Perú estrenará el mecanismo de consulta previa a los pueblos indígenas sometiendo a su consideración una nueva etapa de operaciones en el lote petrolero 1AB de la región de Loreto, en el extremo nororiental de la Amazonia peruana.
Dirigentes indígenas locales todavía desconfían del anuncio, pues en la zona permanecen desde hace décadas los pasivos ambientales de la industria petrolera.
De la boca abierta de un jaguar pintado sobre el muro, sale una frase que es como un grito: "No podrás comprar mis ríos ni mi alegría". De fondo aparece el bosque, el sol, el río, niños, mujeres y hombres.
La imagen, que cubre la fachada de la oficina de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) en la ciudad de Iquitos, resume bien la defensa ambiental que han emprendido en los últimos años los líderes nativos.
Iquitos es la capital de Loreto, donde la explotación de crudo tiene 40 años. Dirigentes indígenas de cuatro cuencas hidrográficas de la región, que forman parte de la Orpio, describieron a Tierramérica los daños que dejó en sus comunidades y el ambiente. "El Estado nos ha ignorado y no ha exigido a las empresas que cumplan. Si un padre abandona a su hijo, ¿quién tiene que pagar por esos daños? El padre, el Estado. Y en segundo lugar, la empresa", argumentó David Chino, vicepresidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.
[related_articles]
Chino, del pueblo quechua, estuvo en Lima la última semana de agosto junto a otros tres "apus" (líderes) para reunirse con autoridades del Congreso legislativo y del Poder Ejecutivo, representando a las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
El lunes 27, los indígenas lograron que una comisión multisectorial, encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministerios, aceptara efectuar una consulta antes de que se firme un contrato con los nuevos operadores del lote 1AB, que en la actualidad se encuentra en manos de la empresa extranjera Pluspetrol Norte.
Tal consulta será la primera que se aplique en cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dio lugar a una ley y un reglamento para su aplicación en casos de proyectos en territorios nativos ancestrales.
Además, entre el 5 y el 7 de septiembre, técnicos del Estado visitarán la zona de Pastaza para evaluar el grado de los daños, informaron los dirigentes a Tierramérica.
La contaminación de Loreto se concentra en torno de los lotes 1AB y 8. Según un informe emitido en julio por un grupo de trabajo del Congreso que recorrió la región, en algunas áreas de las cuatro cuencas el grado de toxicidad es tan alto "que haría inútil el uso de la biorremediación para degradar el petróleo".
Para ese mes, los indígenas que trabajan como monitores ambientales reportaron 25 pasivos ambientales no remediados en el lote 1AB, 17 de ellos en el río Tigre, dos en el Corrientes y seis en la cuenca del Pastaza.
En el lote 8 se detectaron nueve pasivos en la cuenca del río Corrientes.
En agosto, la estatal Petroperú informó que el gobierno convocaría este año a una licitación anticipada de tres lotes, entre ellos el 1AB. Esto elevó las alarmas de los indígenas que, en su visita a Lima, exigieron a las autoridades que no ingrese ningún nuevo operador mientras no se remedie la contaminación existente.
"¿Cómo voy a dejarte ingresar de nuevo a mi casa si me has hecho daño? Tienes que remediar para que yo te crea", agregó Chino.
La Presidencia del Consejo de Ministros dijo en un comunicado el martes 28 que se realizará la consulta a las comunidades antes de firmar el contrato de explotación del lote 1AB, y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, ratificó el anuncio al día siguiente.
Todavía no se conocen detalles de cómo se realizará la consulta.
"¿A qué comunidades se consultará? ¿Cuáles son las condiciones? Hay respuestas que necesitan los pueblos indígenas porque hay mucha desconfianza", dijo a Tierramérica la parlamentaria oficialista Verónika Mendoza, quien participó como invitada en el grupo de trabajo que elaboró el informe.
"Nos parece bien que se haga la consulta. Pero, ¿cómo van a remediar en poco tiempo lo que no han hecho en 40 años? Que nos expliquen primero eso", señaló a Tierramérica el dirigente achuar Andrés Santi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes.
Perú no tiene un registro actualizado de pasivos ambientales. De momento se sabe que hay más de 6.000 por actividades hidrocarburíferas realizadas entre 1863 y 1993, y casi 300 son peligrosos y se encuentran en la Amazonia, sobre todo en Loreto, había dicho a Tierramérica el ingeniero Jorge Villar, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
Y entre 2007 y 2011, los monitores ambientales indígenas registraron 112 nuevos derrames, de los que 82 se hallaban en la zona del lote 1AB y el resto en el lote 8.
La causa principal de los derrames sería la corrosión de los ductos que transportan el crudo, según el informe del Congreso. Pero representantes de Pluspetrol Norte aseveraron que varios fueron causados por actos vandálicos que investiga la justicia.
Los legisladores detectaron que el Poder Ejecutivo no fiscaliza estos hechos y que se necesita un mejor control y estudios epidemiológicos para determinar el grado de daño sanitario que tiene la población local.
"Las agallas de los pescados están negros, llenos de petróleo. Nosotros comemos por lo menos un kilo de pescado al día. Cuando llueve, los ríos contaminados se salen, inundan todo, los suelos, el bosque", describió a Tierramérica el presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, Alfonso López.
El informe parlamentario también hace notar que los límites máximos de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) fijados para la remediación de suelos en el lote 1AB son 30 veces más altos que los del lote 8, si bien se encuentran en escenarios similares.
"Haremos seguimiento de las recomendaciones por este grave problema. Son muchos años sin mirar a estos pueblos", dijo a Tierramérica la legisladora opositora Marisol Pérez Tello, que también participó en la elaboración del informe.
Fotos y vídeos de la contaminación que observaron los legisladores ya están en poder de la fiscalía ambiental.
* Este artículo fue publicado originalmente el 1 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
