Indígenas de la etnia mayangna libran una crucial batalla en defensa de su ancestral asentamiento en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, en el norte de Nicaragua, gravemente amenazada por la depredación de colonos invasores.
El presidente de la nación indígena mayangna, Aricio Genaro, narró a Tierramérica* que la lucha de los pueblos autóctonos por esta reserva, que aún constituye la selva más grande de América Central, se intensificó a partir de 2010 ante el incremento de la presencia de campesinos proveniente del este y centro del país.
Genaro aseguró que la invasión se ha tornado violenta y descarnada contra los recursos naturales y la propia comunidad aborigen, estimada en unos 30.000 integrantes. En ese marco, indicó que 13 indígenas han muerto desde 2009 en defensa del territorio.
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La última víctima de este enfrentamiento fue el indígena Elías Charly Taylor, quien murió a causa de las heridas de balas recibidas en la comunidad Sulún el 24 de abril, cuando regresaba de una manifestación contra la destrucción de la selva.
Esa protesta, iniciada en febrero, llamó la atención del gobierno izquierdista de Daniel Ortega y expuso el tema de la destrucción de la zona que en 1997, cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), contaba con más de dos millones de hectáreas de especies forestales y bosques tropicales húmedos.
Un estudio publicado en 2012 por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Unión Europea y Oxfam alertó que «se requerirán de 24,4 años para no tener bosques en Bosawas y de 13,3 años para no disponer de zona de amortiguamiento en la Reserva», en caso de continuar con la depredación en curso.
Vida silvestre en retirada
Los mayangnas viven de la caza y de la pesca, la crianza de animales para consumo doméstico, la recolección de frutas y de granos y tubérculos producidos con antiguas metodologías de siembra natural. Pero esta forma de vida ha sido trastocada por los campesinos invasores.
«Disparan a todo, queman todo, envenenan el agua de los ríos y botan los árboles gigantes que por años nos han dado sombra y protección, y luego avanzan más y nada los detiene», afirmó Genaro.
«El danto (tapir) ya no se mira, los pumas y los tigrillos han huido de la zona y ya no se oye cantar a los miles de pájaros que nos daban señales de lluvia. Ni los peces grandes se ven en los ríos; todo está desapareciendo», detalló.
Según el ecólogo Kamilo Lara, de la no gubernamental red de organizaciones ambientalistas del Foro Nacional de Reciclaje, ya se destruyeron más de 96.500 hectáreas dentro del núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawas.
El activista añadió que «55 por ciento de los bosques en la llamada zona de amortiguamiento, donde se han asentado unos 20.000 mestizos campesinos, fueron derribados para comerciar la madera, desarrollar pasturas para el ganado vacuno y cultivar granos para fines comerciales».
También estimó que unos 12.000 de los 19.896 kilómetros cuadrados que componían originalmente la reserva han sido depredados al expandirse esa área de amortiguamiento, que en su origen era inferior a 5.500 kilómetros cuadrados.
El asesor presidencial para temas ambientales, Jaime Incer Barquero, dijo a Tierramérica que las autoridades nacionales deberían acelerar las medidas de protección «antes que la reserva pierda el estatus (de patrimonio de la humanidad) y el mundo la reserva».
Con Barquero coincidió el representante de Unesco en Nicaragua, Juan Bautista Arríen, quien sostuvo a Tierramérica que también es de la opinión de aplicar «urgentes y firmes acciones» para proteger tanto a la comunidad indígena como a la naturaleza.
Reacción oficial
Ante la denuncia de los indígenas y las observaciones de los ambientalistas, el gobierno de Ortega comenzó a implementar algunas medidas contra la depredación. Autorizó el uso de la fuerza mediante el envío de 700 militares del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua y otro tanto de policías, con el propósito inicial de controlar la violencia entre colonos e indígenas.
También creó una comisión de autoridades nacionales para coordinar acciones y aplicar una política de «mano dura» contra personas y organizaciones señaladas de depredar el ambiente.
Tras visitar la zona a comienzos de este mes y constatar in situ el daño, las autoridades emitieron el decreto 15- 2013 que crea la Comisión Interinstitucional como un órgano de carácter permanente para la «Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe».
La función que tendrá esta comisión para «fortalecer el Régimen de Autonomía de la Costa Caribe» será la de afianzar los derechos ancestrales de propiedad en los territorios indígenas con las instancias operativas y amparar las medidas que se acuerden en conjunto con las autoridades comunales y territoriales para resguardar la biodiversidad de la reserva.
También se anunció el inicio de una serie de juicios penales, administrativos y acciones civiles contra todas aquellas personas acusadas de destruir y atentar contra el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.
De acuerdo al Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, la Norte y la Sur, los territorios indígenas solo pueden ser ocupados y usufructuados por miembros de las comunidades autóctonas.
El director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, sociólogo Cirilo Otero, apoyó las acciones de protección, pero advirtió que la aplicación de medidas coercitivas para proteger el ambiente, sin el acompañamiento de políticas de apoyo a los campesinos que invaden la zona por razones de pobreza, crearía otro conflicto socioeconómico y violencia rural.
El gobierno expuso el problema y solicitó ayuda a la directora general de la Unesco, Irina Bokova, mientras el país trata por sus medios de detener la destrucción del último gran pulmón de América Central.
*Publicado originalmente el 11 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
