En los últimos meses Azerbaiyán lanzó una clara ofensiva contra activistas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONG). El destrato de las voces críticas no es nada nuevo en este país del sur del Cáucaso rico en energía, pero la interrogante que se plantea en esta ocasión es: ¿por qué se refuerza la represión ahora?
Algunos observadores vinculan este comportamiento a dos causas. La primera es la renuncia el 22 de febrero del expresidente de Ucrania Victor Yanukovich, como respuesta a las protestas multitudinarias que se conocieron como Euromaidan.
La segunda es el profundo deseo del gobierno de Azerbaiyán de hospedar sin protestas en junio de 2015 los primeros Juegos Europeos, el equivalente a unas Olimpíadas de verano exclusivamente para los países europeos que son un proyecto preciado del presidente Ilham Aliyev, en el poder desde octubre de 2003.[pullquote]3[/pullquote]
Y así, en la mejor de las tradiciones soviéticas, la limpieza ha comenzado.
Las tácticas de persecución parecen caer bajo las categorías de los procesos penales y del escrutinio de los recursos financieros.
En junio comenzaron los arrestos y condenas a largas penas de prisión de varios dirigentes de organizaciones no gubernamentales, blogueros y activistas opositores por distintos cargos penales, incluida la supuesta evasión de impuestos, el vandalismo y la posesión de narcóticos ilegales.
El 30 de julio, la represión se aceleró con la presentación de cargos criminales, incluida la traición, contra la destacada activista de los derechos humanos Leyla Yunus, presidenta del Instituto por la Paz y la Democracia, que cumple tres meses de cárcel preventiva mientras espera su juicio.
Las autoridades investigaban desde abril a esta activista, una exportavoz del Ministerio de Defensa que participó activamente en la organización de encuentros ciudadanos con la vecina y rival Armenia, y su esposo, el analista bélico Arif Yunus, que también fue apresado el 6 de agosto.
Poco antes de su detención, Yunus y un grupo de compañeros activistas denunciaron públicamente que los próximos Juegos Europeos no eran apropiados para el “autoritario Azerbaiyán, donde se violan los derechos humanos”.
El Instituto por la Paz y la Democracia, liderado por Yunus, reclamó al Comité Olímpico Europeo y al representante de la Unión Europea (UE) ante el organismo la cancelación de la decisión de celebrar los juegos en Bakú en 2015.
Pero los problemas que aquejan a Yunus con el gobierno no son exclusivos. La lista de personas que recibieron penas de cárcel desde junio parece un “quién es quién” de la sociedad civil azerí.
Anar Mammadli, director del Centro de Monitoreo Electoral, recibió una condena de 5,5 años por cargos de evasión fiscal, mientras a su subdirector, Bashir Suleymanly, le correspondieron cinco años. Hasan Huseynli, presidente de la ONG de educación juvenil Ciudadano Intelectual, recibió seis años por presunto porte ilegal de armas y por lesiones a una persona con un cuchillo.
Yadigar Sadigov, activista del opositor Partido Musavat, cumple seis años de prisión por cargos de vandalismo. Y los llamados activistas de Facebook, los blogueros Elsever Mursalli, Abdulla Abilov y Omar Mammadov, pasarán más de cinco años tras las rejas por porte de drogas.
El 25 de julio, la policía de Bakú puso a otro activista de Musavat, Faradj Karimli, en detención preventiva por “publicitar sustancias psicotrópicas”.
Todos los acusados niegan los cargos imputados.
Las condenas se sucedieron tras la adopción de cambios legislativos que ahora les permiten a las fuerzas del orden y a los organismos tributarios una mayor libertad para realizar inspecciones e imponer multas a las ONG autorizadas y de prohibir directamente la capacidad de aquellas no autorizadas para recibir subvenciones.
«Obviamente, Bakú sigue el ejemplo de Rusia, con el fin de controlar los movimientos financieros y, por lo tanto, controlar la situación», comentó el analista político Elhan Shahinoglu, director del Centro de Investigación Atlas, con sede en la capital azerí.
«Si la presión continúa, no será posible hablar de la actividad normal que realizan las ONG en el país», advirtió Elchin Abdullayev, miembro de una red de oenegés creada para resistir las tácticas de intimidación oficiales.
El gobierno azerí no parece encontrar contradicción alguna en que estos hechos se sucedan durante el período de seis meses de la presidencia de Azerbaiyán en el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el principal órgano de derechos humanos del continente.
Y al parecer el deseo de control oficial se extiende a las organizaciones internacionales. El estadounidense Instituto Nacional Democrático cerró oficialmente su oficina en Bakú el 2 de julio cuando las autoridades lo acusaron de financiar a grupos “radicales” de la juventud opositora.
Como otros, Emil Huseynov, director del Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas, que también padece problemas de financiación, traza esa acusación al temor de Bakú de que en Azerbaiyán se produzca una versión local de Euromaidan, las protestas que derrocaron al presidente ucraniano Yanukovich.
En junio “el subdirector de la administración presidencial, Novruz Mammadov, acusó abiertamente a Estados Unidos de financiar una revolución en Ucrania. Por lo tanto, las autoridades quieren privar a la sociedad civil local de toda financiación extranjera”, sostuvo Huseynov.
Gulnara Ajundova, representante de la ONG danesa International Media Support, dijo que el gobierno se negó a registrar las subvenciones que la organización concedió a grupos y personas azeríes. “La mayoría de nuestros socios en Azerbaiyán no pueden trabajar. Las cuentas bancarias de algunos de ellos están congeladas”, explicó.
Según la opositora agencia de noticias Turan, el gobierno también expresó la intención de cesar las actividades del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, que opera en Azerbaiyán desde 2003.
Sin embargo, el presidente Aliyev insiste en que no hay problemas con los derechos humanos en este país.
El 28 de junio Aliyev reiteró que Azerbaiyán es “un país democrático donde se garantizan las libertades de reunión, expresión, medios de comunicación e Internet”, en un discurso en la sesión de apertura de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) celebrada en Bakú.[related_articles]
Aproximadamente una semana más tarde, en declaraciones a funcionarios de la cancillería azerí, afirmó que no había “oído ninguna crítica a la política interna de Azerbaiyán en las reuniones con los líderes europeos”.
De ser así, no es por falta de declaraciones.
La OSCE calificó de “tendencia peligrosa” la cantidad de periodistas en la cárcel en Azerbaiyán, mientras la UE exhortó el 17 de julio a Bakú que cumpla con sus obligaciones como “miembro del Consejo de Europa”.
La diferencia de perspectivas constituye un obstáculo permanente, señaló el embajador estadounidense en Bakú Richard Morningstar el 25 de julio, informó la agencia Turan.
«La principal tarea de Azerbaiyán es mantener la estabilidad. Pero creemos que si la gente obtiene más libertad, habrá más estabilidad”, declaró Morningstar.
Shahinoglu cree que Estados Unidos y la UE, a pesar de sus intereses energéticos y de seguridad en la región, tendrán que seguir presionando a Bakú debido a su “deficiente historial de derechos humanos», pero el presidente Aliyev advirtió que las quejas caerán en oídos sordos.
«Algunas personas que se llaman a sí mismas de la oposición o defensores de derechos humanos creen que alguien nos dirá algo y que vamos a obedecer», declaró el 8 de julio. “Son personas ingenuas”, añadió el presidente azerí.
Shahin Abbasov es un corresponsal con su base en Bakú. Este artículo se publicó originalmente en EurasiaNet.org.
Traducido por Álvaro Queiruga
