La compensación por pérdida de biodiversidad da sus primeros pasos en América Latina, en medio del rechazo de organizaciones sociales, que critican que mercantiliza la naturaleza y resulta inútil para remediar los impactos de actividades depredadoras, como las extractivas.
“Ningún mecanismo de mercado resuelve el problema de fondo. Lo más serio es el pasivo ambiental. ¿Qué se hace con lo que ya está hecho? ¿Cómo hacer para que realmente sea compensación y no simplemente una remediación?”, inquirió Margarita Flórez, directora ejecutiva de la no gubernamental Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.
“Seguimos perdiendo recursos y no se ha podido frenar con nada. El mecanismo está lleno de contradicciones”, planteó a IPS.
Desde agosto de 2012, Colombia cuenta con el “Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad”, aunque aún no se aplica. Ese modelo permite a los empresarios conocer con precisión dónde, cómo y cuánto compensar por el impacto ecológico de sus actividades.
El plan estipula que las compensaciones deben ocurrir en áreas ecológicamente equivalentes al lugar perjudicado y pueden llevarse a cabo en un portafolio de áreas priorizadas por el Plan Nacional de Restauración o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Las acciones de compensación deben durar lo mismo que la vida útil del proyecto y pueden materializarse en financiamiento para crear o fortalecer áreas protegidas o la generación de acuerdos de conservación con propietarios privados, territorios indígenas y de afrodescendientes.
El manual se aplicará a obras de los sectores de minería, hidrocarburos, infraestructura, electricidad, puertos, proyectos de generación de energía, así como nuevos aeropuertos internacionales.
Las zonas excluidas son las áreas nacionales protegidas (ANP), parques nacionales naturales, reservas de la biosfera y forestales, cuyas actividades dependen de regímenes especiales.
Para la vegetación secundaria, la compensación oscila entre 0,01 y 0,02 kilómetros cuadrados por cada kilómetro cuadrado afectado, mientras que si se afecta a ecosistemas naturales, el rango va de 0,02 a 0,1 kilómetros cuadrados por cada kilómetro cuadrado.
En Colombia hay oficialmente 55 ANP, que representan 10 por ciento de la superficie del país.
La compensación es uno los seis «mecanismos financieros innovadores», clasificados por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), vigente desde 1993, que algunos califican como la “constitución” del desarrollo sostenible y que ha sido ratificado por 193 países.
Los otros son la reforma fiscal ambiental, pagos por servicios ambientales, mercados para productos ecológicos, financiamiento de la biodiversidad en el cambio climático y la biodiversidad en el financiamiento internacional para el desarrollo.
Actualmente, solo una quinta parte de los países signatarios tienen mecanismos de compensación ambiental y están operativos unos 45 programas, con una inversión entre 2.400 y 4.000 millones de dólares.
En América Latina, además de Colombia, lo tienen Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela los que cuentan con alguna clase de sistema de compensación ambiental, mientras Ecuador estudia cómo establecer el mecanismo.
Chile, por ejemplo, trabaja en la creación de un esquema de compensación por pérdida, a partir del nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental que incorpora los lineamientos de la compensación, en un país con 19 por ciento de su territorio como áreas protegidas.
En Perú, con 166 áreas naturales que representan 17 por ciento de su territorio, se debaten actualmente los lineamientos para la elaboración y aplicación del Plan de Compensación Ambiental del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental.
En México, Pedro Álvarez, coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de la gubernamental Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, considera factible combinar mecanismos de conservación con producción económica.
«Si las comunidades revaloran la biodiversidad, se convierte en buena oportunidad para generar esperanza en el manejo de recursos naturales”, analizó para IPS. Eso sí, “para que funcione, se tienen que garantizar fondos públicos durante periodos largos”, advirtió.
Además, “debemos escoger los sitios de más alta biodiversidad” y evitar que se convierta en el que «si me pagan, cuido», destacó.
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 indica que casi 29 por ciento del territorio mexicano perdió ecosistemas naturales, en un país con 176 áreas naturales
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 176 áreas naturales, que engloban 13 por ciento del territorio mexicano.
Con el Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, la Comisión Nacional Forestal financió el año pasado 275 proyectos sobre una extensión de 321 kilómetros cuadrados.[related_articles]
“En Colombia, los incentivos para la conservación han sido diminutos. El manual es muy enunciativo, le falta todo el procedimiento de cómo se va a aplicar. Debe llegarse al detalle, cuánto, en qué condiciones y qué pasa si no se aplica”, sostuvo la ambientalista Flórez.
En la primera fase del proyecto, se puede hacer uso de la herramienta Tremarctos-Colombia, un sistema de alertas tempranas que evalúa preliminarmente los impactos sobre la riqueza biológica de las obras de infraestructura y provee recomendaciones sobre las eventuales compensaciones que éstas deberán asumir.
En la segunda etapa, se utilizará el manual para establecer las compensaciones por la pérdida y en la tercera se realizará monitoreo y seguimiento para compararlas con la línea base y garantizar la no pérdida neta de biodiversidad.
Al menos Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela perdieron riqueza natural entre 1990 y 2008, según el Índice de Riqueza Inclusiva, un estudio de 20 países comandado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
“Se deben crear nuevos mecanismos. Pero no se trata de pagar por contaminar, eso es peligroso. El principio precautorio debe estar incluido en los dictámenes ambientales y también una especie de prima de seguro ambiental” en el caso de accidentes, aconsejó el mexicano Álvarez.
El movimiento «No a la compensación de la biodiversidad» emitió un manifiesto en su contra en noviembre de 2013 en la ciudad escocesa de Edimburgo, que denuncia que la fórmula “podría suponer un aumento de los daños, pero lo que aún es más preocupante es que podrían derivar en la mercantiliza la naturaleza”.
El documento, suscrito por docenas de organizaciones de todo el mundo, critica que el esquema permite, o incluso fomenta la destrucción ambiental “con la promesa de que el hábitat se puede recrear en algún otro lugar”.
Esa medida, según los críticos, beneficia a las empresas que causan daños, ya que se pueden presentar como compañías que invierten en protección ambiental, «haciendo pasar así sus productos y servicios por ecológicos».
Los promotores del rechazo argumentan que la compensación de biodiversidad no evitará su pérdida, perjudicará a las comunidades y que pretende separar a la gente de su entorno, donde se asienta su cultura y donde su actividad económica ha tenido lugar tradicionalmente, así como el potencial de aumentar la pérdida de capital natural.
Uno de los objetivos de la Estrategia del CDB para la Movilización de Recursos es considerar los mecanismos de compensación, donde sean relevantes y apropiados, mientras se garantiza que no se usen para debilitar los componentes únicos de la biodiversidad.
Este artículo fue publicado originalmente por la red de diarios de Tierramérica.
Editado por Estrella Gutiérrez
