La persecución a trabajadores por cumplir funciones sindicales persiste en El Salvador, pese a que el país es gobernado ahora por una agrupación izquierdista que siempre defendió el accionar libre de este tipo de organizaciones, aseguran dirigentes del sector.
Cuando Mauricio Funes ganó las elecciones presidenciales en marzo de 2009 como candidato del otrora insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), prometió cambiar la situación de acoso a la actividad sindical, como había sucedido en este país durante las sucesivas dictaduras de 1932 a 1979 y los posteriores gobiernos de derecha.
Pero el gobierno de Funes no escapa a las críticas de muchos líderes de trabajadores, quienes indican que no se ha avanzado lo suficiente en materia de libertades sindicales.
Uno de los casos que ha llamado la atención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el despido, el 30 de julio de 2011, de Luis Alberto Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, constituido en diciembre del 2010.
Ortega, quien entre enero y abril lideró una ocupación de la catedral de San Salvador, denunció que el grupo parlamentario del FMLN, del que era empleado, acordó con los demás sectores políticos para despedirlo como un primer paso para descabezar el incipiente sindicato.
La situación de este dirigente todavía no se resuelve porque el gobierno de Funes aún no responde a los cuestionamientos planteados por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que abrió un expediente por este y otros casos de presuntas violaciones al Convenio 87 de la OIT, que protege la libre sindicalización.
"La gente sigue estando temerosa de organizarse o de fortalecer su sindicato", explicó a IPS el dirigente Róger Gutiérrez, de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, conformada por 10 organizaciones.
Durante la guerra civil (1980-1992), que dejó unos 70.000 muertos, los ultraderechistas escuadrones de la muerte detuvieron y asesinaron a opositores políticos, entre ellos muchos sindicalistas.
Gutiérrez añadió que los mayores avances en materia sindical durante el gobierno de Funes se han dado en el sector de los empleados estatales, a partir de una reforma constitucional aprobada en junio de 2009 que les permitió organizarse, dejando atrás así el bloqueo impuesto en 2007 por la Corte Suprema de Justicia al declarar inconstitucional el Convenio 87 de la OIT.
"Pero es en la empresa privada donde se dan los mayores problemas, con sindicatos que siguen siendo reprimidos", agregó Gutiérrez. Aún persiste en esas firmas la visión de que los sindicatos son dañinos para la libre empresa.
También hay sectores empresariales, como las fábricas textiles de la "maquila" (zona franca industrial para exportar), donde son frecuentes los despidos de líderes sindicales o la conformación de sindicatos paralelos afines a los intereses de la patronal.
Incluso se ha despedido a dirigentes sindicales que, como tales, poseen el llamado fuero sindical, que les confiere el Código de Trabajo para protegerlos de cualquier tipo de represión o discriminación laboral por ejercer esa actividad.
En julio del 2011, los ejecutivos de la fábrica textil Gama decidieron cerrar la compañía tras conocer, según la prensa local, que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Confecciones Gama (Stecg) comenzaría las gestiones para negociar un contrato colectivo, que en caso de concretarse hubiera sido el primero en el sector de la maquila.
"En los gobiernos de derecha era frecuente la persecución, que incluso era policial, pero ahora, aun cuando se puede decir que se permite el trabajo sindical, sigue habiendo acoso y persecución", se quejó ante IPS el secretario de finanzas de la Federación Sindical de los Trabajadores Públicos de El Salvador, Alexander Gómez.
Esta federación aglutina a unos 12 sindicatos, que representan a unos 12.000 empleados públicos de aeropuertos, la educación, la salud, el servicio de electricidad y otras reparticiones.
Parte de la explicación de que continúen las intimidaciones a los sindicatos en este país se debe a que el gobierno está conformado por personas y grupos procedentes de diferentes sectores, con variados intereses, a veces contrapuestos, analizaron dirigentes de trabajadores.
"El modelo imperante sigue siendo el mismo, el neoliberal, en detrimento de los trabajadores", acusó Gutiérrez, de Feasíes, y por esa razón los avances dados en la materia no son del todo suficientes.
Además, el Ministerio de Trabajo adolece de una debilidad institucional, pues no cuenta con los recursos ni con el personal suficiente para hacer cumplir las leyes a cabalidad, indicaron otros sindicalistas consultados. Hasta febrero, solo contaba con 212 inspectores de trabajo para todo el país.
Algunos mandos medios del ministerio, que actuaron también en el gobierno anterior del derechista Antonio Saca (2004-2009), son los que mantienen prácticas antiéticas, como la de inspectores que se dejan sobornar por las empresas para que sus reportes les sean favorables y dejar así ocultas las violaciones laborales o las relativas a la libertad sindical.
"Los inspectores siguen pactando con las empresas, en eso no vemos ninguna diferencia", afirmó Gutiérrez, de Feasíes.
IPS intentó, sin éxito, entrevistar al ministro de Trabajo, Humberto Centeno, quien tuvo una larga experiencia como dirigente sindical en los años 70 y 80, antes de dedicarse a la actividad partidaria tras el fin de la guerra, en 1992.
Mientras, la Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador negocia con las autoridades la serie de despidos registrados, según denunció, después de las elecciones locales y legislativas de marzo, entre los cuales hay dirigentes.
Otros casos de despidos se han dado por enfrentamientos políticos, aseguró a IPS el secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES), seccional del Sur, José Neftalí Yáñez.
Este dirigente afirmó que su despido y la desarticulación de la junta directiva de su sindicato se debieron a presiones en el interior del gobernante FMLN como represalia por las protestas que encabezó tiempo atrás, junto a organizaciones empresariales y de la sociedad civil.
