La mezcla de un desprecio bastante extendido de los automovilistas por las leyes viales y las debilidades de los controles de vehículos y de carreteras hacen que El Salvador se ubique entre los países con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito en América Latina.
Los medios de comunicación reportan a diario tragedias en las rutas como la del 5 de diciembre, cuando seis personas fallecieron al chocar la camioneta en la que viajaban a la entrada de Santiago de María, 115 kilómetros al este de San Salvador.
"Los accidentes son una de las emergencias que más trabajo nos da, casi no damos abasto", dijo a IPS el socorrista Carlos Fuentes, de Comandos de Salvamento.
El Salvador, con 6,2 millones de habitantes, registra un promedio de 24,5 fallecidos cada 100.000 personas, que lo ubican en el sexto lugar en la escala de países con más muertes por accidentes de tránsito en la región. El informe Situación de la Salud en las Américas 2012, publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que elabora esta estadística, compara a este país con República Dominicana, que encabeza la lista con 32,2 muertos cada 100.000 habitantes.
Los percances en la carretera son producidos por factores como el exceso de velocidad, el descuido al volante y la conducción en estado de ebriedad, entre otros, señaló a IPS el oficial Otto Urrutia, jefe de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
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"Tenemos muchos ebrios al volante, es un problema de salud mental, el borracho no percibe el peligro", agregó.
Sin embargo, Urrutia consideró que los accidentes por embriaguez, si bien siguen siendo frecuentes, ya no están a la cabeza de las causas de este flagelo debida, en parte, a las campañas de concientización, agregó.
La legislación vial considera que alguien está ebrio cuando tiene 100 miligramos de alcohol por decilitro de sangre, más o menos el equivalente a la ingesta de cuatro cervezas. La policía constantemente supervisa esto en las carreteras.
Algunos patrones culturales incrementan el riesgo de desgracias en las rutas, como el rechazo de los motociclistas al uso del casco o de los automovilistas al del cinturón de seguridad, aunque la norma los exige. Las violaciones a esta normativa de tránsito es un patrón común entre los salvadoreños, advierten las autoridades.
Y nadie está libre de patrones negativos de conducta. Los medios de comunicación se hicieron eco ampliamente este mes del accidente protagonizado por el conocido sacerdote católico Abel Castaneda, párroco de la iglesia de San Julián, en el occidental departamento de Sonsonate, quien chocó el vehículo cuando conducía en estado de ebriedad por una ruta del litoral marítimo. Allí murió su sobrino, Roberto Bolaños, de 32 años.
Las muertes producto de choques son excarcelables si el responsable compensa económicamente a los parientes de la víctima, tal como lo hizo el religioso en esa ocasión.
Otro hecho que llama la atención es la gran cantidad de accidentes en los que están involucrados unidades del transporte público de pasajeros, ya sea porque los choferes conducen temerariamente o por desperfectos mecánicos de los autobuses, que en su gran mayoría tienen muchos años de servicio, según la policía.
"Hemos tenido varios casos donde los indicios apuntan a que al bus le fallaron los frenos", explicó Urrutia. Por ejemplo, una de esas unidades antiguas volcó en noviembre por fallas en el sistema de frenos cerca de San Vicente, 58 kilómetros al este de San Salvador, costándole la vida a dos personas.
En un intento por combatir esta problemática que se repite en muchos países de América, el 51 Consejo Directivo de la OPS, celebrado en septiembre de 2011 en Washington, aprobó un plan de seguridad vial que comprende una serie de compromisos de los estados para bajar los índices de muertes en accidentes de tránsito, según un comunicado de la oficina de prensa de la Organización de las Naciones Unidas.
El plan exhorta a los gobiernos a fortalecer sus legislaciones ya existentes o crear las que hagan falta para promover el uso de cinturones de seguridad, cascos para motociclistas y asientos para niños y niñas, así como evitar conducir en estado de ebriedad y a alta velocidad, que son los principales cinco factores de riesgo.
También plantea fomentar políticas de transporte público y de transporte no motorizado, mejorar los servicios de atención prehospitalarios a los lesionados, la infraestructura urbana y vial, así como promover los sistemas de inspección y revisión técnica de los vehículos.
Debido a que la legislación salvadoreña no contempla un seguro por daños a terceros, el Congreso legislativo aprobó el 14 de diciembre el Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), que entrará en vigencia en abril.
El gobierno pretende recaudar 41 millones de dólares anuales a través del pago que hagan los conductores de vehículos matriculados, que van desde 35 a 250 dólares, dependiendo del tamaño del mismo.
La norma establece que 35 por ciento del Fonat será destinado al Ministerio de Salud, para compensar los gastos anuales de unos siete millones de dólares de la atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
También se destinará otro 30 por ciento a la indemnización, con hasta 4.000 dólares, de las víctimas o sus familiares, mientras que 25 por ciento se utilizará para que el gobierno pueda comprar nuevos autobuses para sacar de circulación a los que ya excedieron los 20 años de vida útil.
El resto del Fondo servirá para la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, del que emanarán políticas de prevención de accidentes de tránsito.
