En su primer día de clases de cuarto año de primaria, Efraín llegó a su escuela en la capital mexicana y encontró un salón sin bancos ni escritorios. Sus padres tuvieron que ayudar a la maestra a cargar muebles de otras aulas para que niños y niñas no empezaran el curso sentados en el suelo.
Ese mismo día 19 de agosto la madre de Efraín se enteró de la suspensión del programa de natación que atendía a 15.000 alumnos de escuelas estatales de la Ciudad de México y que funcionó exitosamente 10 años. También supo del comienzo de las protestas docentes, que culminarán este miércoles 11 con una huelga nacional.
“Sus hijos eran privilegiados con el programa de natación”, dijo un funcionario de la Secretaría (ministerio) de Educación Pública a los padres que demandaron una explicación.
Ellos no lo sabían, pero la desaparición por decreto presidencial de la Dirección General de Educación Física fue el comienzo de una serie de cambios en la educación estatal, proyectados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que han provocado una insurrección magisterial en una veintena de estados.
No es que a la educación le falten recursos.
Con unos 26 millones de alumnos en el nivel básico y 4,3 millones en el bachillerato, el sector educativo recibe 17,5 por ciento del presupuesto federal, pero 93 por ciento se va en sueldos y plazas desconocidas, según el «Panorama de la educación de 2013» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la cual están todos los países industrializados.
[related_articles]La escuela de Efraín está en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal capitalino, el municipio con mayor índice de desarrollo humano (IDH) de todo el país, con 0,9509, según los datos de 2005, los últimos divulgados en detalles menores. Su condición es, efectivamente, mejor que la de niños, niñas y maestros que viven fuera de la capital.
Raymundo Carrera recorre cada domingo cuatro horas de camino y cruza en chalupa (canoa con motor) el lago de la Presa Miguel Alemán en la región de Tuxtepec, en el sureño estado de Oaxaca, para llegar a hasta la escuela primaria bilingüe que dirige. Este maestro de 50 años de edad y 26 de servicio vive toda la semana en una choza con techo de lámina y piso de tierra.
“Es lo que te da la comunidad y uno se acostumbra. Luego hasta convivimos en sus faenas y sus fiestas”, contó Carrera a IPS desde su lugar en el campamento de protesta que maestras y maestros instalaron en el Zócalo, famoso paseo público de la capital mexicana.
Oaxaca está en el penúltimo lugar de los estados más pobres del país, con 0,6663 de IDH, según el informe de 2010 que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los maestros y maestras de ese estado son el grupo más numeroso de los 15.000 que desde el 19 de agosto protestan en Ciudad de México contra una serie de leyes que restringen sus derechos laborales y que han puesto en jaque el abarrotado tránsito capitalino.
Las normas se aprobaron la semana pasada y derivan de una reforma constitucional concretada en febrero y cuya información quedó sepultada por el escándalo de la detención de Elba Esther Gordillo, la jefa vitalicia del sindicato de maestros y, hasta entonces, una de las líderes políticas más poderosas del país.
Gordillo sigue presa, acusada de desvío de fondos y delincuencia organizada.
Los maestros en protesta forman parte de una corriente disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que cuenta con 1,2 millones de afiliados de enseñanza básica y media.
Pero tras la aprobación de las leyes se les unieron grupos sindicales oficiales. Con esa fortaleza, se preparan para la huelga nacional convocada para este miércoles 11.
Las leyes se enfocan en la enseñanza primaria y secundaria básica y en la media superior (bachillerato) y regulan el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente, a partir de un esquema de evaluación que los críticos consideran poco claro.
Por eso los sindicalistas reivindican un instituto nacional de evaluación educativa, que en realidad existe desde 2002, pero que no es autónomo.
“Es una reforma laboral, no educativa, que no fue consensuada bajo ningún concepto”, dijo a IPS el maestro Raymundo Vera, de la comitiva oaxaqueña.
El elevado gasto salarial ha sido, precisamente, al argumento de los promotores de la reforma, encabezados por la cúpula empresarial.
Sin embargo, el estudio de la OCDE también revela que cada docente en México atiende muchos más alumnos por clase que los demás países del grupo: entre 25 y 30, según el grado escolar, cuando el promedio en los otros integrantes es de 14.
“Yo sí quiero que me evalúen, pero, ¿quién nos garantiza que lo van a hacer bien y no como hasta ahora, con pruebas estandarizadas que no consideran las condiciones de cada escuela?”, cuestionó Carrera.
La evaluación educativa, que comenzó en 1989, fue tomada durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) como bandera para mejorar la calidad. Pero los avances son mínimos.
El “Panorama educativo de México” de 2012, del propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, indica que más de la mitad de los estudiantes de secundaria básica no sabe resolver problemas de suma, multiplicación y potenciación que impliquen dos o más operaciones.
El mismo estudio, que mide los avances entre 2006 y 2010, muestra que en idioma español de primaria hubo un avance en las escuelas urbanas públicas, mientras los estudiantes de educación indígena con insuficiente dominio en la asignatura aumentaron a casi 50 por ciento.
Un maestro de primaria gana entre 2.000 y 8.000 pesos (de 160 a 620 dólares) mensuales. “Mucho menos que lo que ganan los personajes que están a nuestras espaldas”, dijo Vera, en referencia a los diputados y senadores que tienen sueldos 20 veces mayores.
“Tenemos unas condiciones de vida que no entienden ni van a entender los que se quejan de las marchas”, apuntó.
México tiene matriculados a 56 por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años, el porcentaje más bajo de la OCDE, pese a tener la mayor población de su historia en este grupo etario.
Datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de abril cuando se presentó el «Panorama educativo de México», muestran que concurren a estudiar 4,8 millones de niños, niñas y adolescentes en edad de cursar educación básica o bachillerato.
Además, hay 4,8 millones de niñas, niños y adolescentes que deberían ir a la escuela o al bachillerato, pero no lo hacen.
