Faraj Alhamauun, un ciudadano sirio que ahora reside en Estambul, fue detenido mientras cruzaba la frontera hacia Grecia, con la esperanza de dirigirse hacia el norte europeo, en septiembre de 2012.
Este activista, que cooperó con la organización Human Rights Watch (HRW) tras el estallido de la guerra en Siria, había resultado antes herido en un atentado con explosivos en las afueras de la noroccidental ciudad de Aleppo.
Pese a la seria herida que tenía en su pierna, lo mantuvieron en un campamento de detenciones en la nororiental región griega de Orestiada, donde sostiene que apenas lo arrestaron le confiscaron sus pertenencias y su dinero, que nunca le devolvieron. Luego fue acosado verbal y físicamente en múltiples ocasiones.
Alhamauun se quejó sobre los malos tratos a una delegación de funcionarios europeos que visitó el campamento de Fylakio, donde estuvo detenido durante octubre.
"Luego de que se fueron, fui maltratado físicamente por haber hablado con ellos", relató a IPS en una entrevista telefónica. En protesta, Alhamauun inició una huelga de hambre y fue hospitalizado antes de ser devuelto a Turquía.
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Su caso no es único en Grecia, donde el financiamiento de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, permite operaciones masivas de control de migraciones que han derivado en una serie de violaciones a los derechos humanos.
Ahora, se evalúa prolongar ese financiamiento varios meses más, pese a que funcionarios europeos tienen pleno conocimiento de la detención indiscriminada de los solicitantes de asilo, así como de las condiciones inhumanas en los centros de detención de todo el país.
En agosto, la policía griega desplegó 1.881 nuevos oficiales a lo largo del río Evros en la "Operación Aspis", un intento por sellar la frontera con Turquía, a través de la cual los refugiados sirios estaban ingresando a Grecia.
Mientras, la permanente "Operación Xenios Zeus", que se realiza en todo el territorio nacional, ha derivado en 4.849 arrestos de inmigrantes indocumentados o de refugiados. También se efectuaron unas 90.000 detenciones con base en perfiles fuertemente raciales elaborados por las autoridades.
El inicio de estas operaciones coincidió con el comienzo de una gran crisis humanitaria en Siria, donde los combates se trasladaron a los grandes centros urbanos y se disparó la cantidad de refugiados que huían a países vecinos.
A fin de alojar a los inmigrantes arrestados, el gobierno empezó a transferir detenidos a campamentos improvisados que antes habían sido academias de policía y viejos depósitos militares, como Xanthi y Komotini, en el norte de Grecia, Corintos en el Peloponeso, y Paranesti en la nororiental región de Drama.
Estos establecimientos, según revelaron a IPS exreclusos como Alhamauun, a menudo son "agujeros negros" en materia de derechos humanos.
Los solicitantes de asilo también son mantenidos en celdas de comisarías policiales locales o en otras instalaciones improvisadas en todo el país. El período de detención puede durar entre 12 y 18 meses.
Un informe publicado en diciembre de 2012 en el diario británico The Guardian presentó serias acusaciones de que la exitosa operación policial en el Evros implicó el hacer retroceder a los refugiados sirios que llegaban a la frontera nororiental.
Lathra, una organización que protege los derechos de los refugiados y tiene su sede en la isla de Quíos, cercana a la costa turca, informó que la guardia costera retiene a grandes cantidades de inmigrantes entre ellos refugiados sirios, mujeres embarazadas, niños y niñas- en un contenedor de madera de 36 metros cuadrados, ubicado en el puerto.
Desde agosto del año pasado, al menos 84 personas, sirios entre ellas, fallecieron en naufragios que se produjeron en aguas turcas, mientras intentaban llegar a Grecia.
Aunque operaciones como Aspis y Xenios Zeus han sido ampliamente "exitosas" desde el punto de vista de las autoridades, Grecia tiene recursos limitados con los que continuarlas.
La Comisión Europea parece estar al tanto del resultado de estas operaciones, dado que en septiembre se embarcó en una misión de seguimiento vía rápida de la situación en la frontera norte de Grecia y de los campamentos de detención.
La Comisión admitió, en una respuesta escrita a IPS, que el propósito del viaje fue evaluar el financiamiento requerido para estas operaciones.
Desde entonces, múltiples delegaciones de funcionarios europeos y organizaciones internacionales han dado testimonio negativo sobre la situación en Grecia.
En una visita a Grecia entre el 28 y el 30 de octubre, un Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos exigió el cierre de varios campamentos de detención y exhortó al gobierno de Atenas a acelerar la creación de un nuevo sistema de asilo que transferiría la responsabilidad de conducir esta policía a una estructura civil.
Dos semanas antes, el 8 de octubre, la comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmström, visitó al menos uno de los centros de detención cuestionados.
En su blog personal, la comisaria escribió que habló con solicitantes de asilo detenidos y que "las condiciones humanitarias son muy elementales, en algunos lugares directamente terribles. Algunos centros deberían clausurarse por completo; otros se están abriendo y están bastante bien".
Pero, en agosto de 2012, la organización Médicos Sin Fronteras describió a IPS las condiciones en estos nuevos centros, de Xanthi, Komotini y Corintos como de estándar inferior al aceptable.
Solo el centro de detenciones de Amygdaleza, en Atenas, fue descrito por todos como un lugar aceptable.
Pese a estas conclusiones de expertos y funcionarios, los inmigrantes tienen muy poco acceso a ser resarcidos.
Cuatro sirios arrestados junto con Alhamauun fueron hallados culpables de iniciar desordenes dentro del campamento de Fylakio, cargos por los que él fue absuelto.
Las demandas judiciales contra agitadores, que principalmente protestan contra las condiciones que viven en los campamentos de detención, son un nuevo fenómeno en Grecia, que se produce tras la implementación de la política migratoria presentada en agosto por el ministro del Orden Público, Nikos Dendias.
A comienzos de octubre pasado, 15 inmigrantes comparecieron ante tribunales de la noroccidental ciudad costera de Igoumenitsa por escapar de un campamento que se ganó reputación de ser "el peor del país".
Tras escuchar que vivieron condiciones de detención extremadamente duras, que incluyeron estar encerrados las 24 horas del día, el tribunal los absolvió al dictaminar que su caso era una "violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos" y a la Directiva Europea del Retorno.
* Este es el segundo de dos artículos sobre fondos europeos destinados a operaciones para contener la inmigración en Grecia.
