La comunidad campesina de Las Pavas recibió el miércoles 13 el Premio Nacional de Paz 2013, en reconocimiento a su lucha pacífica por una finca que le disputa una empresa de palma aceitera y que se convirtió en emblema del conflicto agrario en Colombia.
Un día antes, los miembros de la comunidad, organizados en la Asociación Campesina de Buenos Aires (Asocab), fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado en un acto en la sede de la estatal Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Bogotá.
La inclusión en el Registro Único de Víctimas fortalece a Asocab en su batalla legal contra la empresa que le disputa esas tierras, Aportes San Isidro SA.
En ese registro figuraban el 1 de octubre 5.087.092 desplazados forzosos, del total de 5.845.002 víctimas de delitos cometidos desde 1985 en la guerra civil colombiana, de casi medio siglo.
Lindante con la hacienda Las Pavas, de 1.338 hectáreas, Buenos Aires es un caserío del municipio El Peñón, en el septentrional departamento de Bolívar y unos 270 kilómetros al suroriente de su capital, Cartagena de Indias.
Con una sola calle, se sitúa en la isla fluvial Papayal, entre el brazuelo del mismo nombre y el río Magdalena, que recorre Colombia de sur a norte.[pullquote]3[/pullquote]
Allí, la gente vive en caseríos como Buenos Aires y trabaja en la pesca, agricultura y pastoreo.
A través de la Unidad de Víctimas, el Estado rectifica su actitud anterior y reconoce que los campesinos fueron desplazados al menos dos veces de Las Pavas, cuya tierra laboraban.
Se admite que «había una mala comprensión jurídica», pues «no se entendía que esta comunidad fue desplazada de su explotación económica, y no de su residencia» en Buenos Aires, dijo Juan Felipe García, de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, que asesora a Asocab.
«Hoy vamos a celebrar porque la verdad triunfó», agregó a IPS.
La decisión beneficia a 464 personas de las 124 familias de Asocab. Pero no implica el reconocimiento de la propiedad de esa tierra, otro proceso que se sigue ante el Consejo de Estado, que podría demorar 10 años, advirtió a IPS el director de la Clínica Jurídica, Roberto Vidal.
Ahora «viene trabajar con la comunidad para definir qué medidas quieren priorizar, hacer todos los acuerdos y coordinaciones institucionales necesarios y sacar adelante el plan de reparación que ellos quieran», dijo a IPS la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria.
«Toca esperar que las autoridades cumplan», dijo el líder de Asocab, Misael Payares, «para poder nosotros cristalizar nuestros sueños, que son permanecer en Las Pavas».
La hacienda ha sido centro del pulso por la tierra en el Magdalena Medio, región que fue muy apreciada por capos del narcotráfico, por su belleza y por su situación estratégica, importante en la logística del tráfico aéreo de cocaína.
En una finca melliza, Rancho Lindo, aterrizaban y decolaban aviones hasta 1983. «¿Embarcaban leña, yuca, ñame, o qué?», preguntó Payares.
Desde ese año, como dueño de Las Pavas figuró Jesús Emilio Escobar Fernández, primo y testaferro del famoso capo Pablo Escobar (1949-1993). Hasta 1963 fueron terrenos baldíos de la Nación.
La hacienda quedó sola desde 1992, ante la persecución del Cartel de Medellín de Escobar. Un enorme árbol que crece en una alberca testimonia el abandono.[related_articles]
Las habitantes de Buenos Aires, muchas analfabetas y de prole numerosa, decidieron entonces sembrar en parte de Las Pavas y formaron la Asociación de Mujeres Campesinas de Buenos Aires.
Luego supieron que, según el artículo 52 de una ley de 1994, la propiedad privada de un predio rural se extingue si fue usado para el narcotráfico, o si permanece abandonado tres años consecutivos.
Entonces, ocuparon Las Pavas.
Así nació Asocab en 1997, para sembrar cacao, plátano y roble.
Las guerrillas de izquierda (surgidas en 1964) solían pasar de largo por Buenos Aires, hacia un cerro cercano con plantaciones de coca, atractivas para muchos cosechadores temporeros.
A veces imponían tributos a los campesinos de Las Pavas: una gallina, un cerdo; una vez fusilaron a un hombre al que acusaron de ser informante del ejército.
Cuando los paramilitares de ultraderecha (formados en 1981) entraron hacia 1998 por el Papayal y se instalaron allí, a 20 minutos a pie de Buenos Aires, la guerrilla se fue.
Los paramilitares «empezaron a matar gente», dijo a IPS una de las fundadoras de la asociación femenina, Carmen Moreno, con un hermano desaparecido.
Frente a Buenos Aires bajaban por el río cuerpos sin cabeza o sin piernas. «Hasta los niños los veían. Y venían: ¡Mami, mami!, allá va una pierna… ¡Es mujer, mami, porque lleva las uñas pintadas!”, contó.
Todos esos años, el hambre empujaba una y otra vez a la gente a superar el pánico y el confinamiento en Buenos Aires para volver a sembrar en Las Pavas.
En 2006 tuvieron arrestos para instaurar un proceso de extinción de dominio. Incluso pidieron y obtuvieron créditos agrarios estatales.
Pero en 2007 resultó que el testaferro Escobar Fernández había vendido Las Pavas a las empresas Aportes San Isidro y CI Tequendama, esta última del grupo Daabon.
Estas firmas dicen que ninguna autoridad les advirtió que el dominio privado de la hacienda estaba en cuestión, lo que impedía cualquier compraventa.
Y montaron un proyecto de producción de palma, secando humedales, desviando quebradas y bloqueando caminos.
El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) fijó como principal estrategia agroindustrial la siembra de palma africana, y su sucesor Álvaro Uribe (2002-2010) continuó esa política.
El gobierno dispuso que en Papayal se sembrasen 66.000 hectáreas de palma, más una refinadora de aceite para producir agrocombustible.
La palma aceitera es el tercer cultivo de Colombia, con más de 400.000 hectáreas plantadas y más de 130.000 trabajadores, según la organización internacional Solidaridad, que promueve una producción equilibrada y sostenible de alimentos, combustibles alternativos a los fósiles y otros productos básicos.
La palma tiene gran potencial productivo respecto de otras oleaginosas. Por eso, su uso aumenta en las industrias de alimentos, higiene y cosméticos y en el emergente sector del biodiésel.
Pero en Las Pavas todavía no se produce aceite y la batalla legal continúa.
Las empresas promovieron en 2009 un desalojo policial de los campesinos. El episodio le costó a Daabon su contrato como proveedor de la cadena cosmética The Body Shop, del Grupo L’Oreal.
Daabon prefirió retirarse del proyecto antes que negociar con Asocab, como pedía The Body Shop.
Los campesinos retornaron a Las Pavas en 2011, y desde entonces viven allí, algunos por turnos, en un poblado de dos calles y casuchas de plástico negro.
En la casa de la hacienda hay hombres armados de Aportes San Isidro, sin autorización oficial.
Son frecuentes las denuncias de intimidación, destrucción de sembrados, disparos a las llantas del tractor de Asocab, robo de animales, incendio de enramadas y semillas y ataques con artefactos incendiarios sobre el caserío de plástico.
«El control ya no lo tiene un grupo al margen de la ley, sino unas empresas», dijo Payares.
«Todavía no hemos puesto la primera víctima humana, por nuestra sabiduría en evitarlas», dijo Efraín Alvear, historiador de la comunidad. Eso es “Conquista sin fusil”, explicó a IPS en referencia a un libro sobre la historia de Asocab que escribe a mano desde hace años.
Tras su inclusión en el Registro Único de Víctimas y el Premio Nacional de Paz, los campesinos quieren cambiarle el nombre a Las Pavas. «Ese nombre nos golpeó mucho», según Payares. En adelante se llamará «Milagro de Dios».
