Un colorido mural ocupa una fachada entera de un edificio de tres pisos en la esquina de la avenida Gates e Irving, en el barrio neyororquino de Bushwick, en Brooklyn. En él se ve a un grupo de jóvenes filmando un arresto con sus celulares.
Encima, una leyenda dice: “Tú tienes el derecho a mirar y a filmar las actividades policiales”.
“Pintamos este mural para informar a la gente de sus derechos”, dice Justin Serrano, de 19 años, quien creció en esta comunidad de origen predominantemente latinoamericano, donde alrededor de un tercio de los hogares son pobres.
El muro, pintado por jóvenes de Make the Road New York, una organización no gubernamental que intenta empoderar a la juventud de comunidades trabajadoras de toda la ciudad, refleja la presencia dominante que tiene la policía en las vidas de este sector de la población de Bushwick. También permite comprender su relación con el Departamento de Policía de Nueva York (DPNY).
Para los jóvenes que crecen en comunidades de inmigrantes como la de Bushwick, esa relación estuvo marcada en la última década por la persistente política de parar, interrogar y cachear.
Esta política de parada y cacheo («stop and frisk»), como le llama la gente, permite a los agentes actuar ante personas que despiertan sospechas razonables de estar involucradas en alguna actividad delictiva. Es una táctica básica de la «tolerencia cero» que Nueva York aplica, y se ha vuelto el “modus operandi” de las gestiones de los últimos dos alcaldes.
El actual alcalde Michael Bloomberg y el comisionado policial, Ray Kelly, atribuyen a esta política la reducción de los delitos violentos en toda la ciudad y el haber sacado 8.000 armas de las calles.
Pero expertos en justicia penal y defensores de las libertades civiles cuestionan desde hace tiempo la efectividad de esta política y que el DPNY la aplique especialmente en las comunidades pobres de inmigrantes y de negros.
Datos del DPNY muestran que, entre 2003 y 2012, la policía paró y cacheó a casi cinco millones de personas. En aproximadamente 88 por ciento de los casos, la persona era negra o latinoamericana. Y en 90 por ciento, la policía no pudo demostrar ningún delito. Solo el año pasado, se paró y se cacheó casi 400.000 veces a negros y latinoamericanos.
Aunque la cantidad de personas interceptadas en las calles se disparó en los últimos años, la incautación de armas se mantuvo persistentemente baja a lo largo de la década, y solo se dio en menos de uno por ciento de las detenciones.
Pero se avizoran cambios con las dos victorias históricas que se anotaron en agosto los defensores de la reforma policial en Nueva York, a pesar de que millones de detenciones de personas inocentes han dejado daños colaterales, insisten trabajadores comunitarios y juristas.
El explosivo aumento de la parada y el cacheo a hombres jóvenes no anglosajones preocupa por el impacto que puede tener en generaciones que crecen excesivamente controladas por la policía, según el investigador Brett Stoudt, profesor de psicología en la Facultad John Jay de Justicia Penal y el Centro de Graduados de la City University of New York.
Entre 2008 y 2009, los jóvenes de 14 a 21 años representaron un tercio de las paradas y cacheos, pese a constituir apenas la décima parte de la población de la ciudad, revela uno de sus estudios.
Las reiteradas detenciones policiales sin motivo tienen un efecto desmoralizador en los jóvenes, dice Stoudt.
La enorme persistencia de esas medidas en ciertos barrios también crea un “entorno cíclico”, que incrementa las posibilidades de que los jóvenes de esas comunidades queden atrapados en el sistema penal “por un motivo u otro”, según Stoudt, coautor del informe “Stop, Question and Frisk Policing Practices in New York City” (Prácticas de parada, interrogatorio y cacheo en la ciudad de Nueva York).
Por ejemplo, “en una parada, el agente puede hallar una pequeña cantidad de marihuana. O (el joven en cuestión) puede asustarse y salir corriendo”, explica a IPS.
A Serrano la policía ya lo paró en la calle más de 20 veces. “Me hace sentir como si no fuera humano”, afirma. En una ocasión, se dirigía a toda prisa a su casa para llevarle medicinas a su madre y terminó en la comisaría.
En Nueva York, las experiencias de los jóvenes con la policía no se limitan a las calles, se extienden a escuelas y edificios de viviendas, donde el DPNY puede hacer presencia legal.
Esta vigilancia de todos los aspectos de la vida cotidiana puede alterar notablemente la conducta personal y llevar por ejemplo a que uno evite pedir ayuda a la policía cuando la necesita, explica Stoudt.
Sentado en un banco de un parque de juegos, Serrano deja de comer su helado por un momento para aconsejar a dos amigos más jóvenes que se suben a sus bicicletas BMX.
“Tienen que dejar las bicicletas”, les dice. “Desde que empecé a usar mi skate (patineta) me detuvieron mucho menos”.
Serrano también dejó de pasear por su vecindario. Ahora se reúne con sus amigos en un sector gentrificado de un barrio cercano, donde la policía no los molesta.
En el barrio de Flatbush, en Brooklyn, pocos kilómetros al sur de Bushwick, Keron Gray evita estar afuera con sus “ruidosos amigos” y se mantiene lejos de rutas donde es más probable que lo detengan.
“Es indignante. Cuando estás de compras en la Quinta Avenida (de Manhattan) eso no ocurre”, dice Gray.
Funcionarios de la ciudad defienden desde hace tiempo la parada y el cacheo argumentando que en ciertos vecindarios hay mayor prevalencia de delitos violentos.
En una decisión histórica, la jueza Shira Scheindlin rechazó el 12 de agosto ese argumento y estableció que la parada y el cacheo del DPNY crean “una política de elaboración indirecta de perfiles raciales” que viola los derechos constitucionales de quienes no son blancos.
Scheindlin ordenó un proceso drástico de reforma.
A fines de agosto, el Concejo de la Ciudad de Nueva York anuló un veto del alcalde y aprobó dos proyectos que establecen el control independiente de las políticas del DPNY y amplían los recursos legales contra los perfiles delictivos basados en criterios tendenciosos.
El DPNY no respondió a la solicitud de entrevista de IPS. Pero el alcalde Bloomberg, que apeló el fallo judicial, advirtió que ambas decisiones limitarán el trabajo de la policía y tendrán como consecuencia que vuelvan a aumentar los delitos violentos.
Pero entre los hechos de agosto y la investidura de un nuevo alcalde en 2014, parece inevitable una reforma de la mayor fuerza policial de Estados Unidos.
Para Serrano, parte del daño es irreparable. “La primera vez que me detuvieron, yo estaba con mi hermano menor… Hasta el día de hoy me ve diferente, como si fuera un delincuente”.
