Con su pedido de ser admitidos en un programa estatal de educación superior en las cárceles de Argentina, varios condenados por delitos contra la humanidad durante la dictadura (1976-1983) plantean una crucial disyuntiva a las autoridades.
Por el momento son tres exrepresores condenados y uno aún sin sentencia firme los que manifestaron su voluntad de estudiar en UBA XXII, un programa de extensión de estudios creado en 1985 por la estatal Universidad de Buenos Aires, que permite a los reclusos cursar carreras terciarias en prisión.
La solicitud generó polémica. Autoridades de facultades y profesores se niegan a darles clase con argumentos atendibles, pero que, según expertos, afectan la garantía del derecho a la educación de cualquier preso.
Uno de los demandantes, el médico Carlos Jurio, condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad, apeló al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ante la negativa de un profesor a aceptarlo en su clase de reclusos.
El Inadi admitió que se estaba ante una puja de derechos: el de estudiar y el de objeción de conciencia de profesores que rechazan dictar las clases. Ante las dudas, las autoridades de este organismo de contralor derivaron el caso a la propia Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Otros exmilitares que exigieron su derecho a estudiar son Juan Carlos Rolón, procesado en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos como parte de la sangrienta represión dictatorial, al igual que Adolfo Donda y Carlos Guillermo Suárez Mason, ambos condenados a prisión perpetua por la misma causa.
Rolón y Donda quieren estudiar derecho. El primero apeló a una intimación judicial para ser inscripto y se está preparando para rendir exámenes en forma libre, pero hasta ahora la mesa de profesores se aplazó debido a que la cuestión de fondo aún no se resolvió.
Suárez Mason, hijo del exjefe del I Cuerpo de Ejército de igual nombre fallecido en 2005 cuando cumplía prisión también por delitos de lesa humanidad, pide seguir la carrera de sociología.
Los decanatos de las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la UBA ya expresaron su más absoluto rechazo a admitir que los acusados y condenados por delitos de lesa humanidad ingresen al programa que se dicta en las cárceles.
Las autoridades de la carrera de sociología reconocen el derecho de los presos, pero reclaman que sea garantizado mediante cursos que no sean de la UBA, mientras que las de la Facultad de Filosofía y Letras sostienen que hay "una distancia inconmensurable entre un delito común y el genocidio", como lo remarcó su decano, Héctor Trinchero.
El directivo recordó que la dictadura hizo desaparecer 423 personas de esa facultad, entre profesores, estudiantes y administrativos.
En diálogo con IPS, la fundadora del programa UBA XXII, la licenciada en educación Marta Laferrière, consideró "muy difícil la decisión de privar del derecho a la educación a una persona a la que la justicia condenó a prisión".
Según Laferrière, que coordinó el programa durante 25 años hasta 2010, el servicio que se brinda a detenidos es de tipo educativo. "No somos jueces. A mí me puede repugnar cierto tipo de delito, pero la universidad no puede señalar con el dedo", dijo.
Precisó que, cuando ella era directora, recomendaba a los profesores evitar conocer el prontuario de los estudiantes. Pero, en este caso, los represores son conocidos y hasta puede ocurrir que quien le vaya a dar clases sea un sobreviviente del terrorismo de Estado.
El programa UBA XXII surgió a mediados de los años 80. Laferrière apenas regresaba del exilio, que pasó en Venezuela durante la dictadura, y se cruzó con una mujer que buscaba que su hijo detenido en la cárcel pudiera seguir sus estudios universitarios.
Así comenzó a gestarse la idea. El programa ahora tiene más de 500 alumnos que cursan en tres unidades penales varias carreras, como derecho, sociología, psicología, ciencias económicas y computación.
"Negarle a una persona privada de la libertad ambulatoria el derecho a acceder a la educación por el horror que causan los delitos de los que se la acusa o por el que está condenada es como negarle un antibiótico o un tratamiento médico si está enfermo", señaló a modo de ejemplo.
Lo que sí se puede hacer es permitir a los profesores que hagan uso del derecho a la "objeción de conciencia" y reservarse de darles clase, pero no es de recibo que la institución universitaria se niegue a cumplir con el servicio, precisó.
El Consejo Superior de la UBA, integrado por los decanos de las facultades, es ahora el que tiene la última palabra, para lo cual pidió asesoramiento a una comisión de notables que ya se expidió en contra de la admisión.
Así lo adelantó a IPS el actual director de UBA XXII, el abogado Ariel Cejas. "Nosotros transmitimos al Consejo el fuerte malestar que había entre los docentes y coordinadores por estas solicitudes de ingreso, y es el Consejo el que tiene que decidir", remarcó cuando IPS le preguntó por su posición en la polémica.
Entre los asesores consultados por el Consejo universitario se cuentan el penalista Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, y la diputada Adriana Puiggrós, exdecana de Filosofía y Letras y coautora de la ley que exige garantizar el derecho a la educación pública en las cárceles.
Esa norma abarca a todos los niveles de la enseñanza y en todos los institutos penales, además de no distinguir entre los delitos perpetrados por los aspirantes a estudiar. Pero la UBA podría igualmente negarse a brindar el servicio a estos exrepresores presos.
Según anticipó Cejas, el Consejo Superior de la UBA podría emitir su dictamen en los primeros días de agosto.
"No es una situación agradable. Se trata de personas que cometieron los peores delitos cuando tenían el control de los poderes del Estado, y hay también una cuestión de seguridad que tenemos que contemplar", subrayó.
Se refirió a que los detenidos por delitos de lesa humanidad, que están en pabellones especiales, deberían ser trasladados para estudiar en sitios habilitados para los cursos. "No creo que sea una solución aceptarlos, sería mejor que rindan libre", opinó.
Para el director, tal como está el debate hasta ahora, "es difícil pensar que la UBA les va a abrir las puertas". Pero admitió que los acusados podrán apelar ante la justicia y, si falla a su favor, "el programa los va a tener que aceptar", admitió.
