«Esto no es un tsunami, que lo ves de repente, sino un enemigo silencioso que te va matando a medida que respiras y consumes el agua», advierte Hugo Ozores, un vecino de la localidad argentina de González Catán.
Situada 32 kilómetros al sudoeste de la capital argentina, González Catán alberga a unos 300.000 habitantes que viven junto a un relleno sanitario que recibe 2.500 toneladas diarias de desechos, un severo problema que viene siendo denunciado por los vecinos desde hace una década.
El caso fue uno de los que se dirimió ante el Tribunal Internacional del Agua en su sexta audiencia celebrada en noviembre en Buenos Aires para analizar cinco contenciosos latinoamericanos en los que está en juego el acceso al agua segura.
El fallo del Tribunal Internacional del Agua pidió a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y a los vecinos abocarse a una solución definitiva del problema. Entretanto, los pobladores de González Catán siguen bebiendo el agua contaminada.
La sentencia "no tiene valor jurídico ni es vinculante pero tiene peso político y científico, y la consideramos como un paso adelante", explicó Ozores, uno de los vecinos que expuso ante los jueces.
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La crisis se precipitó hace una década, cuando los vecinos de González Catán, en el populoso partido de La Matanza y jurisdicción de la oriental provincia de Buenos Aires, advertían olores nauseabundos que provenían del relleno y comenzaron a relacionarlos con la mayor frecuencia de enfermedades.
El repositorio es administrado por Ceamse, una empresa creada hace 33 años, cuando aún imperaba en el país la última dictadura (1976-1983), para la recolección y disposición final de residuos del área metropolitana, es decir la capital argentina y los numerosos y populosos distritos aledaños.
Inicialmente recibía residuos de la ciudad de Buenos Aires y de otros municipios, pero la presión de los vecinos ayudó a la sanción de una norma que limita la recepción a lo producido solo en La Matanza.
El resto va a otros repositorios que tiene el Ceamse en los alrededores de Buenos Aires, todos operando al límite de su capacidad, según denuncian agrupaciones ambientalistas y tal como lo reconoce la propia empresa que busca nuevos terrenos.
"A Ceamse lo heredamos de la dictadura. Dicen que hicieron una cava y pusieron membrana, pero la pericia judicial mostró los lixiviados en el arroyo Morales y en el agua del acuífero Puelche, de donde se extrae para el consumo" de la población, denunció Ozores.
El vecino se refiere al estudio realizado por peritos de la Gendarmería Nacional, que detectó elevados niveles de bacterias Escherichia coli, arsénico, nitratos, cromo hexavalente, tolueno, benceno e hidrocarburos en el agua analizada.
La pericia respondió a una requisitoria de la justicia luego de que los pobladores, organizados en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán, denunciaran la presunta contaminación del agua proveniente de acuíferos.
"El agua que tomamos nosotros es de pozo, y con el cloro no alcanza para eliminar los químicos y los metales pesados que contiene", declaró Ozores. El juez Juan Salas ordenó en 2006 que los vecinos no utilicen esa agua "ni para cepillarse los dientes".
Pero ninguna autoridad procedió al reparto de agua potable entre los pobladores, y pocos la pueden costear.
Solo se realiza la entrega de bidones en escuelas de la zona, una forma de admitir que el consumo del agua por cañerías no estaría garantizado.
Los vecinos hicieron entonces una denuncia por "incumplimiento de deberes de funcionario público". Pero las causas se acumulan y las soluciones no llegan. En tanto, aumentan los casos de cáncer, lupus, púrpura y alergias, aseguraron.
El barrio más afectado es el Nicole, ubicado frente al relleno. Desde el lugar se ven las montañas de basura descargada por los camiones, que llegan sin pausa. Los residuos se van tapando luego con tierra.
En diálogo con IPS, Lorena Pujó, de Greenpeace Argentina, aseguró que el problema de la basura en el área metropolitana "está entrando en una crisis grave, porque los rellenos ya están colapsados y tienen que cerrar".
Pujó explicó que Ceamse procura desde hace 10 años autorización para abrir nuevos repositorios, pero la resistencia de los pobladores a ceder terrenos para este fin impide que se habiliten nuevos sitios de disposición final.
Desde 2003, Greenpeace presionó para que Buenos Aires sancione una ley que exija la separación en origen de los residuos y la paulatina reducción de lo que iba a ser enterrado mediante planes de reciclaje, hasta llegar a reutilizar el total de desechos.
"La ley de Basura Cero se aprobó en 2005, pero apenas se empezó a hacer algo en 2007, y en 2008 se desmanteló todo", dijo. El plan preveía que para este año la reducción llegaría a 50 por ciento, pero no hubo ningún progreso.
Mientras, los vecinos de González Catán también presentaron una propuesta de reutilización de los residuos ante el Concejo Deliberante de La Matanza y lograron además una norma que redujo la cantidad de basura que se entierra en su municipio.
"No somos profesionales, pero investigamos experiencias locales y también de afuera como el caso de Sao Paulo o de la ciudad estadounidense de San Francisco, y presentamos una propuesta de tratamiento integral de residuos", dijo Ozores.
"Pero no pasó nada, porque acá el negocio es enterrar la basura", lamentó.
