Como muestra de la reiterada voluntad de pago de Argentina, la presidenta Cristina Fernández envió al parlamento un proyecto de reapertura de canje de los títulos remanentes de la deuda en cesación de pago. La mayoría de la oposición, férreamente enfrentada al gobierno, avala esta vez la propuesta.
En la iniciativa que el Senado comenzó a debatir este miércoles 28, el gobierno pide autorización para lanzar una ronda de negociación de cambio de los bonos impagos desde fines de 2001 por otros en iguales condiciones de quita, reducción de intereses y extensión de vencimientos a los pactados en 2005 y 2010.
En esas dos instancias, Argentina pudo reestructurar casi 93 por ciento de sus adeudos vencidos, por unos 90.000 millones de dólares y una quita promedio de 67 por ciento.
“La equidad es una piedra basal de este proceso de reestructuración de deudas”, se remarca en el proyecto, que prohíbe ofrecer a tenedores de deuda que hubieran iniciado acciones judiciales un trato más favorable que a aquellos que no las hubieran hecho.
El texto sometido al Congreso legislativo establece que el canje se mantenga abierto, a diferencia de los dos anteriores, que tenían plazos para que los acreedores adhirieran a ellos.
[pullquote]3[/pullquote]El gobierno responde así al fallo emitido el viernes 23 por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, con sede en Nueva York, a favor de un grupo de tenedores de parte de ese más de siete por ciento de la deuda declarada en “default” hace 12 años, que desecharon el canje para reclamar judicialmente el pago de 100 por ciento del valor nominal de los títulos del Tesoro argentino.
El economista Fausto Spotorno, del Centro de Estudios Económicos, comentó a IPS que el proyecto de reapertura del canje “es muy razonable”.
“Nunca debieron cerrarlo, pero abrirlo ahora es una buena señal política ante la justicia y puede servir para que ingresen algunos tenedores más”, opinó.
Spotorno sospecha que, si el caso es aceptado por la Corte Suprema de Estados Unidos, la decisión difícilmente sea favorable a Argentina.
En ese sentido, consideró que cambiar de jurisdicción podría ser un camino para despejar incertidumbres si queda firme el fallo que exige pagar 100 por ciento de las deudas a los fondos buitre, expresión con la que se conoce a los operadores oportunistas que compran títulos de países con graves dificultades financieras a precios irrisorios.
El texto oficial remarca que los litigantes, que esperan la decisión final de la Corte Suprema de Estados Unidos, constituyen solo 0,45 por ciento de la deuda impaga no reestructurada y que los bonos en su poder se adquirieron con enormes descuentos en 2008. Si se les abonara el valor de mercado que reclaman, se estarían asegurando una ganancia de 1.300 por ciento, apunta.
También se indica en la argumentación que “es público y notorio que nuestro país está siendo objeto de despiadados ataques judiciales y de una fuerte presión política por estos fondos buitre”.
En la presentación del proyecto, el lunes 26 por la noche, la mandataria centroizquierdista consideró que el fallo de la Corte fue “injusto con este país”, pues “ignoró” el acuerdo alcanzado en su oportunidad con los acreedores poseedores de 93 por ciento de la deuda en default. También enfatizó que Argentina es “un pagador serial”, no un “deudor recalcitrante”, como calificó el fallo.
Desde que comenzó la reestructuración de la deuda vencida en 2001, Argentina cumple puntualmente con sus compromisos financieros. Según datos de fines de 2012 publicados por el Ministerio de Economía, la deuda neta del país con el sector privado, entidades multilaterales y otros estados era entonces de 82.696 millones de dólares, equivalente a 18,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de aquel momento.
Junto con la reactivación de la economía, el perfil de la deuda mejoró sustancialmente respecto de 2003 cuando representaba alrededor de 150 por ciento del PIB, destaca en el proyecto que discute el parlamento. Esto ocurrió pese a que Argentina no tiene acceso al mercado de deuda soberana desde 2002.
Con la cancelación de bonos reestructurados prevista para septiembre, la relación entre la deuda con el sector privado en moneda extranjera bajará a solo 8,3 por ciento del PIB, aseguró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
No obstante, este exitoso proceso de desendeudamiento está amenazado por un grupo pequeño de acreedores litigantes, que tuvieron en el juez Thomas Griesa a su primer aliado.
La sentencia de la Corte con sede en Nueva York, que será apelada por Argentina, representó un golpe al proceso de reestructuración, iniciado tras asumir en 2003 el gobierno el hoy fallecido Néstor Kirchner (1950-2010), esposo y antecesor de Fernández.
Si Argentina fuera obligada a pagar 100 por ciento del valor nominal de la deuda a los litigantes, los tenedores de bonos que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 podrían recurrir a la cláusula de acreedor más favorecido y reclamar el mismo trato.
La presidenta también propuso habilitar el cambio voluntario de bonos con jurisdicción en Nueva York, Europa o Japón por nuevos títulos bajo iguales condiciones, pero pagaderos bajo jurisdicción argentina, de manera tal de eludir eventuales embargos en caso de que la Corte ratifique el fallo.
[related_articles]Se trata de 28 por ciento de los títulos que están bajo esas legislaciones y que, según la nueva propuesta, podrían cambiarse por otros pagaderos en la Caja de Valores de Buenos Aires.
La Unión Cívica Radical, principal partido de oposición en ambas cámaras legislativas, juzgó positivamente la propuesta, aunque con matices. Para algunos de sus dirigentes, la iniciativa llega tarde o demasiado cargada de críticas a los acreedores remanentes y a los jueces.
También el derechista PRO consideró “razonable” la propuesta del gobierno de Fernández. “Argentina tiene que hacer lo que sea para que la Corte abra el caso y revierta la sentencia de la cámara de segunda instancia”, dijo el diputado Federico Pinedo, titular de ese grupo parlamentario, en diálogo con IPS.
Hay que actuar “con responsabilidad y seriedad, y dar el mensaje de que queremos asegurar igualdad de condiciones para todos los acreedores. Es un argumento de mucho peso ante la Corte”, remarcó.
Pinedo anticipó que su bancada podría apoyar la reapertura del canje cuando llegue a la Cámara de Diputados. “Queremos conocer más la estrategia del gobierno y discutirla en el bloque, pero mi opinión es que es un primer paso muy razonable”, indicó.
Muchos legisladores, incluso del gobernante Frente para la Victoria, creen que será difícil lograr que los fondos buitre ingresen a cualquier propuesta de canje, pero coinciden en que se trata de mostrar predisposición a cancelar las deudas siempre que sea bajo las condiciones de la reestructuración establecidas por Argentina.
