Los diputados de Camerún aprobaron un proyecto de ley que propone la pena de muerte para las personas halladas culpables de cometer, incitar o patrocinar actos terroristas. La norma, ahora en el Senado, castigará a los ciudadanos, ya sea a nivel individual o que sean cómplices de asesinato.
El proyecto de ley, aprobado el 4 de este mes por la Asamblea Nacional, también prevé la máxima pena para las personas que lleven adelante “cualquier actividad que pueda desencadenar una revuelta general de la población o perturbar el normal funcionamiento del país”, así como para “cualquiera que suministre armas, equipos de combate, bacterias o virus con el propósito de asesinar a una persona”.[pullquote]3[/pullquote]
Lo mismo vale para las personas culpables de secuestro con fines terroristas, así como “cualquiera que de forma directa o indirecta financie actos de terrorismo” y para “que reclute ciudadanos con el fin de perpetrar atentados terroristas”.
La norma también castiga a las personas y a las compañías halladas culpables de promover el terrorismo, así como a las que ofrecen falsos testimonios a las autoridades administrativas y judiciales en materia de terrorismo, con multas y penas de prisión.
El proyecto de ley generó una ola de críticas de todo el espectro político, desde dirigentes de la oposición a la sociedad civil, pastores y sindicalistas.
“Esta ley apunta a atemorizar a la población y liquidar las libertades”, opinó el líder opositor, John Fru Ndi, al ser consultado por IPS.
Kah Wallah, la única mujer en encabezar una agrupación política en el país, el Partido del Pueblo de Camerún, opinó que “el gobierno nos retrotrae a los peores días de la dictadura más bárbara”.
“Esta ley claramente atenta contra las libertades fundamentales y los derechos del pueblo camerunes. Disfrazado de lucha contra el terrorismo, el verdadero propósito del gobierno es sofocar a la oposición”, añadió.
Según el exministro Maurice Kamto, quien renunció para crear el Movimiento para el Renacimiento de Camerún, el presidente Paul Biya, en el gobierno desde hace 32 años, teme un levantamiento popular que pueda poner en peligro su continuación en el poder.
“El presidente, sin duda, aprendió las lecciones de Burkina Faso. Un levantamiento similar aquí barrería su fallida presidencia bajo la alfombra”, arguyó.
Sometido a una mayor presión, el presidente burkinés Blaise Compaoré, se vio obligado a renunciar el 31 de octubre tras 27 años de gobierno.
Varios líderes políticos de oposición y representantes de la sociedad civil prometieron luchar contra la norma hasta su fin lógico. “Los cameruneses deben resistir y decir no a esta otra maniobra, Vamos a combatir esta última ley con todos medios”, sentenció Ndi, sin elaborar.
Jean Mark Bikok, presidente del Sindicato de Funcionarios Públicos, ya tiene una idea de cómo proceder.
La norma “es una verdadera declaración de guerra contra el pueblo”, opinó Bikoko el 3 de este mes en un contundente comunicado. “La ley antiterrorista desató la ira de la sociedad civil, y protestaremos hasta el 10 de diciembre”, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Pero el gobierno dijo que no vacilará en la lucha contra el terrorismo. El ministro de Justicia, Laurent Esso, dijo a los legisladores, “Camerún nunca será cómplice de quienes tengan como única agenda instalar el caos y desestabilizar el funcionamiento normal del Estado”, añadió.
El pesado costo de la guerra
En el norte de Camerún, el ejército se enfrenta a insurgentes de la organización islamista radical Boko Haram. El 17 de mayo, el presidente Biya, junto con otros gobernantes de la región y el presidente de Francia, François Hollande, le declararon la guerra al grupo nigeriano.
Desde entonces, este país desplegó miles de efectivos en la región Extremo Norte y tiene previsto despachar más. El ministro de Defensa, Edgar Alain Mebe Ngo’o y el delegado general para seguridad nacional, Martin Mbarga Nguele, anunció que se reclutarán unos 20.000 soldados más en los próximos dos años para reforzar la lucha contra Boko Haram.
Sin embargo, a medida que empeora la seguridad interna, las autoridades camerunesas evalúan los costos, no solo en términos de la pérdida de vidas humanas, sino en el impacto sobre la economía.[related_articles]
En una sesión plenaria especial del parlamento el 27 de noviembre, Ngo’o dijo que desde que la crisis escaló hace ocho meses, Camerún perdió unos 40 soldados, pero mató a unos 1.000 combatientes de Boko Haram. “Nuestras fuerzas de defensa han sido simplemente formidables”, elogió.
Pero los costos económicos de la guerra son pesados. Según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Regional, Emmanuel Nganou Djoumessi, “los sectores más afectados han sido el turismo, el transporte, el comercio, la agricultura y la ganadería”.
“Casi todas las empresas turísticas cerraron, el número de visitantes en sitios como el Parque Nacional de Waza y las Montañas Rhumsiki cayó drásticamente, y la ocupación hotelera cayó de 50 por ciento, antes de la crisis, a solo 10 por ciento, en la actualidad”, detalló.
Además, hubo una drástica caída en los ingresos aduaneros. Las autoridades no han terminado de analizar las pérdidas, pero estiman que son astronómicas.
“Había una aduana fronteriza en la región Extremo Norte que solía darnos unos 700 millones de francos CFA (equivalentes a 1,4 millones de dólares), pero cerró. ¿Se imagina lo que pierde el Estado anualmente por ingresos de aduana? Es enorme”, subrayó la directora general de Aduana, Lissette Libom-Li-Likeng.
El portavoz del gobierno y ministro de Comunicaciones, Issa Tchiroma Bakary, declaró a la prensa en Yaundé que dadas las pérdidas humanas, económicas y psicológicas que sufre el país por Boko Haram, se necesita una legislación severa que frene al grupo insurgente.
Editada por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme
