La suerte de países en dificultades para pagar deudas soberanas está en juego en la justicia de Nueva York, que debe definir en abril si acepta o no la propuesta del gobierno argentino a los tenedores de títulos vencidos que rechazaron dos renegociaciones ofrecidas en el pasado.
A lo largo de casi 12 años, desde la declaración de cese de pagos o «default» de su entonces voluminosa deuda, Argentina logró reestructurar casi 93 por ciento de sus obligaciones bajo nuevas condiciones, que incluyeron fuertes quitas, rebaja de intereses y mayores plazos de pago.
Pero algunos de estos acreedores remanentes que rechazaron las sucesivas propuestas, prefirieron litigar en tribunales de Nueva York para tratar de cobrar 100 por ciento del valor nominal de los títulos del Tesoro argentino.
Pero la pretensión, que ya obtuvo dos fallos favorables, no solo amenaza con volver a fojas cero toda la reestructuración de la deuda argentina. Expertos advierten que una ratificación de la sentencia por parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, con sede en Nueva York, impactará en la capacidad de decisión de otros países con severas dificultades financieras en tiempos de crisis global, porque perderán credibilidad y previsibilidad.
Para evitar ese fracaso, que implicaría compensar a los acreedores remanentes y también a los que sí aceptaron la reprogramación, el gobierno de la centroizquierdista Cristina Fernández tiene plazo hasta este viernes 29 para presentar una propuesta a los litigantes en este caso por 1.330 millones de dólares, que supone reabrir un nuevo canje de bonos, para lo cual se necesita autorización del parlamento.
[related_articles]
Este martes 26, el gobierno afrontó un fracaso esperado, cuando el tribunal rechazó la solicitud de que la apelación fuera estudiada por sus 13 miembros, y no solamente por los tres que en noviembre habían ratificado el fallo contrario en primera instancia, dictado por el juez Thomas Griesa.
Argentina sorteó con éxito dos planteos de canje de títulos en default, beneficiosos para sus intereses, uno en 2005 y otro en 2010, tras lo cual se promulgó una ley que hoy impide tal acción.
Actualmente este país se encuentra en una situación financiera estable y paga sus vencimientos en tiempo y forma pese a que prácticamente perdió acceso al mercado voluntario de deuda por el antecedente del cese de pagos decretado a fines de 2001 en medio de un colapso económico y social.
Según el último informe divulgado por el Ministerio de Economía, correspondiente al cierre del primer semestre de 2012, Argentina mantiene unos 183.000 millones de dólares de deuda, que equivalen a 41,5 por ciento del producto interno bruto, lo cual hace que sea uno de los mejores perfiles de América Latina. El documento no incluye los títulos en default. El reporte anual debería publicarse a la brevedad.
La presidenta Fernández se había negado hasta ahora a reabrir el canje de bonos vencidos, en manos de capitales especulativos o «fondos buitres», como se conocen a los acreedores oportunistas que compran a precios irrisorios títulos de estados soberanos con graves dificultades para hacer frente a sus pagos.
Es lo que ocurrió con el remanente de la deuda argentina en default. Unos 300 millones de dólares son propiedad de inversores individuales y el resto lo poseen agencias y capitalistas especuladores que adquirieron esos títulos a un valor de entre 20 y 30 por ciento del nominal.
El reclamo legal de estos fondos, por el total del valor impreso en los títulos, implica embargos a nivel internacional y demandas judiciales millonarias contra el Estado deudor, en caso de que no abone, si finalmente la justicia les da la razón.
Algunos expertos argentinos creen que el tribunal estadounidense aceptará la propuesta argentina para poner fin a la controversia y, al mismo tiempo, defender la credibilidad del sistema de pagos global. Pero hay también quienes son más escépticos.
El economista Fernando Porta, del Centro Redes, dijo a IPS que, si la justicia de Nueva York desconoce la propuesta de reestructuración argentina, «se estaría introduciendo un nivel de incertidumbre espectacular en el sistema».
«El perjuicio potencial no es solo para Argentina sino que cuestionaría el sistema internacional de reestructuración de deudas en momentos en que hay países que están en dificultades para satisfacer esos compromisos», advirtió.
Porta indicó que, en materia de reestructuraciones, no hay convenios multilaterales que fijen reglas sino que lo que hay es una casuística que otorga previsibilidad a estos procesos a lo largo de la historia y de cara al futuro.
Por estas razones, cree que la propuesta argentina «será aceptada finalmente», aunque quizás se deban sortear otras instancias. Fernández anticipó en su discurso inaugural de la nueva legislatura, el 1 de este mes, que se les ofrecerá a los litigantes un intercambio de bonos con las mismas condiciones de quita, intereses y plazo de pago que las utilizadas en la última operación de canje de 2010.
En cambio, su colega Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, fue menos optimista. «No creo que esta propuesta sea aceptada por los holdouts (tenedores de títulos que no ingresaron al canje)», remarcó.
Para Spotorno, la Corte de Apelaciones difícilmente acepte la oferta si no tiene el consenso de los acreedores. «Los holdouts tienen el fallo de primera instancia a su favor, por lo cual no van a aceptar ahora una propuesta con quita y mayores plazos», especuló.
El analista estimó ingenuo creer que el tribunal tendrá en cuenta el impacto que pueda tener su decisión en otros casos de reestructuración futuros. «Las nuevas emisiones de bonos tienen cláusulas que evitan este problema», aseguró.
La referencia del experto es a las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) que fueron propuestas por México en 2003 y que, desde entonces, se incluyen en la emisión de títulos de deuda soberana precisamente para facilitar eventuales reestructuraciones.
Una apelación polémica a estas cláusulas presentó Grecia en 2010, cuando las aplicó de manera retroactiva para reestructurar su deuda y no caer en cese de pagos, según el informe mexicano «Un ensayo sobre las Cláusulas de Acción Colectiva».
El estudio, publicado este año por los economistas mexicanos Alejandro Castañeda y Pablo Newman en la Gaceta de Economía, analiza que este nuevo mecanismo se propagó a raíz de la amenaza de acreedores oportunistas en los casos de Argentina y Perú.
Estas nuevas disposiciones prevén que, en trance de crisis, la aceptación de una rebaja de las condiciones por parte de un grupo mayoritario de acreedores fuerza a todos a aceptar, una norma diseñada para repeler a los «fondos buitres».
En la Unión Europea, estas cláusulas rigen desde enero, pero ya habían sido incorporadas por la mayoría de los países latinoamericanos y de otras regiones con porcentajes que varían en el mínimo requerido para la aceptación.
Los académicos mexicanos señalan que Argentina adoptó las CACs en la emisión de deuda reestructurada, pero la norma para los títulos que están en poder de acreedores remanentes es la que exige unanimidad para aceptar el cambio de condiciones.
Esas reglas más antiguas indican que, si un solo tenedor de títulos rechaza la propuesta del Estado deudor, se puede bloquear el proceso mediante un litigio que, de ser exitoso, podría beneficiar también al resto y afectar seriamente al emisor.
No obstante, todavía hay países que tienen deuda emitida en los años 90, como la que se le reclama a Buenos Aires, según la legislación de Nueva York y con cláusulas de unanimidad, que se verían afectados por una resolución contra Argentina.
La cuestión está abierta, todo depende de que la propuesta de pago de Argentina resulte aceptable para la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, o si esta se inclina por dar la razón a los acreedores.
