Dos escándalos de corrupción, uno de ellos originado en España, alertan sobre la reiterada relación en Argentina entre el uso de inversiones irregulares, el aprovechamiento espurio de proyectos de mejoras ambientales y planes que contribuyen al deterioro de los recursos naturales.
La justicia española investiga un caso de corrupción que involucra a Luis Bárcenas, gerente y posterior tesorero del gobernante Partido Popular (PP) entre 1993 y 2009. El escándalo tiene un capítulo argentino, estrechamente vinculado con el avance sobre los bosques nativos que deberían ser protegidos.
Uno de los propietarios de La Moraleja, un establecimiento agrícola de 30.000 hectáreas en la noroccidental provincia de Salta, es el español Ángel Sanchís, tesorero del PP entre 1982 y 1987 y en la mira de la justicia de su país por sus estrechos nexos con Bárcenas.
La justicia española informó en enero que Bárcenas tenía al menos una cuenta por 29,8 millones de dólares en Suiza, de la que según filtraciones de la investigación se desviaron fondos a una empresa vinculada con La Moraleja y se sospecha que también llegaron a la propia finca, aunque la familia Sanchís lo desmintió.
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También el mes pasado, el responsable de bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, relató que en 2004 Sanchís pidió a la organización que avalara su proyecto de forestación con maderas exóticas en Salta y ofreció "una gratificación" a cambio.
Soto señaló que Sanchís le explicó que su finca en Argentina solo tenía 12.000 hectáreas productivas y que, por ello, quería deforestar y producir, a cambio, maderas "nobles", como cerezo, teca y caoba. Pero el área era de alto valor de conservación, según la organización.
Greenpeace de Argentina estaba en ese momento haciendo una intensa campaña de defensa de los bosques nativos en Salta, donde la expansión de la soja y otros cultivos arrasaba con los bosques y con la supervivencia de pueblos originarios de esa zona.
La acción de la organización ambientalista había comenzado con la denuncia de la venta de una reserva provincial en Pizarro, una localidad cercana a La Moraleja. El entonces gobernador de Salta, el derechista Juan Carlos Romero, quien visitaba con frecuencia la finca, consideraba que la reserva estaba deteriorada.
Hecha la ley…hecha la trampa
La denuncia por desmontes derivó finalmente en la promulgación, en noviembre de 2007, de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, donde se establece que cada provincia, mediante un ordenamiento territorial, define áreas de alto, mediano o bajo valor de conservación, señaladas como roja, amarilla y verde, respectivamente.
Hernán Giardini, encargado de la campaña de Greenpeace, dijo a IPS que La Moraleja está en una zona de transición entre el bosque chaqueño, al este, y la selva de Yungas, al oeste, con especies de ambas regiones.
"Queda muy poco del bosque de transición en Salta y, justo cuando terminaba la gestión de ese gobierno provincial y la ley ya se había aprobado, se quintuplicaron los permisos de desmonte", incluso en La Moraleja, que es toda zona roja, denunció.
Según pudo constatar Greenpeace, los propietarios del establecimiento rural obtuvieron permisos para el desmonte de 5.900 hectáreas en diciembre de 2007, días después de la sanción de la ley que lo prohíbe. Ese mismo año se autorizó la deforestación de 435.000 hectáreas en esa provincia.
Las cifras están contenidas en el informe de Monitoreo de Deforestación en los Bosques Nativos de la Región Chaqueña Argentina, publicado a fines de 2012 por la no gubernamental Red Agroforestal Chaco Argentina. En ella se indica que en Salta se talaron dos millones de hectáreas de bosques nativos entre 1976 y 2012.
"Los datos nos señalan que la Ley de Bosques no tuvo un impacto significativo para una disminución en la tasa de desmontes en Salta en los años inmediatamente posteriores a su sanción", concluye el reporte. También remarca que el más afectado es el departamento de Anta, donde se sitúa La Moraleja, que representa 40 por ciento de la deforestación de la provincia.
Giardini explicó a IPS que él nunca pudo comprobar versiones que sugerían que Romero emitía los permisos a cambio de dinero, pero sí pudo certificar la aceleración de los permisos cuando la norma era ya una decisión tomada.
Romero gobernó Salta por tres períodos consecutivos (1995-2007) y actualmente es senador nacional. Pertenece al ala del gobernante Partido Justicialista enfrentada con la presidenta, Cristina Fernández, que lidera el sector centroizquierdista Frente para la Victoria.
Cuenca contaminada por la justicia
Otro caso emblemático que involucra la corrupción en el deterioro del ambiente es el del proyecto de saneamiento de la cuenca del río que recorre 64 kilómetros desde el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se llama Matanza, hasta servir de límite con la capital argentina, donde pasa a denominarse Riachuelo.
"La corrupción debe ser tomada como una fuente más de contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo", indicó a IPS el activista Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La Corte Suprema de Justicia dictaminó en 2006 el saneamiento de la cuenca, la más contaminada de Argentina, la mitigación de los daños y la mejora en la calidad de vida de los vecinos que viven en las riberas del afluente que desemboca en el Río de la Plata.
Para avanzar con ese plan se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, con representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 14 distritos de la provincia homónima y del gobierno nacional.
Las organizaciones ambientalistas sostienen que el plan logró mejoras generales, aunque aún restan numerosas medidas para cumplir con la sentencia.
Pero a fines de 2012 llegó la decepción, cuando el diario Página/12 informó sobre presuntos actos de corrupción del juez Luis Armella, encargado de ejecutar la sentencia de la Corte.
La publicación sostenía que familiares del magistrado crearon empresas que se beneficiaban de contratos de obras de saneamiento sin licitación, alegando su urgencia.
La Corte desplazó a Armella y dividió las competencias entre dos nuevos jueces: Sergio Torres y Jorge Rodríguez. La Auditoría General de la Nación ratificó las denuncias mediante una investigación independiente, mientras que el Consejo de la Magistratura investiga si Armella debe ser destituido como juez.
"Fue un sorpresa para nosotros y un gran costo para la credibilidad lograda con la intervención de la Corte", indicó Nápoli. La cuenca tiene el estigma de contaminación, desidia y corrupción, y ahora la actuación irregular de Armella parece confirmar ese destino, dijo.
Nápoli recordó, por ejemplo, que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó en los años 90 un préstamo de 250 millones de dólares para un anterior plan de saneamiento del Riachuelo y que ese dinero "no tuvo ningún destino" salvo el de incrementar la deuda pública de Argentina.
Greenpeace Argentina puso sal en la herida, cuando el domingo 3 lanzó una campaña para denunciar que la contaminación de la cuenca de Matanza Riachuelo se mantiene en niveles iguales a los de cinco años atrás y la toxicidad de su agua sigue siendo muy alta.
