Argentina se enfrenta a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque un tribunal de Nueva York bloqueó el pago que el gobierno argentino acordó en 2005 y 2010 con la mayoría de sus acreedores, lo que resalta la necesidad de un mecanismo internacional para los países que caen en quiebra.
Mejor aún sería un plan monetario mundial sostenible que evite la necesidad de la quiebra soberana.
Argentina cayó en un mar de deudas tras años de políticas económicas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La grave crisis de 2001 la arrojó a la mayor suspensión de pagos de una deuda soberana de la historia mundial.[pullquote]3[/pullquote]
En 2005 renegoció la deuda que mantenía con la mayoría de sus acreedores con un recorte de 70 por ciento, a la que siguió otra restructuración de los bonos argentinos en 2010. Pero los llamados fondos buitre, ultra especulativos, que habían adquirido los bonos argentinos a precios rebajados, reclamaron el pago integral.
El fondo Elliott Management, del estadounidense Paul Singer, pasó más de 10 años intentando que Argentina pagara casi 1.300 millones de dólares de bonos soberanos. Este fondo obtendría unos 300 millones de dólares por los títulos que, según el gobierno argentino, adquirió por 48 millones.
La mayoría de los acreedores aceptaron el pago con una pérdida de 70 por ciento, pero Elliott Management ganaría un beneficio de 600 por ciento sobre su inversión.
En junio de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación a la orden de un tribunal de Nueva York, presidido por el juez Thomas Griesa, que bloqueó el pago de los demás acreedores hasta que los fondos buitre recibieran el suyo.
Ese dictamen llevó a Argentina, según algunas calificadoras de riesgo, a un nuevo impago, parcial, que sería el segundo de este siglo y el octavo desde 1827. Pero el gobierno de la presidenta Cristina Fernández niega que tal default (suspensión de pagos) exista, dado que depositó los vencimientos de junio en un banco fiduciario y fue esa entidad la que no los entregó a los acreedores.
El 7 de agosto, Argentina solicitó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que tomara medidas contra Estados Unidos para dirimir la disputa.
¿Quién tiene la culpa? Los grandes medios financieros del mundo la atribuyen a la mala gestión fiscal de Argentina, pero Buenos Aires destaca su cumplimiento escrupuloso con todos los vencimientos de la deuda reestructurada.
La culpa radica más bien en los fondos buitre y el sistema judicial de Estados Unidos, que insisten en un pago exorbitante aunque eso signifique poner en peligro al mecanismo internacional de solución para los países insolventes.
Si los acreedores saben que unos pocos fondos buitre rebeldes son capaces de provocar la suspensión de pagos, es poco probable que lleguen a un acuerdo con otros países insolventes en el futuro.
La culpa también yace con el FMI y el sistema bancario internacional por no proponer un mecanismo justo de solución para los países en quiebra.
Y en un nivel más fundamental, la culpa recae en un plan monetario mundial cuya base es la deuda y que obliga a la quiebra de algunos países como una necesidad matemática. Como en el juego de las sillas musicales, algunos jugadores deben quedar afuera.
La mayor parte del dinero actual entra en circulación como crédito o deuda bancaria. La deuda con intereses siempre crece más rápidamente que la oferta de dinero, ya que siempre se debe devolver más de lo que el préstamo original había generado. Nunca hay dinero suficiente para todos, a menos que se acreciente lo adeudado.
Como señala el economista Michael Hudson, el sobreendeudamiento crece exponencialmente hasta que el pago se hace imposible. El país se ve obligado al default.
¿Mala gestión fiscal o deuda odiosa?
Además de la imposibilidad del cumplimiento, existe otra defensa que Argentina podría argumentar ante la corte internacional: la “deuda odiosa”.
También denominada deuda ilegítima o execrable, esta teoría jurídica sostiene que la devolución de la deuda externa que un gobierno contrajo contra los intereses del país no debe ser exigible.
Varios países emplearon con éxito ese argumento, entre ellos Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa declaró en diciembre de 2008 que la deuda ecuatoriana había sido contraída en el pasado por gobiernos corruptos y despóticos. El argumento de la deuda odiosa permitió que el país sudamericano redujera la suma adeudada en 70 por ciento.
En un artículo publicado en Global Research en noviembre de 2006, Adrián Salbuchi realizó una defensa similar de Argentina. Rastreó el origen de los problemas del país a 1976, cuando su deuda externa era un poco menos de 6.000 millones de dólares y representaba una pequeña parte del producto interno bruto (PIB).[related_articles]
El 24 de marzo de ese año una dictadura cívico-militar derrocó al gobierno elegido constitucionalmente de la presidenta María Estela (Isabel) Martínez de Perón y nombró ministro de Economía a José Martínez de Hoz, que tenía estrechos vínculos con poderosos intereses de la banca privada internacional.
Con el respaldo de la dictadura, Martínez de Hoz aplicó sistemáticamente políticas y leyes económicas y financieras de alto poder destructivo, especulativas, ilegítimas e incluso ilegales, que multiplicaron la deuda pública casi por ocho a 46.000 millones de dólares en unos pocos años.
Todo esto estuvo íntimamente vinculado a los intereses de los grandes círculos bancarios y petroleros internacionales que, en ese momento, necesitaban con urgencia reciclar enormes volúmenes de “petrodólares” generados por las crisis petroleras de 1973 y 1979.
Esos capitales no se invirtieron en la producción ni en la infraestructura industrial, sino que alimentaron la especulación en el mercado financiero argentino de los bancos y corredores locales e internacionales que aprovecharon las altísimas tasas de interés en pesos argentinos ligadas a un tipo de cambio del dólar a medio plazo estable y poco realista.
Salbuchi describe la posterior caída de Argentina en lo que se convirtió en una trampa de deuda por 200.000 millones de dólares, de la cual gran parte era “deuda odiosa” y no debería pagarse.
«Hacer que el Estado argentino – es decir, el pueblo de Argentina – soporte todo el peso de esta tormenta equivale al genocidio y el terrorismo financiero”, según Salbuchi.
“Argentina experimenta actualmente graves dificultades, con más de 50 por ciento de la población sumergida en la pobreza”, añade.
“El Derecho universal básico le otorga al pueblo argentino el derecho de defender legítimamente sus intereses frente a los diversos actores multinacionales y supranacionales que, abusando del enorme poder que ejercen, directa y/o indirectamente impusieron complejas acciones y estrategias que condujeron al problema de la deuda pública”, sostiene.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
