Desde el comienzo del movimiento europeísta se han presentado tres diversos modelos de unificación regional. Uno, la liga de estados que, aunque conservan la soberanía nacional, se comprometen a llevar a cabo políticas definidas de común acuerdo.
En el modelo funcionalista, los estados nacionales delegan a una autoridad supranacional la administración en común de intereses comunes.
El modelo federalista propone conservar y respetar la soberanía de los estados nacionales en el ámbito de las competencias de dimensión y carácter nacional, mientras transfiere a un gobierno europeo la soberanía en el ámbito de competencias de dimensión y carácter europeo.
El federalista Altiero Spinelli definía al gobierno europeo como dotado de poderes limitados pero reales, controlado democráticamente por una asamblea europea y operante en conformidad a leyes europeas.
[pullquote]3[/pullquote]En las relaciones políticas entre las comunidades de hombres y mujeres existe una sola respuesta posible a la pregunta “¿cómo encarar problemas comunes que exigen una solución común, compleja y permanente?”.
La respuesta es simple: confiar la función de afrontar los problemas comunes a un poder común.
Ese poder puede originarse en el hecho de que el más fuerte se impone a los demás. Tal es la respuesta imperial o hegemónica. Entre 1945 y 1989, Europa vivió en un marco geopolítico caracterizado por la hegemonía estadounidense y el imperialismo soviético.
Pero el poder también puede nacer del libre consenso entre asociados y ciudadanos para la creación de un poder común, paralelo a sus propios poderes, dotado de procedimientos específicos para la formación del consenso y la aprobación de las políticas federales, al que se le transfieren competencias limitadas.
Tal es la propuesta federal.
Otra posibilidad es el reconocimiento de la existencia de problemas comunes que, sin embargo, serán identificados cada vez que los asociados decidan por consenso que deben ser afrontados mediante una respuesta común. Esta variante no implica alguna transferencia de poder.
Cuando el logro de un objetivo exige procedimientos complejos de elaboración, de formación del consenso y de ejecución o bien cuando la realización del objetivo es a largo plazo y exige una acción común perdurable, aquella respuesta no es racional y el resultado será necesariamente negativo.
La experiencia de la crisis financiera que en estos años ha embestido a Europa confirma la irracionalidad de tal respuesta.
Ha llegado el momento de propiciar un proyecto global que defina el grado de interdependencia entre la Unión Europea, sus ciudadanos y los estados miembro (la constitución de los Estados Unidos de Europa), un método de trabajo político para crear el necesario consenso (un proceso democrático constituyente) y una agenda para que el designio se concrete en un plazo políticamente razonable.
Para realizar este proyecto se requiere no solo la aplicación integral del tratado de Lisboa aprobado por el bloque en 2007, sino también su actualización de acuerdo con una agenda que vaya más allá de las elecciones europeas de mayo de 2014. Se tratará de una ocasión irrepetible para reanudar el camino hacia una Constitución europea sobre bases federales.
Evidentemente, no basta que un ordenamiento federal tenga méritos intrínsecos. Su construcción exige un sostén permanente de parte de imponentes fuerzas vitales que sientan la necesidad de establecer ese ordenamiento y estén dispuestos a actuar para sostenerlo. Sería inútil levantar un edificio, aunque merced a una coyuntura favorable se pudiese construir, si no podrá ser conservado.
La Unión Europea no puede reducirse a la unidad económica y monetaria, también debe comprender la dimensión de la ciudadanía (derechos de la persona humana), la política de la sociedad, el espacio de libertad-seguridad interna, la justicia, y la política externa y de seguridad incluida la defensa.
En el plano constitucional debe incluirse la dimensión presupuestaria (qué aspectos corresponden a los estados nacionales y cuales a la Unión Europea), con un enfoque radicalmente innovador sobre los conceptos de los costos y las entradas del presupuesto federal. Asimismo, debe abrirse el debate sobre las fronteras de la Unión.
También se debe hallar una solución política y jurídica al dilema del camino hacia una unidad-integración diferenciada, es decir que consienta a los estados y ciudadanos que lo deseen, avanzar más rápido que los demás.
La iniciativa debe provenir del Parlamento Europeo y englobar a los legislativos nacionales en una conferencia interparlamentaria, tal como propuso el entonces presidente de Francia, François Mitterrand (1916-1996), en vísperas de la caída del Muro de Berlín en 1989.
La finalidad natural de la conferencia es atribuir al Parlamento Europeo la función de convención constituyente, de acuerdo con la proposición de Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, y del excanciller alemán Gerhard Schroeder, sugerida a su vez por el Movimiento Europeo en un manifiesto de marzo de 2012.
Corresponderá a las familias políticas y a las organizaciones de la sociedad civil darle un contenido europeísta a la campaña electoral del año próximo.
Se prevé una fuerte presión en todos los países de parte de movimientos populistas que abogarán por un retroceso hacia una Europa dividida en naciones.
Por ello, deberá ser más fuerte y militante la acción de los innovadores para hacer que los europeos den un salto hacia adelante en busca de más democracia y más solidaridad.
* Pier Virgilio Dastoli es el presidente del Consejo Italiano del Movimiento Europeo (CIME)
