Detrás del popular mate, infusión típica en buena parte del Cono Sur de América, hay una tradición muy vergonzante. Se trata de la situación del cosechador de yerba de Argentina, que en la mayoría de los casos trabaja en la más absoluta informalidad y vive como puede.
La informalidad laboral es un mal de larga data en los yerbatales y otras áreas rurales de Argentina, pero se erigió como fenómeno creciente en el resto de la economía en los años 90. Ya en la última década, pese al alto y persistente crecimiento económico y el consecuente aumento del empleo decente y registrado, ese problema sigue siendo una rémora difícil de abatir.
Entre los principales afectados, además de los peones rurales, están las personas que trabajan en el servicio doméstico, en su gran mayoría mujeres, y en las empresas pequeñas y medianas en diversos rubros.
"La yerba mate es el oro verde aquí. Deleita en las fiestas y reconforta en los velorios, pero el excluido de este proceso, el esclavizado, es el campesino que la trabaja", cuestionó Roque Pereira, presidente de la Asociación Civil de Tareferos y Operarios Rurales de la nororiental provincia de Misiones, donde están los principales cultivos de Argentina.
Los "tareferos" son los peones encargados de cosechar la yerba mate (Ilex paraguariensis), cuya actividad se desarrolla solo en la zafra que va de marzo a septiembre y cobran por tonelada recogida. Es decir que a los problemas ya apuntados se le sumaba hasta hace poco la falta de ingresos durante los seis meses restantes del año.
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Esa situación cambió para los cosechadores formales con la puesta en vigor del Régimen de Trabajo Agrario, sancionado en 2011, que incluye el pago por parte del Estado argentino de un subsidio mensual entre zafras.
Pero para acceder al subsidio se necesita estar registrado, por lo cual apenas poco más de 10 por ciento de los tareferos gozan de ese beneficio, denuncia el sindicato del sector.
"Somos 16.000 los tareferos, y solo 1.750 cobraron el subsidio en 2011. Los contratistas podrían registrarnos, pero aquí hay una cultura que nos ve como números, no como personas, y nos tienen sin papeles", denunció Pereira a IPS.
Una situación similar viven los trabajadores que se emplean en cada cosecha del tabaco, del algodón o de las distintas frutas que se producen en Argentina. Se los contrata solo por temporada, sin seguro de salud ni beneficios de la seguridad social o garantía de continuidad.
Algunas medidas, pocos resultados
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indican que, en 2003, el desempleo afectaba a 24,7 por ciento de la población económicamente activa, mientras que las personas que se desempeñaban en labores no registrados representaban 49,7 por ciento del total de ocupados.
Desde entonces, ambas variables cayeron. Hoy solo 7,2 por ciento de los activos están desocupados y 34 por ciento de los que laboran lo hacen en la economía informal. Este último porcentaje sigue siendo alto, sobre todo en la zona yerbatera y el resto del norte del país, donde el llamado "trabajo en negro" supera 40 por ciento.
El propio ministro de Trabajo, Carlos Tomada, admitió que ese indicador baja más lento de lo que el gobierno pretende.
"El trabajo no registrado lo único que hizo fue crecer durante 25 años y solo empezó a descender en 2004, pero ahora esa caída entró en una meseta y es lo que no nos satisface", indicó Tomada, tras anunciar que la creación de un organismo tripartito -empresas, sindicatos y gobierno- para definir políticas de reducción de la informalidad.
Los expertos sostienen que la informalidad laboral desciende, pero más por la fuerte creación de puestos de trabajo formales que por la reducción en el número absoluto de trabajadores sin registrar.
"Son siempre unos cuatro millones de trabajadores informales (sobre una población activa que ronda los 17 millones de personas). Tienen bajo nivel educativo y exiguos ingresos", dijo a IPS el economista Jorge Colina, de Idesa, un centro de estudios del mercado laboral.
Idesa comprobó, en una investigación de 2011, que una mayoría de firmas pequeñas emplean a trabajadores sin registrarlos.
"El régimen para las empresas chicas es muy oneroso. Por cada 100 pesos de salario mensual, el empleador debe abonar 43 de contribuciones" para la seguridad social y otros aportes, advirtió Colina a modo de ejemplo.
Para este experto, sería mejor un régimen "más laxo" para la pequeña y mediana empresa. "No hubo en los últimos años ningún esfuerzo del Estado por cambiar el marco que las regula. Se aduce que no se quiere un doble estándar entre empleados de empresas grandes y chicas", indicó.
Por su parte, el sociólogo Eduardo Donza, investigador en temas laborales del Observatorio de la Deuda Social de la privada Universidad Católica Argentina, admitió a IPS que el combate contra la informalidad laboral es "muy difícil".
"¿Se podría aumentar el empleo registrado con más inspecciones?", se preguntó Donza, quien fue asesor del Ministerio de Trabajo. "Podría dar frutos, pero se corre el riesgo de que la empresa cierre y despida a los pocos empleados que tiene", alertó.
"En general, el Estado tiende a preservar la fuente de trabajo. Si la actividad es muy informal y las ganancias son reducidas, se sabe que es difícil que esos trabajadores puedan ser registrados", explicó.
Donza destacó además que, a diferencia de los años 90, ahora hay políticas laborales "más proteccionistas". Por ejemplo, existe el Programa de Recuperación Productiva, por el cual una empresa en crisis puede apelar al Estado para frenar un despido.
Mediante ese programa, la firma presenta un informe de crisis y el Estado le otorga una parte del salario del trabajador registrado hasta por un año o hasta que la compañía se recupere, a fin de evitar la suspensión o el despido.
También hay planes de capacitación y la entrega de becas para que jóvenes finalicen estudios inconclusos de enseñanza primaria o secundaria, además de asistencia a microemprendimientos, apuntó.
No obstante, admitió que hay un factor cultural que hace que en las inspecciones ministeriales en explotaciones rurales se encuentren siempre empleados sin registrar, niños y condiciones inhumanas de labor.
