas y en una Agenda del Desarrollo Territorial (ADT) del Xingú.[related_articles]
Ese esfuerzo de planificación y fomento de un verdadero desarrollo tiene lugar cuando ya es difícil neutralizar los efectos negativos, que dificultan la construcción de nuevas hidroeléctricas Amazonia adentro, aun prometiendo una ADT previa.
Belo Monte, además, realzó, también por motivos netamente energéticos, los dilemas y desafíos de la generación eléctrica, dramatizados actualmente por una fuerte sequía en gran parte del Brasil.
Belo Monte, la segunda mayor central brasileña en potencia y la tercera del mundo, con 11.233 megavatios, agravará los bajones cíclicos de la hidroelectricidad en el segundo semestre de cada año, cuando esté plenamente operativa, desde 2019.
Eso porque el Xingú presenta la más alta variación estacional en su flujo. De 19.816 metros cúbicos por segundo en abril, el mes con mayor crecida, baja a 1.065 metros cúbicos en septiembre, el extremo del estiaje, como promedio de 1931 a 2003, según datos de la empresa estatal Electrobras, la principal del sector.
No hay, probablemente, un río peor para acoger centrales de pasada, cuyos embalses no acumulan agua para los meses secos. Belo Monte representará 12 por ciento del total de generación hídrica del país, así que el efecto de ese desnivel será enorme, ampliando la demanda de centrales térmicas más contaminantes y costosas.
La alternativa habría sido un embalse 2,5 veces más extenso, inundando dos tierras indígenas, algo vedado por la Constitución brasileña. Otra puede ser la construcción de entre cuatro y seis centrales río arriba, para regularizar el flujo del Xingú, como incluía el proyecto original de los años 80, desechado por las reacciones en contra.
Editado por Estrella Gutiérrez
