Los jóvenes pobres, los residentes en zonas urbanas marginales y las madres solas a cargo de su familia son los grandes perjudicados por las políticas contra las drogas ilícitas en América Latina, coincidieron representantes de gobiernos, organizaciones sociales y organismos multilaterales.
Durante la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas, celebrada el miércoles 3 y el jueves 4 en San José de Costa Rica, activistas, especialistas y tomadores de decisiones de la región demandaron la reforma de esas políticas, para dar respiro a esos sectores vulnerables y enfocarse en perseguir a los que más se lucran con el narcotráfico.
Ahora, la situación es al revés, el foco está en “los peces pequeños” y no en los “peces grandes” del delito, definió a IPS el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), Paul Simons.[pullquote]3[/pullquote]
Entre las propuestas planteadas destacan la transformación de los sistemas judiciales latinoamericanos, para que se limite la privación de libertar y se establezcan penas proporcionales para los delitos menores. Las leyes y la justicia deben poner el foco en persecución en los grandes capitales que mueven las drogas ilegales.
También propusieron que se establezcan niveles de aceptación legal de las drogas, con medidas como la despenalización de algunas sustancias o el establecimiento de mercados controlados por el Estado, como ha hecho Uruguay con el cannabis.
El modelo actual genera casos dramáticos como el de la mexicana Rosa Julia Leyva, actualmente funcionaria de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría (ministerio) de Gobernación de su país.
Leyva fue encarcelada en 1993 por cargar una bolsa tejida con un paquete de heroína, que le entregó una comadre que le pagó el viaje en avión a cambio de ayudarla con su equipaje, en la primera ocasión que salía de la sierra de Petatlán, en el suroccidental estado de Guerrero. Hasta ser detenida, creía que llevaba dinero o ropa, contó a IPS.
Entonces, ella era el prototipo de las mujeres que anualmente ingresan a las cárceles latinoamericanas, por delitos relacionados con el tráfico de drogas: analfabeta de 29 años y madre de una niña de 5 años, destinada a pasar un cuarto de siglo presa por posesión de heroína.
La Organización de Estados Americanos (OEA) señala que 70 por ciento de la población carcelaria femenina de la región está presa por un delito de posesión de drogas.
“Solo soy una pobre mujer que vivió algo muy fuerte. Yo no tenía que ver nada con las drogas y cuando me iba a decir la vida que me iban a dar 25 años por narcotráfico. Me presentaron como una gran narcotraficante y yo ni sabía hablar castellano”, aseguró Leyva.
“Creo que la ley debería ser más específica en esas cosas”, afirmó esta artesana, que logró reducir su condena a 13 años, de los cuales cumplió poco más de 12. Ahora imparte talleres de teatro en prisiones mexicanas.
En la región más desigual del mundo, las cárceles están atiborradas con personas de escasos recursos, mientras que los llamados delincuentes de “cuello blanco” enfrentan la justicia con menor frecuencia, concluyeron especialistas que participaron en el panel “Drogas e Inclusión Social”, parte de la conferencia latinoamericana.
Esta sobrepoblación carcelaria puede cambiar, aseguraron, si lo hacen los tribunales y el sistema penitenciario.
“Queremos ver quiénes entran al sistema judicial y mirar opciones para personas que no son violentas y han cometido delitos menores, como consumidores, personas que son mulas (transportadoras de pequeñas cantidades de droga) o que cometieron el delito para alimentarse ellos y los suyos”, dijo Simons a IPS.
Son “los peces pequeños, como choferes de autobuses o mulas, que trasiegan pequeñas cantidades sin violencia en una región cargada de contrastes”, insistió el máximo ejecutivo de la Cicad, dependiente de la OEA. “Queremos ver si se puede encontrar una forma en que esas personas no vuelvan al círculo de la prisión”, añadió.
En una región donde se ubican 10 de los países más desiguales del mundo, “hay que repensar la política de drogas”, sostuvo Yoriko Yasukawa, coordinadora residente en Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La proporcionalidad de las penas en casos como el de Leyva, fue un tema recurrente entre los especialistas, quienes abogaron por un sistema legal “más justo” y acorde con el daño real creado por las personas en el delito del narcotráfico.
“A veces son delitos con castigos que son equiparables con un homicidio o a otro delito muy grave”, remarcó a IPS la trabajadora social argentina Graciela Touzé.
“No es similar el daño que se produce y no puede ser similar el castigo, sin que esto signifique no responsabilizar”, añadió esta presidenta de la organización Intercambios Asociación Civil, que opera en Buenos Aires.
Costo social
Durante la conferencia regional, las intervenciones criticaron con dureza los costos sociales de las políticas públicas represivas en la lucha contra las drogas.
El ministro costarricense de Seguridad Pública, Celso Gamboa, explicó que entre las personas detenidas en los primeros ocho meses del 2014 en el país, aparecen pescadores, aeromozas o choferes arrastrados al narcotráfico por su condición de pobreza.
“Los golpes a estructuras del narcotráfico se ha concentrado en su parte más vulnerable, lo que nos permite concluir que mucha de la lucha contra el narco que se da en Costa Rica y en el resto de América Central nos conduce a ese modelo de criminalización de la pobreza”, aseguró.
“La pregunta es: ¿dónde están las investigaciones que permiten llegar a las estructuras de cuello blanco y a la estructura de poder?”, expuso Gamboa, un exfiscal de la provincia caribeña de Limón, donde lidió con centenares casos de narcotráfico.
Más allá del drama carcelario, organizaciones de la sociedad civil insistieron en que las políticas antidrogas están signadas por la desigualdad. Por eso, repitieron activistas, se castiga más duramente a los consumidores de drogas, los afectados por la guerra contra el narcotráfico o los jóvenes.
Las propuestas para solucionar el desequilibrio no siempre coincidieron.
Gamboa cree en abordar las drogas desde una perspectiva económica que persiga grandes capitales, mientras que Zara Snapp, del mexicano Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad plantea que la mejor manera de reducir o evitar las víctimas civiles por el narcotráfico es la creación de un mercado regulado por el Estado en su país.
“La desigualdad no significa que no podemos hacer mucho, porque todavía tenemos muchos recursos, solo que lo canalizamos a la militarización de la lucha y a la aplicación de la ley, y no a crear oportunidades para las poblaciones vulnerables”, dijo a IPS la activista mexicana, que es parte de la no gubernamental Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos.
Esa estrategia, “lo único que hace es abonar el campo para el reclutamiento del crimen organizado”, explicó.
Los jóvenes en condiciones de pobreza pagan la factura. Por ejemplo, de acuerdo con la OEA, la prevalencia de consumo de pasta base entre los uruguayos es de 1,8 por ciento, pero sube a ocho por ciento en jóvenes de sectores vulnerables.
El estigma asociado a este consumo acentúa su marginalidad y limita sus oportunidades, asegura el estudio El Problema de las Drogas en las Américas.
Editado por Estrella Gutiérrez
