Mientras México avanza hacia una controvertida reforma, que abriría el sector de los hidrocarburos al capital extranjero, comunidades y organizaciones batallan legalmente contra contratos petroleros con participación internacional, que ya son posibles desde 2008.
Los amparos colectivos contra tres de los 11 acuerdos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas privadas extranjeras, para operar campos maduros en el sureste del país, son una suerte de laboratorio de cómo enfrentará la reforma energética la combativa parte de la sociedad que la adversa.
Esa reforma, de la que están pendientes los mercados mundiales, facilitaría la llegada masiva al país de compañías internacionales, si el bicameral Congreso legislativo mexicano aprueba en los próximos meses la transformación del modelo petrolero, que concentró en Pemex la industria hidrocarburífera desde los años 30 del pasado siglo.
Mediante los 11 contratos, Pemex asignó la explotación en los sudorientales estados de Tabasco y Veracruz de yacimientos maduros o marginales, aquellos con más de 20 años de explotación y producción declinante, que puede reactivarse con nuevas tecnologías.
El argumento de los opositores es que estos contratos incluyen una fórmula de pago ilegal para los contratistas, porque toma en cuenta un porcentaje directo del precio de las ventas, según la cotización internacional del petróleo.
Las concesiones “son inconstitucionales, porque significan la entrega de renta petrolera. Hay daño patrimonial a la nación y las empresas obtienen una utilidad excesiva”, explicó a IPS el activista René Sánchez, coordinador de la organización Colectivas, parte demandante.
Un grupo de organizaciones y personas presentó dos amparos colectivos en 2011 y 2012 contra los tres primeros contratos. Se prevé que un juez federal se pronuncie sobre el primer recurso antes de concluir el año y su fallo afectará la legalidad del paquete de acuerdos.
Las empresas directamente involucradas son la británica Petrofac y la franco-estadounidense Dowell Schlumberger. La primera ganó en 2011 dos licitaciones y la filial mexicana de la segunda una, las tres en Tabasco.
Una reforma constitucional de 2010 regula los amparos para la protección de derechos colectivos de personas o comunidades frente a decisiones de la autoridad. La figura faculta a personas y organizaciones que se sientan afectadas por una decisión gubernamental a actuar legalmente en su contra, aunque no estén perjudicadas directamente.
Un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó una acción de inconstitucionalidad del parlamento contra los contratos, por no ser parte afectada.
En su fallo la Corte no entró a dirimir el fondo del asunto: si los acuerdos eran contrarios a la ley fundamental mexicana. Pero sí dictaminó que ellos no pueden incluir pagos al contratista que representen un porcentaje del valor de las ventas.
Fue en la década pasada cuando Pemex comenzó a suscribir acuerdos con compañías privadas para la exploración y explotación de gas y petróleo, a cambio de un pago por lo producido.
Primero se establecieron contratos de servicios múltiples para exploración y explotación de gas en la Cuenca de Burgos, una zona rica en ese recurso que se extiende por los norteños estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
En 2008, el Congreso legislativo aprobó una reforma de la Ley General de Pemex, que amplió las atribuciones del Consejo de Administración de la empresa, entre otras medidas. Gracias a ello, el Consejo reformó el reglamento interno de Pemex e introdujo el esquema de los contratos integrales, centro de críticas desde el comienzo.
“Pocas empresas se interesan por esos contratos y la producción y las reservas de México están a la baja. Eso habla de lo poco eficaces que son, comercial y técnicamente”, dijo a IPS la experta Miriam Grunstein, del estatal Centro de Investigación y Docencia Económicas. [related_articles]
“La recuperación de costos puede hacer muy onerosos los contratos para el país”, abundó.
Pemex arguye que esos contratos generan valor e incrementan la capacidad productiva, con esquemas rentables y competitivos en campos maduros, terrestres y en aguas profundas.
Añade que también permiten incrementar las reservas petroleras mexicanas, reactivar campos marginales y mejorar el valor comercial de yacimientos en aguas profundas, entre otros beneficios.
Según la corporación, los tres campos en cuestión albergan reservas totales por 182 millones de barriles (de 159 litros) de crudo y 124.000 millones de pies cúbicos de gas, en un área de 312 kilómetros cuadrados.
Su producción conjunta supera los 13.000 barriles diarios y más de 17 millones de pies cúbicos de gas. Las empresas contratistas reciben algo más de seis dólares por barril extraído.
El argumento de Pemex para licitar la explotación de esos campos fue que carecía de capacidades técnicas y financieras para hacerlo por sí misma y prefería concentrar sus recursos en proyectos más provechosos.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional, envió en agosto al Congreso un proyecto de reforma para los sectores petrolero y eléctrico, que involucra a Pemex y a la también estatal Comisión Federal de Electricidad.
La propuesta incluye modificaciones en los artículos 27 y 28 de la Constitución, para permitir la firma de contratos de utilidad compartida con particulares en exploración y extracción de crudo, cambios en el régimen fiscal de Pemex y la fortificación de la transparencia y rendición de cuentas del monopolio energético estatal.
Durante el debate, el parlamento podría introducir la figura de la concesión de bloques para exploración y extracción de crudo y gas, más atractivo para las corporaciones y similar al modelo con que se manejan los consorcios petroleros estatales en otros países latinoamericanos, como Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina.
Los fallos de los amparos colectivos podrían tener gran incidencia sobre la reforma energética, porque de resultar anulados dificultarían en la práctica la apertura petrolera y generarían dudas a las transnacionales sobre la conveniencia de desembarcar en México.
Pemex produce actualmente 2,6 millones de barriles diarios y está acuciada por una alta deuda, la caída de sus reservas, rezagos tecnológicos, problemas de gestión y acusaciones de corrupción.
“Queremos que los contratos (integrales) sean invalidados, para que no se avance con la privatización de Pemex. El siguiente paso son las concesiones de bloques”, reclamó Sánchez.
Los derroteros de Pemex, una empresa emblemática y tatuada en la identidad mexicana desde la nacionalización del petróleo en 1938, agitan especialmente al país.
Un sector propugna la liberación de la industria petrolera, mientras que otro aboga por fortalecer a Pemex con cambios legales y fiscales, que incrementen su capacidad financiera y de inversión. Los dos grupos coinciden en la necesidad de renovarla y hacerla más transparente.
Grunstein aconseja desechar los contratos en la futura reforma y optar por el esquema de bloques. “Deberían equilibrar el balance entre riesgo y recompensa, para ser más atractivos y captar un espectro más grande de empresas, habría que buscar un esquema mediante el cual se le pagará a la empresa con producción”, planteó.
