Mimose Gérard se sienta en su tienda del campamento Gaston Margron, cerca de la capital de Haití, rodeada por grandes sacos llenos de botellas de plástico. Gana apenas unos peniques por cada una, pero eso es mejor que nada.
“Vivo en el campamento desde el 13 de enero de 2010, cuando me instalé en una tienda. Ha sido una existencia dolorosa”, relata a IPS. “Soy solo una persona común en este terreno. No tengo ningún lado al que ir”, añade la mujer.
La recolección de botellas para reciclar es el medio de sustento de por lo menos una decena de personas en este campamento que unas 800 familias llaman hogar, ubicado en Carrefour, en la frontera sur de Puerto Príncipe.
Cuatro años después del terremoto del 12 de enero de 2010 todavía hay unos 300 campamentos de desplazados dispersos por la región de la capital, y en un nuevo gran tugurio sobre las laderas desérticas de fuera de la ciudad.
[pullquote]3[/pullquote]Gérard tiene 57 años y 11 hijos. También se dedica a lavar ropa para ganar algunos centavos más. Sus manos están ásperas y agrietadas.
“Las condiciones son inhumanas, pero no tenemos ningún lugar al que ir. A los que sus familias ayudaron, se fueron. Pero yo no cuento con eso, así que me quedo”, dice la mujer.
Gérard agrega que los habitantes del lugar también se ven obligados a consumir agua sin tratar, en un país acosado por una epidemia de cólera.
“No tenemos retrete. Aquí es donde la gente arroja su saco de materia fecal”, dice, señalando un área con malezas donde los habitantes del lugar vacían o eliminan las pequeñas bolsas plásticas usadas como “letrinas portables” durante la noche, cuando puede ser peligroso salir de su tienda.
Además de con los ladrones, los residentes del campamento tienen que lidiar con la policía y con hombres armados que trabajan para los terratenientes.
“La policía trata de forzarnos a abandonar el campamento”, dice Gérard. Los oficiales aparecen y disparan al aire, para asustar a los habitantes del lugar. “El propio dueño ha venido tres veces”, cuenta.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los residentes de alrededor de un tercio de los aproximadamente 300 campamentos corren riesgo de ser desalojados.
El 11 de este mes, un día antes del cuarto aniversario del terremoto, un infierno se desató sobre el centenar de tiendas y chozas de un campamento en Delmas, cerca del centro de Puerto Príncipe. Una mujer de 38 años y tres niños pequeños murieron calcinados y decenas de personas resultaron heridas.
Aparte de transportar a algunas víctimas al hospital público y de repartir colchones, las autoridades municipales y nacionales no formularon declaraciones, ni investigaron el incendio, que muchos sospechan fue intencional. La tierra es propiedad de una imprenta haitiana.
“Todos los refugios improvisados de las 108 familias que vivían en el campamento quedaron destruidos por las llamas, junto con sus pertenencias personales”, señaló Amnistía Internacional el 17 de enero.
Según Sanon Renel, líder del Frente de Reflexión y Acción por la Vivienda, la voracidad del fuego y la falta de respuesta oficial no auguran nada bueno.
“El sector privado parece que estuviera intensificando sus desalojos”, plantea. “Perciben que gobierno prácticamente apoya sus acciones, así que pueden hacer lo quieran”, reflexiona.
“Es repugnante ver cómo las autoridades tratan a las personas por el simple hecho de ser pobres. No las consideran seres humanos. Pienso que las ven como animales”, agrega.
Cuatro años versus 35 segundos
Treinta y cinco segundos bastaron. El 12 de enero de 2010 un terremoto de 7.0 grados de magnitud mató en Haití casi 25.000 personas, colapsó casi 500.000 edificaciones –dejando 1,5 millones sin techo– y se desató la destrucción generalizada. El costo estimado de los daños solo al sector de la vivienda casi alcanzó 2.500 millones de dólares.
Cuatro años después, unas 200.000 personas como Gérard todavía están varadas en los campamentos. Apenas se construyeron 7.515 nuevas viviendas permanentes, mientras que se repararon 27.000 y unas 55.000 familias recibieron un único pago de unos 500 dólares para dejar los campamentos.
Pero ahora, esas familias “enfrentan otra crisis de vivienda, pues su subsidio de vivienda se agota”, concluyó un estudio del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, con sede en Washington.
Un plan del gobierno de Estados Unidos para construir 15.000 nuevas viviendas redujo sus objetivos en alrededor de 80 por ciento, según el Centro de Investigación en Economía y Política. Ahora el plan es construir solamente 2.500.
Aunque la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) construyó unas 900 casas en Haití, decidió discontinuar esa actividad.
En general, de los 6.430 millones de dólares desembolsados por donantes bilaterales y multilaterales a Haití entre 2010 y 2012, apenas nueve por ciento pasaron por el gobierno haitiano. El resto fue directamente para contratistas extranjeros.
“Realmente es un negocio redituable para los contratistas estadounidenses ganar dinero a partir de este desastre”, dice Dan Beeton, del Centro de Investigación en Economía y Política, a IPS.
“Esta fue una oportunidad de convertir un desastre en algo que podría beneficiar a los haitianos al reconstruir su propio país, pero simplemente los pasaron por alto”, agrega.
Marie llien, de 45 años, también vive en el campamento de Gaston Margron. Lava botellas para mantenerse a sí misma y a dos de sus cuatro hijos, que viven con ella.
“Recojo cacharros en la calle y obtengo entre 20 y 25 gourdes (46 a 57 centavos de dólar)”, dice. “Cada mañana, cuando nos despertamos, recolectamos sacos de heces y vamos a arrojarlos en un hoyo. La fetidez nos impide cocinar”, cuenta.
Como Gérard, Ilien deplora la falta de agua potable.
[related_articles]“Cuando el campamento se construyó teníamos agua para beber, pero ya no. El agua que bebemos no es buena”, señala.
No resulta sorprendente que Ilien y otros residentes del campamento teman contraer alguna de las varias enfermedades originadas en la mala calidad del agua que afectan a Haití, particularmente el cólera.
Estudios realizados por varias autoridades, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, sostienen que la bacteria ingresó a territorio haitiano con los soldados nepaleses que integran la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), de 9.500 miembros.
Introducida en el país en octubre de 2010, hasta la fecha la enfermedad ha infectado a casi 700.000 personas y matado a casi 8.500 de ellas. Según los Centros para el Control de Enfermedades, todavía aproximadamente dos personas mueren por día de cólera.
Aunque agencias de la ONU consideran que se trata de una epidemia y una crisis humanitaria, hasta ahora el foro mundial ha rechazado demandas de compensación.
“El cólera y la vivienda son ignorados, pero van juntos”, dice Beeton. “No hay agua limpia, así que la enfermedad se propaga. La (no) erradicación del cólera es también falta de voluntad política”, asegura.
La ONU tiene 18 entidades, incluida la Minustah, operando actualmente en Haití. Ellas colaboran con aproximadamente 43 grandes organizaciones no gubernamentales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno y cientos de agencias más pequeñas.
Sin embargo, el financiamiento reducido ha menguado la ayuda humanitaria, aunque el presupuesto de la Minustah sigue siendo alto, de casi 577 millones de dólares para el período julio 2013-junio 2014.
“La Minustah es un despilfarro de dinero, porque en Haití no hay ningún conflicto armado y en cambio el dinero podría gastarse en poner fin a la epidemia de cólera que iniciaron sus efectivos”, opina Beeton.
ONU Hábitat observa que ya antes del terremoto Haití tenía un inmenso déficit de viviendas adecuadas, y que muchos ya vivían en áreas tugurizadas.
“Claramente estamos fuera de la etapa de emergencia y permitiremos que Haití se ocupe de sí mismo, pero eso no podrá avanzar a menos que haya medios”, afirma a IPS un portavoz de la agencia.
Con aportes de Lorraine Farquharson en la Organización de las Naciones Unidas.
