Una de las primeras acciones de las nuevas diputadas del bicameral Congreso legislativo de México ha sido la de comprometerse a impulsar una reforma laboral con visión de género, y un presupuesto que reduzca la desigualdad entre mujeres y hombres.
La 62 Legislatura de la Cámara de Diputados arrancó el primero de septiembre con el consenso de las legisladoras de dejar en claro en la Ley Federal del Trabajo (LFT) la prohibición explícita de la prueba de no gravidez para que las mujeres sean contratadas, y del despido por estar embarazadas.
Así lo acordaron durante el foro «Una agenda legislativa federal para el empoderamiento económico de las mujeres mexicanas», convocado por no gubernamental Iniciativa SUMA Democracia es Igualdad.
Una novedad de esta legislatura es la participación histórica de mujeres. La cámara baja cuenta con 186 diputadas, 37 por ciento del total, mientras en la cámara alta hay 38 senadoras, equivalentes a 32,8 por ciento de sus curules.
Diputadas de todos los partidos también suscribieron sumar en la LFT el reconocimiento del trabajo en el hogar no remunerado (incluido el cuidado infantil y de personas dependientes), realizado casi exclusivamente por mujeres, como una labor que aporta el equivalente a 17 por ciento del producto interno bruto mexicano.
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Visibilizar esta actividad económica es el primer paso para que la sobrecarga de tareas en las mujeres se asuma como un problema social que amerita una respuesta del Estado, coincidieron al cierre del foro realizado en la localidad de Valle de Bravo, cercana a la capital.
Demandaron que el reconocimiento del trabajo no remunerado en los hogares debe aterrizarse en el artículo 5 de la LFT, con el fin de que se protejan los derechos de las y los trabajadores con responsabilidades familiares.
Amalia García, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), refirió a Cimacnoticias/IPS que este cambio es fundamental para lograr el empoderamiento económico de las mujeres, ya que las responsabilidades en el hogar limitan las oportunidades de empleo y educación femeninas.
La exgobernadora del norteño estado de Zacatecas añadió que pese a las distintas visiones en las bancadas sobre la reforma laboral entre las diputadas, «hay un primer acuerdo básico: introducir la perspectiva de género».
Malú Micher, también diputada del PRD, indicó que la reforma debe visibilizar el trabajo doméstico, pero también garantizar derechos como el pago igual a trabajo igual.
«Es importante que dejen de ser las que laven ajeno, las que venden afuera de su casa y no gozan de seguridad social», se deben unir esfuerzos para lograr su incorporación al mercado laboral «en igualdad de condiciones que los hombres», explicó.
Para cerrar esta brecha, aseguró, «no vamos a quitar el tema de la conciliación trabajo-familia y el aporte de las mujeres a la economía del país mediante el trabajo doméstico».
Margarita Alicia González, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que en la discusión también se deben proteger los derechos de las mujeres ocupadas en el trabajo del hogar de forma remunerada.
Los dineros
Para la exsenadora García, el aporte de las mexicanas a las cuentas nacionales también se debe reconocer en la definición del presupuesto, pues «lo que no se refleja en recursos se queda en buenas intenciones».
Micher apuntó que la nueva legislatura tiene la «gran responsabilidad» de pasar de presupuestos etiquetados a un presupuesto con transversalidad de género, para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres,
Esto será posible tras las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Plan Nacional de Desarrollo, y a la Ley de Planeación, expresó.
González, quien presidió la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del occidental estado de Jalisco, observó que el primer acuerdo entre las diputadas para mejorar la condición social de las mujeres debe ser la asignación presupuestal.
Abundó que el presupuesto con perspectiva de género debe ser auditado en las diferentes dependencias, para que el dinero público realmente se traduzca en el cumplimiento de metas para abatir la discriminación.
Para tener una rendición de cuentas puntual, añadió, es necesario sancionar a las dependencias que no den resultados.
García consideró que la evaluación debe ser «permanente y cotidiana», y detalló que cada tres meses la Cámara baja deberá evaluar el ejercicio del gasto para transparentar los recursos y medir la eficiencia. «Hay que lograr que se aplique donde se aprobó y que no haya subejercicios», subrayó.
La evaluación continua, concluyó, «es lo que va hacer la diferencia y tenemos que trabajar para que se haga al menos cada trimestre».
Las diputadas acordaron también incluir el enfoque de género en las acciones de cada comisión en la que laboren, y en cada iniciativa de ley que presenten durante esta histórica legislatura por el porcentaje de mujeres que participan.
Del etiquetado a la transversalidad
Otro planteamiento es que la nueva legislatura debe dejar atrás la etapa de los presupuestos etiquetados para las mujeres, para lograr que todo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tenga un enfoque de género encaminado a cerrar la brecha de desigualdad entre los sexos.
La senadora por el PRD Angélica de la Peña dijo a Cimacnoticias/IPS que ya existe el marco legal para que las y los diputados elaboren un presupuesto con perspectiva de género, que se abordará en diciembre.
De la Peña indicó que la gestión de recursos etiquetados para el avance de las mujeres comenzó desde 1997, pero solo en 2008 el parlamento incluyó un primer anexo dirigido a financiar leyes contra la violencia de género y a favor de la igualdad.
Posteriormente, el apartado fue nombrado Anexo 10 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y contiene acciones específicas para reducir la disparidad de género en ámbitos como salud, educación y economía.
El Anexo 10 también destina recursos a distintas dependencias para la capacitación de funcionarios para que apliquen la transversalidad de género en los programas federales y locales.
De la Peña indicó que «tomando en consideración un precepto de ley» existente, el nuevo Congreso afronta el reto de pasar de los recursos etiquetados a un presupuesto con transversalidad de género.
También es necesario que en la rendición de cuentas quede claro el impacto de los programas en la vida de las mexicanas, para verificar «si los dineros cumplieron el propósito de su etiquetación».
Por ejemplo, en la disminución de la desigualdad en el acceso a la educación entre mujeres y hombres «tienen que señalar cuál es el avance: si la matrícula de las niñas es de 95 o 97 hasta alcanzar el 100 por ciento».
*Este artículo fue publicado originalmente por Cimacnoticias, la agencia mexicana de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
