La misma semana del ataque explosivo contra el exministro del Interior y de Justicia de Colombia, Fernando Londoño, un colombiano se refugió en Venezuela. Pero antes de huir, confesó que atentados similares se estarían preparando contra la exsenadora Piedad Córdoba y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Londoño, un político derechista de 68 años, resultó levemente herido el 15 de mayo. Su conductor y uno de sus escoltas perecieron, y una veintena de personas sufrieron lesiones.
Córdoba dijo que, tras el atentado, recibió una advertencia telefónica: "Lo mismo vamos a hacer contra usted".
Todo sería parte de un "plan de desestabilización", denunció Córdoba el 17 de mayo en la sede de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sin embargo, un mes después, el 15 de junio, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, adelantó que en la investigación del ataque a Londoño habían surgido "elementos de juicio muy serios para sostener que el atentado fue producto de las FARC", Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla izquierdista surgida en 1964.
El fiscal agregó que la acción contra Londoño "tiene total relación con el carro-bomba (sic) que se detuvo ese mismo día", y que supuestamente iba a estallar contra una sede principal de la policía en Bogotá, horas antes del ataque contra el ministro.
Todavía no se conoce el nombre del testigo que efectuó las confesiones, pero declaraciones suyas fueron citadas el lunes 9 de julio por el diario La Opinión, de la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
El hombre salió al exilio el 20 de mayo, tras tomar distancia, según dijo, de una célula de apenas tres sicarios, incluida una mujer.
Con armamento de alta tecnología a su disposición, esa célula supuestamente usa microprocesadores que implanta cerca del objetivo contra el que, en el momento adecuado, se disparan cohetes teledirigidos.
El ahora exiliado y el sargento retirado del ejército Hernando Medina, quien presuntamente le había ofrecido dinero para asesinar a Córdoba y a Petro, fueron compañeros de guarnición, pero el primero abandonó la vida militar y perdió de vista a Medina durante años.
Por esos crímenes, el grupo iba a recibir 1.000 millones de pesos colombianos (unos 560.000 dólares). Medina se quedaría con la mitad, y los otros dos con cerca de 112.000 dólares cada uno. La suma restante (unos 56.000 dólares) se destinaría a "logística", dijo el refugiado a La Opinión.
Siempre de acuerdo a su versión, el testigo se arrepintió porque escuchó, en una llamada telefónica con altavoz, que no debían quedar "cabos sueltos", y temió que lo asesinaran a él luego de cometidos los ataques.
A su salida de Colombia, el delator no quiso aparecer ante la prensa y se negó a dejar su testimonio en video, aduciendo razones de seguridad.
El fiscal Montealegre confirmó a IPS que "en el caso (de Londoño) hubo una declaración" y que "una investigación está en curso en el Cuerpo Técnico de Investigación" (policía judicial) de la fiscalía.
IPS no pudo corroborar si el testigo entregó a la fiscalía los nombres de al menos dos generales retirados que serían autores intelectuales del plan, y que sí había mencionado ante otras fuentes consultadas para este artículo.
La Opinión publicó el nombre del comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, el hoy retirado general Harold Bedoya, quien rechazó de plano la acusación. Según el testigo, Bedoya sería, presuntamente, el jefe de ese plan de desestabilización.
De acuerdo a la reconstrucción hecha por IPS, el refugiado acudió en principio al parlamentario Iván Cepeda, hijo del periodista comunista y senador Manuel Cepeda, asesinado en 1994. "Dijo que venía del Huila (departamento del sudoeste) y que en su infancia había sido vecino de Hernando Medina, uno de los asesinos de mi padre", señaló el congresista a IPS.
Medina fue jefe de la Red 09 de inteligencia de la Novena Brigada del ejército, en el Huila. Él y Justo Gil Zúñiga, otro sargento de la misma organización, fueron condenados en 1999 a 43 años de prisión como autores materiales del asesinato de Manuel Cepeda.
Pero, inexplicablemente, los dos obtuvieron libertad condicional: Zúñiga en 2006 y Medina en 2007, pese a que la justicia comprobó que, mientras estaban presos en una instalación militar, ambos salieron de allí y asesinaron a un teniente, a mediados de 1999.
Según lo que relató el testigo a Iván Cepeda, mientras él sufría sucesivas quiebras económicas, Medina permaneció en el ejército y asistió a cursos en Colombia, entrenándose en "técnicas nuevas". Los entrenadores serían "militares gringos (estadounidenses) que venían de la base de Manta", en Ecuador, cerrada por el gobierno de ese país en 2009.
El testigo había comentado su situación económica a Medina en 2010, y este prometió ayudarlo. Este año, Medina le habría dicho: "Le tengo un trabajito". Se trataba de matar a Piedad Córdoba. Y después agregó: "Esto mismo se ha pensado para Petro".
"Dijo que Medina es un criminal compulsivo, que no puede pasar más de dos días sin matar a alguien y que ha participado en varios magnicidios y acciones militares que se han realizado en Colombia", dijo Cepeda a IPS. "Mencionó el asesinato de mi padre y otros. No digo cuáles, porque eso ya puede hacer parte de una reserva sumarial", añadió.
Según el testigo, "mientras Medina estaba en la cárcel, siguió ejecutando crímenes" y "haciendo labores para el ejército", subrayó Cepeda.
En una carta dirigida el 3 de noviembre de 1999 al entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002), Human Rights Watch (HRW) señaló que, "a pesar de su supuesta suspensión", los sargentos Medina y Zúñiga "continúan en servicio activo en las Fuerzas Armadas".
Enjuiciado en ese momento por asesinato, Medina seguía "dirigiendo una red de inteligencia", sostuvo HRW.
"Tanto Medina como Zúñiga, al parecer, se mueven con libertad en Bogotá. Medina viaja con frecuencia a la ciudad de Neiva (capital de Huila), donde viven sus familiares", agregaba la carta de HRW en ese entonces.
Dos días después de esta misiva, Iván Cepeda y su esposa recibieron amenazas de muerte.
Según La Opinión, Medina está hoy "vinculado a una investigación por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes" y preso desde noviembre de 2011 en Bogotá.
Si se da crédito al testigo, quien dijo a La Opinión que se reunió con Medina el 6 de mayo en Neiva, este sigue con la costumbre de salir de la cárcel a cometer crímenes.
El primer dato del plan de desestabilización se conoció el 9 de mayo, cuando Iván Cepeda aseveró que un militar retirado le había informado de la supuesta conformación de un grupo de uniformados retirados, comprometidos con violaciones de derechos humanos, que estarían realizando actividades de inteligencia.
Así las cosas, el presunto plan estaría dirigido a sectores políticos diversos y hasta contrapuestos, como el derechista Londoño, la exsenadora liberal y activista por la paz Córdoba y el centroizquierdista alcalde Petro.
