La firma transnacional de origen español Repsol, sacudida por la pérdida del control accionario de la petrolera argentina YPF, ha recibido un trato preferencial en México, reflejado en dos grandes contratos para explotación y abastecimiento de gas.
Una de esas concesiones la obtuvo en 2003 como única postulante, para explorar y perforar un yacimiento de gas en la Cuenca de Burgos. El concurso fue convocado por la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que, a su vez, posee hoy 9,49 por ciento de las acciones del consorcio español.
El otro contrato es el acordado en 2007 con la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proveer de gas natural licuado a sus plantas de las zonas centro y oeste de México.
"Esta penetración relativa de capitales españoles en México tiene que analizarse en un contexto más amplio de la relación comercial entre ambos países", advirtió el académico Benjamín García, de la Facultad de Economía de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
"Repsol ha tenido un trato privilegiado, al igual que otras compañías de la industria eléctrica", aseguró a IPS.
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A pesar de ello, "los resultados de Repsol, evaluados por su efecto productivo y ventajas macroeconómicas, son marginales y han estado puestos bajo la lupa por su bajo rendimiento, sus altos costos y la falta de transparencia", criticó.
La Cuenca de Burgos es el mayor reservorio de gas del país no asociado directamente al petróleo. Involucra una cadena de municipios en los nororientales estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
En ese gran yacimiento, en el que operan Repsol y otras firmas, están operativos 2.879 pozos de gas, con una producción promedio de 1.344 millones de pies cúbicos diarios en 2011. Esto muestra un marcado descenso respecto de 2010, cuando se extrajeron 1.478 millones, y de 2009, con 1.515 millones, según datos de Pemex.
La zona asignada a Repsol, a cambio de 2.437 millones de dólares, abarca más de 3.500 kilómetros cuadrados y tendría una reserva de 57.000 millones de pies cúbicos de gas.
En tanto, el contrato transacción con CFE, por un valor de 15.000 millones de dólares y un periodo de 15 años, consiste en el suministro de más de 67.500 millones de metros cúbicos de gas que se transporta de la planta de licuefacción de Camisea, ubicada en el sur de Perú y propiedad de Repsol.
El compromiso contempla la provisión a CFE de 180 millones de pies cúbicos diarios este año, 360 millones en 2013, otros 400 millones al año siguiente y 500 millones fijos a partir de 2015.
"El gobierno mexicano sigue una línea de pensamiento económico que supone que la inversión extranjera dinamiza la economía, pero en realidad ha dado resultados catastróficos", señaló a IPS el secretario de investigaciones del no gubernamental Comité Nacional de Estudios de la Energía, Heberto Barrios.
"Esos negocios no tienen racionalidad económica, porque no se ha generado valor", sentenció este experto, cuya organización ha analizado la concesión de contratos de exploración y explotación de Pemex a empresas privadas tanto en el área gasífera como petrolera y de energía eléctrica.
En defensa de Repsol
El presidente de México, el conservador Felipe Calderón, fue uno de los primeros en apoyar el duro cuestionamiento del gobierno español a la decisión de Argentina de tomar el control de la empresa YPF, cuyas acciones son en su mayoría propiedad de Repsol.
El anuncio hecho el 16 de este mes por la presidenta de Argentina, la centroizquierdista Cristina Fernández, implica expropiar 51 por ciento de las acciones de YPF, en manos de Repsol, y otras acciones colaterales, con el argumento de que los hidrocarburos son de interés nacional.
La medida, que requiere aprobación parlamentaria en un proceso que marcha con viento a favor, volverá a poner bajo control del Estado a esta petrolera, que es la principal productora del país y que fue propiedad pública desde su fundación en 1922 y hasta los años 90 cuando fue vendida en dos etapas a Repsol.
Entre las principales razones esgrimidas por Fernández se cuenta la merma en las inversiones exploratorias y en la producción en Argentina de Repsol.
Expertos también critican las concesiones gaseras hechas en México a firmas transnacionales, entre ellas Repsol, pues aseguran que no han tenido mayor impacto en el mercado doméstico. Datos de Pemex indican que las importaciones de gas subieron de 450,9 millones de pies cúbicos diarios en 2006 a 790,8 millones en 2011 y se calcula que este año llegará a 2.000 millones.
"Hay una paradoja. La Cuenca de Burgos sería la gran explotación de gas para atender el mercado nacional y la exportación, pero se importa el recurso caro de Perú. Por eso se tiene que revisar la viabilidad financiera de estas alianzas", planteó García.
Las relaciones de Pemex con la transnacional de origen español también han tenido problemas.
La estatal mexicana desembolsó 1.122 millones de euros (casi 1.500 millones de dólares) en agosto de 2011 para aumentar su participación accionaría en Repsol de 4,8 a 9,49 por ciento y buscó sin éxito, en alianza con la española Sacyr, llegar a 29 por ciento.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el gobierno de España lanzaron entonces una campaña para frenar ese avance en Repsol, por considerarlo atentatorio contra los intereses de ese país europeo.
Sin embargo, la conformación societaria actual de la firma, además de Pemex, incluye a fondos de inversión extranjeros, con 42 por ciento, la banca española CaixaBank con 12,83, Sacyr con 10,01 por ciento, capitales locales con 9,9 por ciento, minoristas que suman 10,8 por ciento, y el resto son acciones de Repsol como tal.
El gobierno de Calderón, a diferencia de lo ocurrido ahora con la expropiación en Argentina, no se inmiscuyó en esa disputa empresarial y dejó a Pemex librado a su suerte.
En enero pasado, Pemex y Repsol suscribieron un acuerdo de intenciones para una alianza comercial e industrial que aún no se materializa.
"Había mejores formas de inversión y el trabajo que hace Repsol en este país lo podría hacer Pemex u otras empresas", señaló Barrios.
Es que la transnacional española aparece también cuestionada en Cuba y Venezuela, donde habría abandonado prospecciones por falta de capacidad operativa, según se lee en cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, revelados en enero de 2011 por la organización Wikileaks.
