El alto desempleo y el trabajo informal agobian a los 56 millones de jóvenes que integran la fuerza laboral de América Latina. Los gobiernos de la región comenzaron a innovar sus políticas para afrontar un problema que precariza el futuro de las nuevas generaciones y el de sus sociedades.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la región la tasa de desempleo de los jóvenes, aquellos que tienen entre 14 y 25 años, triplica la de los adultos.
Esa es apenas una arista menor del problema, según el coordinador del estudio, el peruano Guillermo Dema. “A pesar de la contundencia de estos datos, el principal problema que aqueja a los jóvenes latinoamericanos es la precariedad y la mala calidad del empleo al que tienen acceso”, señaló a IPS.[pullquote]3[/pullquote]
Los jóvenes desocupados suman siete millones, representando 40 por ciento del desempleo total. Pero, en lo que agrava el fenómeno, otros 27 millones tienen trabajos precarios. En total, la población juvenil latinoamericana está en torno a 108 millones de personas.
“Seis de cada 10 empleos disponibles para los jóvenes actualmente son en condiciones de informalidad. En general se trata de puestos de trabajo de mala calidad y escasa productividad, con salarios bajos, sin estabilidad ni perspectivas, sin protección social ni derechos”, puntualizó Dema.
“Un empleado informal no cuenta con seguridad en su empleo, cobertura de salud, representación sindical, ni aportes jubilatorios. Esto implica que los trabajadores no registrados no gozan de un empleo decente”, detalló Gala Díaz Langou, del argentino Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
En síntesis, “ven sus derechos laborales básicos vulnerados, y tampoco pueden abogar por ellos a través de la representación y el diálogo social”, analizó para IPS.
La informalidad laboral se acentúa entre quienes menos tienen. De los jóvenes dentro del 20 por ciento más pobre, apenas 22 por ciento cuenta con un contrato escrito, y la afiliación a la seguridad social apenas supera la tasa de 12 por ciento, indica la OIT.
Pero el fenómeno de la precariedad también afecta a los jóvenes de clase media, e incluso a los que tienen estudios superiores.
Variados responsables
“El gran problema para conseguir un trabajo serio hoy en día es lo que llamo el ‘ciclo vicioso’. Para tener un trabajo te piden que tengas experiencia pero para tener experiencia necesitas un trabajo”, explicó a IPS Hernán F, un argentino de 23 años, que compagina trabajo y estudios universitarios y habla varios idiomas.
“Obviamente que habiendo estudiado en una universidad se llega más lejos. Pero es ahí donde se encuentra la gran diferencia entre universidades ‘buenas’ y universidades ‘malas’. Las buenas, reconocidas y con buen nombre, te abren muchísimas más puertas para que puedas hacer pasantías, aunque muy mal pagadas, en mejores lugares”, comparó el joven que pidió no dar su apellido.
La mayor parte de los empleos precarios está generalmente en pequeñas y micro empresas no legalizadas. Pero también lo padece 32 por ciento de los jóvenes que trabajan en empresas formales, detalla la OIT.
La tasa de informalidad entre los jóvenes asalariados llega a 45,4 por ciento, mientras que entre aquellos que trabajan por cuenta propia, la informalidad trepa a 86 por ciento.
“Cuando uno es joven no piensa en el futuro, en su jubilación. Piensa en lo presente, en su alquiler, en sus vacaciones. Entonces no te importa estar en negro (no registrado). Lo que te importa es tener trabajo, y probablemente ganando un poquito más de lo que ganarías si estuvieras en blanco (regularizado)”, reflexionó Hernán F.
Pero para él, que trabajó en negro en un hotel boutique de Buenos Aires, el problema “no está en el joven”.
“La culpa la tiene el capitalismo que creó este sistema y esta gente que te contrata en negro. Quieren dinero, más y más fácil. Te hacen esconder en los baños cuando llega la fiscalización a controlar a su hotel. Y la culpa la tiene también el Estado que no fiscaliza como debe o permite que se sobornen inspectores laborales”, relató.
Dema considera que la informalidad contribuye “a crear desaliento y frustración entre quienes sienten que no encuentran las oportunidades que se merecen”.
“Esto tiene repercusiones sociales, económicas y políticas, ya que se puede traducir en situaciones de cuestionamiento del sistema, inestabilidad y marginalización que pueden afectar a la gobernabilidad”, advirtió.
Además esa situación, perpetúa los ciclos de pobreza y dificulta la lucha contra la desigualdad.
“Menores salarios, inestabilidad laboral, precarias condiciones de trabajo, carencia de coberturas asociadas a la seguridad social y ausencia de representación y dialogo social sitúan a los trabajadores informales como un grupo vulnerable”, destacó el especialista.
Pese a sus baches, puntualizó, la región está mejorando “de manera lenta”.
Del 2009 al 2013, la informalidad laboral de los jóvenes en la región cayó de 60 a 47 por ciento, aunque con algunas excepciones como las de Honduras, Paraguay y Perú.
Políticas innovadoras al rescate
Dema lo atribuye a intervenciones gubernamentales, que recoge el informe de la OIT, lanzado en abril por su oficina regional en Lima y titulado promisoriamente “Formalizando la informalidad juvenil: Experiencias innovadoras en América Latina y El Caribe”.
Con esa meta, sostuvo, han surgido iniciativas que “se concentran en la combinación de componentes para la estrategia de formalización y su adaptación a la heterogeneidad de la economía y el empleo informal” y que se combinan con estrategias para el primer empleo decente.[related_articles]
Mencionó la brasileña Ley del Aprendiz, que introduce un contrato especial de trabajo para jóvenes como aprendices, con una duración máxima de dos años.
La norma establece que todas las empresas medianas y grandes están obligadas a contratar aprendices entre 14 y 24 años, que representen entre cinco y 15 por ciento de su plantilla.
También citó el chileno Subsidio al Empleo Joven , la mexicana Ley de Fomento al Primer Empleo, la uruguaya Ley de Empleo Juvenil, instrumentos “que prevén subsidios monetarios, salariales o en los aportes a la seguridad social o a los impuestos” .
Díaz Langou sumó al argentino Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, para quienes tengan entre 18 y 24 años.
“Fue una intervención muy interesante y exitosa que se propuso combinar instancias formativas con políticas activas de empleo, para lograr una mejor inserción laboral de este grupo etario”, recordó.
Dema citó también programas mexicanos destinados a promover la regularización laboral, como el llamado Crezcamos Juntos, que “incorpora los conceptos de gradualidad, asesoramiento y apoyo en el tránsito de la informalidad a la formalidad”.
Otro modelo, detalló el especialista, lo ofrece Colombia con sus brigadas para la formalización, que incorporan beneficios y servicios para las empresas que regularicen su actividad y sus trabajadores.
Estas iniciativas se complementan con políticas de protección social.
“En Argentina, la Asignación Universal por Hijo es compatible con los trabajadores inscritos en el monotributo social y los registrados en el régimen de servicio doméstico. En Colombia, la Ley de Formalización y Generación de Empleo establece una coordinación de los contratos bajo esta norma con el programa Familias en Acción y el Seguro Subsidiario de Salud”, ejemplificó.
Díaz Langou subrayó que de la experiencia internacional, se aprendió que una de las políticas que mejor funciona es la generación de incentivos a la demanda laboral para trabajadores jóvenes, como subsidios a las empresas que los contraten.
“Pero estos efectos son mucho mejores para los varones que para las mujeres. Las políticas dirigidas a mejorar las capacidades de los jóvenes mediante la formación tiene efectos más modestos en los ingresos laborales de los jóvenes y también presentan disparidades por género”, aclaró.
Editado por Estrella Gutiérrez
