El Grupo de los 77 (G-77), la mayor coalición de países en desarrollo, reclama al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que suministre “tan pronto como sea posible… servicios bancarios alternativos” en Nueva York, luego de que los bancos de esta ciudad cancelaron las cuentas de misiones diplomáticas extranjeras.
El borrador de una resolución, cuya copia obtuvo IPS, es un “texto acordado” por los 132 países que conforman el G-77 más China.
Ante el pedido de medidas retaliatorias recíprocas que hicieron varios países, el G-77 solicitó al secretario general que revise “las relaciones financieras del Secretariado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el JP Morgan Chase Bank, considere alternativas a tales instituciones financieras y las presente, junto con la información solicitada”.
De momento, el Chase maneja miles de millones de dólares de las cuentas de la ONU y sus diferentes agencias en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la principal sede del foro mundial.
El G-77 manifiesta su “profunda preocupación” por las decisiones de varios bancos, incluido el Chase, de cerrar las cuentas de la mayoría de las representaciones de países en desarrollo, de diplomáticos acreditados ante la ONU y de sus familiares.
El borrador de resolución, que ahora está en corrección, se refiere al acuerdo de 1947 sobre la sede de la ONU, que “garantiza los derechos, las obligaciones y el cumplimiento de las responsabilidades de los Estados miembros hacia la ONU, según la Carta y el derecho internacional”.
Además, también cita la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada en 1961 como marco regulatorio para los Estados y las organizaciones internacionales, y en particular sobre el relacionamiento entre la ONU y la ciudad de Nueva York.
Al citar ambos tratados, el G-77 reclama “todas las medidas necesarias para asegurar que las misiones acreditadas ante la ONU y su personal reciban un tratamiento equitativo, justo y no discriminatorio por parte del sistema bancario”.
Cuando IPS le solicitó una respuesta oficial, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que “no debemos hacer comentarios sobre proyectos de resolución”.
En una reunión a puertas cerradas que el G-77 celebró en marzo, un orador tras otro arremetieron contra los bancos neoyorquinos por separar selectivamente a la comunidad diplomática del sistema bancario, una acción que calificaron como “escandalosa”.
El blanco principal del enojo fue el JP Morgan Chase (hasta 1996 el Chemical Bank), que alguna vez fuera considerado como parte de la familia de la ONU, el banco preferido de la mayoría de los diplomáticos y que incluso tuvo una sede dentro del edificio del foro mundial.
Se espera que el G-77 haga consultas con otros miembros ajenos al bloque de países en desarrollo, sobre todo los Estados occidentales, como paso previo a introducir la propuesta de resolución ante la Asamblea General, a fines de este mes.
Si en estas consultas se proponen cambios destinados a debilitar la resolución, el G-77 prefiere someter a votación de la Asamblea su “texto acordado”, dijo a IPS un diplomático de un país en desarrollo.
Pero, puesto que el G-77 cuenta con más de dos tercios de integrantes de la Asamblea General, es esperable que la resolución se apruebe con o sin el apoyo de los países occidentales.
Si resulta aprobada por mayoría, el secretario general de la ONU debe hacerla cumplir y dar respuesta a lo que esta requiera.
La resolución también pide al secretario general que revise, y reporte a la Asamblea General en un plazo de 120 días después de su adopción, “de cualquier obstáculo o impedimento observado en las cuentas de las misiones permanentes o de su personal en el JP Morgan Chase Bank de la ciudad de Nueva York, y del impacto que esos impedimentos tengan para el adecuado funcionamiento de sus oficinas”.
Con ese fin, el G77 invita a todos los Estados miembros a suministrar al secretario general la información relevante que facilite la elaboración de tal reporte.[related_articles]
En un pedido a Estados Unidos, el G-77 también subraya la importancia de que el país anfitrión tome las medidas necesarias para asegurar que los bancos mantengan confidencial la información de las personas afectadas por el cierre de sus cuentas, y pide al secretario general que trabaje con Washington al respecto e informe a la Asamblea General en 90 días.
La decisión de cerrar cuentas bancarias se disparó cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó a todos los bancos que informaran meticulosamente sobre cada transacción realizada por unas 70 misiones y diplomáticos, incluidos en una “lista negra”.
Posiblemente, tal medida forme parte de un esquema para controlar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Pero los bancos contestaron que semejante tarea era administrativamente engorrosa y costosa. Como alternativa más barata decidieron cerrar todas las cuentas bancarias, aislando el sistema bancario de la comunidad diplomática acreditada en Nueva York.
