Las políticas económicas convencionales están teniendo un enorme costo ambiental y social, insostenible en el corto plazo, por lo cual el planeta necesita un cambio urgente en su enfoque de desarrollo.
Así lo alerta el último Informe de Desarrollo Humano, divulgado este viernes 25 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El llamado cobra vital importancia de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se realizará del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro y conocida como Río+20.
"El enfoque de desarrollo no debe basarse en la maximización del crecimiento económico, sino que tiene que contemplar también las dimensiones de equidad y de sostenibilidad", insistió la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, Susan McDade.
El Informe subraya que el modelo de desarrollo predominante "hace caso omiso de los impactos ambientales y las externalidades de la actividad económica".
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"Esto ha resultado ser así tanto en un sistema centralizado y controlado (la hoy desaparecida Unión Soviética), en una economía socialista liberalizada (China en los años 90) y en economías de mercado relativamente libres (Australia y Estados Unidos durante gran parte del siglo XX)", añade.
"Seguir haciendo las cosas como siempre no es ni sostenible ni equitativo, pero los intentos por avanzar se enfrentan a restricciones en el ámbito de la economía política", indica el estudio.
Por eso, el PNUD este año pone énfasis en dos elementos básicos: sostenibilidad y equidad.
"Hay dos ejes igual de importantes, uno es la sostenibilidad, en términos de recursos naturales y capital natural que usa un país, y el otro es cómo se distribuye la riqueza, porque puede tener un producto interno bruto alto, pero si está concentrado en cinco por ciento de la población, el país va a estar mal", señaló McDade.
Incluso los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio o Metas del Milenio manejan algunas exclusivamente económicas que no permiten ver claramente la realidad, explicó la funcionaria a IPS.
Por ejemplo, "la primera Meta del Milenio, sobre reducción de la pobreza, ha sido muy debatida a nivel mundial, porque justamente usa solo el indicador de ingresos. Pero eso no te dice nada, porque con un dólar se puede comprar una manzana o un kilogramo de arroz, dependiendo de dónde estés", ejemplificó.
Por su parte, Ana Agostino, analista del PNUD y autora de otro estudio enfocado en Uruguay, también presentado oficialmente este viernes, llamó a "tomar distancia de la concepción del desarrollo solo como crecimiento económico".
"El desarrollo humano y el desarrollo sostenible necesariamente van juntos, y si no es sostenible, entonces no es real", sostuvo.
El PNUD también hace mención en su informe sobre las amenazas del recalentamiento planetario, y señala que la falta de conciencia en la población y los escollos impuestos por el poder político dificultan la toma de acciones contra el fenómeno.
"Uno de los principales obstáculos a la hora de tomar medidas públicas para hacer frente a los problemas ambientales es la falta de conciencia", afirma.
"Alrededor de la tercera parte de los habitantes del mundo parecen desconocer el problema del cambio climático, y solo la mitad lo considera una amenaza grave o sabe que es provocado, al menos en parte, por la actividad humana", añade.
Además, indica: "Nuestra incapacidad colectiva de emprender acciones también refleja la complejidad de la arena política y el poder de grupos que se oponen al cambio".
La desigual América Latina
El informe del PNUD incluye su habitual Índice de Desarrollo Humano, realizado desde 1990. En esta oportunidad son varios los países de América Latina que avanzaron varios puestos respecto de la medición anterior, aunque la región sigue siendo la que presenta mayor desigualdad del mundo.
Chile y Argentina pasaron a integrar por primera vez el grupo de naciones con "desarrollo humano muy alto", ubicándose en los lugares 44 y 45 respectivamente, mientras que Uruguay se colocó al tope de los países con "desarrollo humano alto", en el puesto 48.
Los demás países latinoamericanos se ubicaron en el siguiente orden: Cuba (51), México (57), Panamá (58), Costa Rica (69), Venezuela (73), Perú (80), Ecuador (83), Brasil (84), Colombia (87), República Dominicana (98), El Salvador (105), Paraguay (107), Bolivia (108), Nicaragua (129) y Guatemala (131).
El índice está encabezado por Noruega, seguido de Australia, Holanda, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemania y Suecia.
La agencia de la ONU, en su esfuerzo por promover un enfoque de desarrollo que considere todas las dimensiones, no solo la económica, introdujo este año además un Índice de Desarrollo Humano ajustado por la variable de la desigualdad, analizando el conjunto de la población, y no solo el promedio, según esperanza de vida al nacer, educación e ingresos.
Cuando se introduce esta variable, los países latinoamericanos caen varios puestos: Chile pierde 11 lugares, Argentina 13, Uruguay siete, México y Panamá 15, y Brasil 13. Esto confirma la gran inequidad existente en la región, que es la mayor del mundo.
En el material complementario presentado en Montevideo este viernes 25, titulado "Uruguay: sustentabilidad y equidad", se alerta que este pequeño país sudamericano carece de un modelo de desarrollo que considere sus implicaciones ambientales.
Aunque Uruguay ha logrado mejoras importantes en el campo social, con una importante reducción de la pobreza, la indigencia y el desempleo, no ha integrado aún plenamente el ambiente a su agenda, señaló Agostino.
Este país, con 3,3 millones de habitantes, aún se caracteriza por una alta concentración de la tierra, una fuerte dependencia de los recursos naturales y una gran presión sobre los ecosistemas costeros.
Uruguay tiene la huella ecológica más alta de América Latina, esto es, la superficie terrestre y marítima que un país necesita para producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera.
Además, presenta uno de los porcentajes más altos de especies amenazadas de la región (12 por ciento) y una de las mayores tasas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero por habitante (8,1 por ciento), debido al metano liberado en la producción agropecuaria.
