Tras años de retrasos y bloqueos, la entrada en vigencia de una norma que regula el mercado de fármacos permitirá a los salvadoreños acceder a ellos a precios más razonables, con rebajas superiores a 50 por ciento en algunos casos de gran venta como el usado para controlar la diabetes.
"La Ley de Medicamentos es un avance significativo en el derecho a la salud" en El Salvador, dijo a IPS la directora de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, Margarita Posada, una de las primeras activistas en presentar en 2002 una iniciativa legislativa para poner coto al abuso de laboratorios y farmacias.
La flamante Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) publicó a comienzos de este mes los precios máximos de venta al público de 4.406 fármacos, donde se aprecia una baja promedio de 35 por ciento.
En ese universo, empero, los más vendidos y más caros tienen una rebaja media de 69 por ciento, una buena noticia para los consumidores que por décadas han estado pagando altos precios fijados por una industria poco regulada y que ha sido acusada por organizaciones sociales de cometer abusos en la comercialización. Así se aprecia en la lista de la DNM que un medicamento para tratar el colesterol, que todavía cuesta el equivalente a 68 dólares, baja a 37, y otro para controlar la diabetes pasa de 23 dólares a 10,73.
La medida de adecuación de valores en la venta al público de medicamentos, solo aplicará a los requeridos bajo receta médica, según lo establecido en la ley que, si bien fue aprobada en febrero de 2012, recién pudo hacerse efectiva el 29 de diciembre una vez que el Poder Ejecutivo la reglamentó.
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La norma da plazo hasta el 1 de abril para que las farmacias adopten los nuevos valores de esos productos y los coloquen en las viñetas respectivas.
La Organización Mundial de la Salud establece que los fármacos no deben quintuplicar el precio de referencia internacional (PRI), pero en este país han excedido con creces ese parámetro, según estudios realizados por la estatal Universidad de El Salvador.
"Por supuesto que ha habido abusos por parte de la industria farmacéutica", agregó Posada, tras señalar que el mismo medicamento para controlar la presión arterial que en Ecuador vale el equivalente a cuatro dólares, el precio en El Salvador es de 17 dólares.
Los precios divulgados por la DNM han sido el resultado de compararlos con medicamentos en el resto de América Central y en el listado del PRI. Un nuevo bloque de productos, con rebajas significativas en los nuevos valores al público, estará listo en febrero y totalizará alrededor de 7.000.
"En tres meses, todos los productos deberán mostrar la etiqueta con el precio de venta máximo al público", indicó a IPS el titular de la DNM, José Vicente Coto.
Mientras se divulgan estos precios, el sector farmacéutico mantiene la misma hostilidad que mostró desde que la legislación fue puesta a debate.
Propietarios de farmacias, los últimos en la cadena que tiene que aplicar las modificaciones en los precios, se reunieron en diciembre con funcionarios de la DNM para que les aclararan los alcances de la normativa, pero el encuentro se convirtió en un espacio para que los empresarios mostraran colectivamente su desacuerdo con la aplicación de la ley.
Según ellos, la ley les traería pérdidas económicas porque, en tres meses, no podrán vender los productos adquiridos con los precios anteriores.
"Esto nos va a causar pérdidas, sin duda alguna, y no podemos bajar el precio solo porque la ley lo dice", dijo Ricardo Iglesias, propietario de la farmacia La Divina Providencia, de Chalatenango, al norte del país.
En general, los propietarios de farmacias se quejaron de que la norma los presiona a ellos para adaptar sus precios, pero no dice nada a los laboratorios que producen los fármacos ni a las distribuidoras, que los comercializan.
El director de la DNM les dijo que la ley regula nada más el precio de venta al público, pero se entiende que toda la cadena de producción tendrá que readecuarse a la normativa, lo cual incluye por supuesto a los laboratorios y a las distribuidoras.
En tanto, la Asociación de la Industria Química Farmacéutica de El Salvador (Inquifar), que aglutina a los laboratorios, dijo que el sector no podrá subsistir con los precios que impone la ley.
Carmen Estela Pérez, directora ejecutiva de Inquifar, señaló que se ha identificado un bloque grande de fármacos que no podrán venderse porque los precios que manda la ley están incluso por debajo de sus costos.
"Los precios que hemos conocido con inviables", señaló Pérez a una estación de televisión. Además están en juego, agregó, los 7.000 empleos directos y los 110 millones de dólares en exportaciones generados por el sector farmacéutico.
La Corte Suprema de Justicia aceptó en octubre del 2012 un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una ciudadana contra algunos artículos de la Ley de Medicamentos, con lo cual la industria farmacéutica se juega su última carta para anular la legislación y la baja en los precios.
Pérez dejó entrever que la norma, impulsada por el grupo parlamentario del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), pudiera intentar desplazar a la industria local para dar cabida al Alba Médica, una iniciativa que pretendería seguir los pasos a Alba Petróleos, que ya está funcionando entre alcaldes del FMLN y el gobierno de Venezuela.
Todo lo relacionado al ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) causa urticaria en sectores conservadores salvadoreños, sobre todo por la cercanía entre dirigentes del otrora guerrillero FMLN con el gobierno venezolano de Hugo Chávez y su Socialismo del siglo XXI, impulsor de esa alianza de países latinoamericanos.
El analista Kirio Waldo Salgado dijo en una entrevista televisiva que, si al caso Alba Médica entra al mercado, eso no debería asustar a nadie, pues de eso se trata el libre mercado que tanto se ha pregonado en El Salvador.
