El flamante presidente electo de Egipto, Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, deberá sortear varios y duros obstáculos políticos en un país con fuerte dominio del ejército, empezando por donde y ante quien presta juramento.
"Por las actuales disputas políticas entre la Hermandad Musulmana y el aún gobernante consejo militar, todavía no se sabe ante qué institución Morsi prestará juramento", dijo a IPS el fundador de la Alianza Popular Socialista, Abdel Ghaffar Shukr.
La comisión electoral anunció finalmente el domingo 24 el resultado de la controvertida segunda vuelta de las elecciones presidenciales, realizadas los días 16 y 17, entre Morsi y Ahmed Shafiq, ex primer ministro del régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) y considerado candidato del gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA).
Morsi obtuvo 51,7 por ciento de los 25,5 millones de sufragios, mientras que Shafiq se alzó con 48,3 por ciento.
El mandatario electo afronta grandes desafíos debido a la batería de dictámenes judiciales y decretos militares que han socavado enormemente al parlamento y a la Presidencia.
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La Alta Corte Constitucional de Egipto declaró el 14 de este mes que la ley sobre las elecciones parlamentarias, que reguló los comicios del año pasado, era inconstitucional.
Al otro día, el CSFA ordenó la disolución de la Asamblea del Pueblo (cámara baja del parlamento elegido democráticamente), la mitad de las cuales estaban en manos del Partido Libertad y Justicia, en el que se expresa políticamente la Hermandad Musulmana. La decisión dejó a los expertos rascándose la cabeza.
"El fallo no ofreció ningún motivo legal para disolver la totalidad de la Asamblea", dijo a IPS el profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo, Atef al-Banna.
"El tribunal solo encontró que un tercio de los escaños, los reservados a dirigentes independientes pero impugnados por candidatos con afiliaciones partidarias, eran cuestionables", apuntó.
El CSFA siguió por el mismo el camino el 17 de este mes al emitir un "apéndice" a la Declaración Constitucional, divulgada por el propio consejo tras el levantamiento popular en la plaza Tahrir del año pasado, y aprobada por referendo popular.
Divulgado al cierre de las urnas después de la segunda ronda de las elecciones presidenciales, y antes del conteo de votos, el apéndice amplía considerablemente los poderes del CSFA a expensas del parlamento y, más importante aun, de la Presidencia.
Primero, transfiere los poderes legislativos, junto con el control sobre el proceso de redacción constitucional, de la ahora disuelta Asamblea del Pueblo al CSFA.
Segundo, traspasa grandes prerrogativas ejecutivas, incluido el poder de declarar la guerra, de la Presidencia al consejo militar; y en tercer lugar, estipula que el nuevo presidente deberá prestar juramento, en ausencia de un parlamento operativo, ante la Alta Corte Constitucional.
"Este apéndice convierte al ejército en un Estado dentro de otro", dijo a IPS el analista político Abdullah al-Sennawi. "Según los nuevos términos, el próximo presidente de Egipto tendrá que compartir su autoridad ejecutiva obtenida mandato democrático con el CSFA", apuntó.
La iniciativa, añadió Al Sennawi, "representa nada más que un golpe blando contra la transición democrática posrevolucionaria".
Al Banna fue igual de crítico respecto del discutido apéndice.
"La Declaración Constitucional del año pasado fue sometida a referendo popular, por lo que técnicamente, este apéndice también debería ser refrendado por la ciudadanía", explicó.
Desde el 19 de este mes, decenas de miles de manifestantes de tendencia islamista, encabezados por la Hermandad Musulmana, acampan en la plaza Tahrir para reclamar la restitución de la cámara baja del parlamento, y la cancelación del apéndice constitucional del CSFA.
La directiva de que el presidente electo debe jurar ante la Alta Corte Constitucional presenta a la Hermandad Musulmana otro dilema.
"Según el apéndice constitucional, Morsi tendrá que prestar juramento ante la Alta Corte Constitucional, pese a que la Hermandad Musulmana rechaza el apéndice, así como el dictamen del tribunal que llevó a la disolución de la Asamblea del Pueblo", indicó Shukr.
En los últimos días, la Hermandad Musulmana emitió comunicados contradictorios sobre cuál será la institución ante la cual prestará juramento Morsi. Algunos dicen que lo hará frente al parlamento disuelto, otros que lo hará frente a la Alta Corte Constitucional, y otro más, que lo hará en una ceremonia en la plaza Tahrir.
Independientemente de dónde y ante quién sea, el hecho ocurrirá este sábado 30.
Morsi lleva adelante negociaciones con el CSFA para que enmiende el apéndice y restituya la disuelta Asamblea del Pueblo.
Pero las perspectivas son funestas.
Mahmdouh Shain, integrante del CSFA, declaró el martes 26 que Morsi "cumplirá con la ley y prestará juramento ante la Alta Corte Constitucional".
La situación aumenta la presión sobre la Hermandad Musulmana y sus aliados revolucionarios seculares.
El Movimiento Juvenil 6 de Abril advirtió que prestar juramento ante el alto tribunal equivale a reconocer el "apéndice constitucional" que deja a Egipto, de hecho, bajo control del ejército.
La organización, que tuvo un papel preponderante en el levantamiento popular del año pasado, apoyó a Morsi en la segunda vuelta electoral.
La oficina presidencial de Morsi declaró el miércoles 27 que al día siguiente informaría sobre el lugar de la ceremonia de asunción.
Pero este jueves 28, la prensa estatal citó a una fuente oficial que dijo que "si Morsi no presta juramento ante la Alta Corte Constitucional el sábado, el CSFA se reserva el derecho de declarar vacío el cargo de presidente".
"Morsi puede haber ganado las elecciones, pero la actual puja entre el CSFA y la Hermandad Musulmana por el control del país está lejos de resolverse", indicó Shukr.
