Honduras es uno de los países más violentos del mundo. La situación en la segunda mayor ciudad del país, San Pedro Sula, demuestra la magnitud del problema.
Por cuarto año consecutivo, San Pedro Sula ha sido uno de los lugares más peligrosos del planeta fuera de una zona de guerra. En 2014 tuvo una tasa de asesinatos de 171 por cada 100.000 habitantes. La ciudad, atrapada en el fuego cruzado de bandas criminales, es el principal origen de los 18.000 niños y niñas hondureños que huyeron a Estados Unidos en los últimos años.[pullquote]3[/pullquote]
La gran mayoría de los asesinatos en Honduras se cometen con impunidad. Por ejemplo, 97 por ciento de los cometidos en San Pedro Sula siguen sin resolverse.
La corrupción y los abusos de la policía civil socavan su efectividad. Una nueva y controvertida fuerza de seguridad interna, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), no realiza las investigaciones necesarias para disuadir a los delincuentes y enfrenta varias denuncias de abusos en el breve lapso de su existencia.
Actualmente hay 3.000 soldados de la PMOP en todo el país, pero está previsto que aumenten a 5.000 este año. La policía nacional siente que el gobierno le está quitando fondos para reemplazarla por la nueva fuerza.
El ascenso de la PMOP es parte de una tendencia mayor hacia la militarización del gobierno y la sociedad civil. Los militares controlan la mayor parte de la seguridad pública en Honduras. Pero las señales de militarización están en todas partes.
Todos los sábados, por ejemplo, 25.000 niños reciben entrenamiento militar como parte del programa Guardianes de la Patria que, según el gobierno, busca mantener a los niños y jóvenes entre 5 y 23 años alejados de las pandillas callejeras que controlan secciones enteras de las ciudades más violentas.
Pero es poco probable que la incorporación de más armas en la calle frene de forma sostenible la ola de violencia. Lo que sí tendría efecto es el cese del clima de impunidad que permite a los asesinos matar a la gente sin miedo a las consecuencias.
«Este país necesita fortalecer su capacidad y voluntad para llevar a cabo investigaciones criminales. Esta es la clave de todo», aseguró un experto que pasó años trabajando en los organismos de justicia hondureños, y que habló a condición de guardar el anonimato.
El triple desafío
El gobierno tiene tres desafíos fundamentales. Debe reformar la fuerza policial corrupta y abusiva, fortalecer las investigaciones penales y garantizar la imparcialidad e independencia del poder judicial.
La reforma de la policía parece estar estancada. Algo de esperanza generó la gran presión tras los asesinatos en 2011 del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un amigo.
La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública elaboró una serie de propuestas, entre ella recomendaciones para la mejora de la formación policial, los procedimientos disciplinarios y la estructura de las instituciones de seguridad pública.
Lamentablemente, el Congreso Nacional disolvió la comisión en enero de 2014, poco antes de que el presidente Juan Orlando Hernández asumiera el cargo. Pocas de sus recomendaciones fueron aplicadas.
«Podrían haber purgado y capacitado a la policía en este tiempo. En su lugar, pusieron a 5.000 policías militares en la calle que no saben lo que es una cadena de custodia», se lamentó el experto en violencia.
El gobierno hondureño afirma que más de 2.000 policías fueron destituidos desde mayo de 2012, pero existe poca información pública que permita una evaluación independiente de los motivos de los despidos. Y aunque sean retirados de la policía, los exagentes no son procesados. A algunos incluso se les permite regresar a la fuerza. Esta no es manera de inculcar la responsabilidad.
Mientras tanto, la independencia del poder judicial está bajo ataque. Desde noviembre de 2013, el Consejo de la Judicatura despidió a 29 jueces y suspendió a 28 más sin el debido proceso, según un miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia.
«Esto significa que los jueces se sienten intimidados. Sienten que si fallan en contra de personas bien conectadas, contra los políticos, pueden ser despedidos», explicó.[related_articles]
En el intento de mejorar la labor judicial se crearon unidades especiales para investigar determinados tipos de delitos. Por ejemplo, con fondos de Estados Unidos, en 2011 se creó el Grupo de Trabajo para Víctimas Especiales para tratar los delitos contra grupos vulnerables, como periodistas, defensores de los derechos humanos y personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.
Esta iniciativa es prometedora, pero sin resultados claros hasta el momento. Tampoco se sabe si estos esfuerzos especializados pueden generar una mejora más amplia del sistema judicial.
La protección de los protectores
La seguridad de los agentes judiciales es un problema particularmente abrumador. Entre 2010 y diciembre de 2014 fueron asesinados 86 profesionales del derecho, según información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque el Estado ofrece algo de protección, los fondos asignados para este fin son insuficientes. En «un país con los más altos niveles de violencia e impunidad de la región, se requiere por parte del Estado un deber especial de protección para que sus operadores y operadoras de justicia puedan realizar sus labores de lucha contra la impunidad sin convertirse en víctimas de los propios casos que investigan o resuelve», señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para atender los problemas que impulsan la violencia endémica, el gobierno de Honduras, junto con Guatemala y El Salvador, presentó el plan Alianza para la Prosperidad, con el fin de aumentar la inversión en infraestructura y fomentar la inversión extranjera.
El gobierno estadounidense de Barack Obama anunció que solicitará a su Congreso legislativo 1.000 millones de dólares para ayudar a financiar la iniciativa, pero poco se sabe sobre la estrategia de seguridad.
En cuanto a San Pedro Sula, hará falta un cambio drástico en la voluntad política para que una iniciativa de este tipo prospere. Los donantes internacionales no deberían apoyar una estrategia de seguridad militarizada, la cual exacerbará los abusos y no brindará una seguridad ciudadana sostenible.
La financiación de programas comunitarios de prevención de la violencia sería útil, pero solo si el gobierno está dispuesto a reformar la policía, defender la justicia e invertir en educación, empleo, prevención de la violencia, salud, protección de la infancia y programas de desarrollo comunitario para proteger a sus ciudadanos más pobres.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente las de IPS, ni pueden atribuírsele. Este artículo apareció originalmente en Foreign Policy in Focus.
Editado por Roger Hamilton-Martin / Traducido por Álvaro Queiruga
