«¿Qué perdemos con la presa? ¡Perdemos todo!», dijo María Abigail Agredani, miembro del comité de esta comunidad del occidental estado mexicano de Jalisco, tras denunciar los daños que causará el complejo hidroeléctrico que se construye cerca del lugar.
"Perderíamos el derecho a existir, nuestra cultura, tradiciones, paz, felicidad y libertad, nuestros panteones y muertos, la plaza, el Cristo de Tecama, que tanto queremos, el Agave temacapulinensis, el río Verde y 14 siglos de historia de nuestro pueblo", detalló Agredani, del movimiento "Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo", poblados que quedarán bajo las aguas si se termina la represa El Zapotillo.
La comunidad de Temacapulín, con 1.500 habitantes y cercada por cuatro cerros que dan forma de cazuela al caserío, fue sede esta semana de la pre-audiencia sobre presas del Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesiona desde octubre de 2011 en este país.
Después de escuchar durante dos días los testimonios de habitantes de nueve comunidades que han dado batallas frente a las construcciones de complejos hidroeléctricos en cinco distritos del país, el jurado emitió el miércoles 8 un fallo condenatorio al gobierno mexicano y demandó la cancelación definitiva de todos los mega proyectos en materia hidráulica.
"En ningún caso se ha respetado el derecho a la consulta e información de las y los afectados", dijo uno de los magistrados, Monti Aguirre, al leer el fallo, que sostiene que los procesos se han caracterizado por "una sistemática y continua violación de derechos, individuales y colectivos, económicos, sociales y culturales de los individuos y comunidades amenazadas".
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El TPP, fundado en 1979 en la ciudad italiana de Bolonia por inspiración del abogado y dirigente político Lelio Basso, es un tribunal de conciencia que busca calificar situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad. Aunque su fallo no es vinculante, tiene un enorme peso moral.
El capítulo mexicano concluirá sus trabajos en 2014, en una audiencia final que retomará los fallos de todas las pre-audiencias que se realicen en tres años de juicio al Estado mexicano, en torno a temas como la guerra sucia y derechos humanos, migraciones y desplazamiento forzoso, feminicidio y violencia de género y agresión permanente contra los trabajadores.
Su actuación se completa con asuntos relacionados a la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, la devastación ambiental y derechos de los pueblos, y desinformación, censura y violencia contra periodistas.
A esta pre-audiencia sobre represas, incluida en la mesa de devastación ambiental, fueron invitados como jueces internacionales el indio Miloon Kothari, ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, y el profesor Carlos Bernardo Vainer, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
También Maude Barlow, activista canadiense por el derecho humano al agua, y Monti Aguirre, coordinadora para América Latina de International Rivers.
Junto a ellos participaron los locales Francisco López Bárcenas, abogado en derecho indígena, Luis Daniel Vázquez, coordinador del doctorado en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Patricia Ávila, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En entrevista con IPS, Vainer destacó que una constante en las denuncias de estas comunidades es la falta de información y consulta a la gente afectada e, incluso, una desinformación que parece premeditada, de parte el gobierno federal.
"La gente no recibe información en el momento y la forma adecuados. Es una queja que parece consistente", dijo.
El problema, explicó, es cómo se conecta cada uno de estos casos con el mercado internacional, porque la conexión entre la industria de construcción de represas y la industria de grandes consumidores de energía con los sectores financieros provoca que economías emergentes importen proyectos viejos, desde el punto de vista tecnológico, para un supuesto desarrollo.
"Para atender las necesidades de energía de los pueblos no se necesitan grandes represas, pues estas mega obras no son para el desarrollo local, sino para los centros industriales. Pero, ¿cuánto vale la energía y cuánto una nación una cultura o un pueblo? No hay comparación posible", insistió.
Para el abogado López Bárcenas, la pre-audiencia dejó claro que el gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón está saqueando a los pueblos y concesionando los recursos naturales a grupos de poder.
"Las políticas públicas están promoviendo el despojo, no el desarrollo de los pueblos, y eso pasa en otros sectores, como minería, hidroelectricidad y en proyectos eólicos y turísticos", aseguró.
Uno de los casos más dramáticos presentados en la pre- audiencia fue el de la Presa de Arcediano, también en Jalisco. Se trata de un proyecto que abastecería de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, la capital del estado.
La obra implicó la desaparición completa del pueblo del mismo nombre. Sin embargo, en 2009 fue cancelada y de la presa solo quedó la estructura, mientas los expobladores tuvieron que desplazarse a pequeñas casas en colonias periféricas de la capital.
Guadalupe Lara, quien fue la última en dejar su casa y ahora está por publicar un libro con su lucha titulado "Yo vi a mi pueblo morir", narró a IPS que "es muy triste y frustrante ver cómo los que tendrían que cuidarnos son los que nos roban".
Otro caso fue el de la hidroeléctrica La Yesca, en el occidental estado de Nayarit, que fue inaugurada por Calderón el martes 7.
"La Yesca se convertirá en el emblema de un México moderno y competitivo, del siglo XXI, que con obras y con hechos estamos construyendo los mexicanos", aseguró Calderón.
"El gobierno se mueve en el plano de la ilegalidad para construir sus obras, por eso nuestra experiencia es que no hay nada que negociar", dijo Rodolfo Chávez, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, en Guerrero, donde las protestas lograron la cancelación total de esa mega obra.
"No se les puede dejar entrar (a las empresas) ni siquiera a hacer estudios, porque terminan pasando encima de todo", añadió a IPS.
En el caso presentado por los anfitriones, los habitantes de Temacapulín, son afectados por la construcción de El Zapotillo, un megaproyecto que requiere la inundación de este poblado, Acasico y Palmarejo, su cementerio y su templo, además de una iglesia que en 2009 cumplió 250 años y que forma parte del patrimonio histórico de este pueblo.
Los habitantes documentaron daños psicológicos, errores técnicos en el proyecto y violaciones a dos sentencias -una estatal y otra federal- que obligan a las autoridades a detener la obra y la reubicación de las familias.
"Nos quieren sacar y ni siquiera está claro con qué agua se va a llenar la presa, porque llevamos cuatro años con problemas de lluvia", explicó a IPS el delegado municipal Alfonso Íñiguez Pérez.
La investigadora Mónica Olvera, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, calculó que más de 185.000 personas han sufrido el desplazamiento forzoso por la construcción de complejos hidroeléctricos en México en los últimos 40 años.
Los jurados del TPP entregarán este viernes 9 su fallo a la Corte Suprema de Justicia, mientras que los trabajos de la mesa de devastación ambiental continuarán el próximo fin de semana en la comunidad purépecha de Cherán, en el estado de Michoacán, donde se presentarán 10 de casos de agresiones ambientales, que incluyen proyectos carreteros, plantaciones agroindustriales, turismo, y mineras.
