El juicio por la apropiación de niños y niñas por la dictadura de Argentina (1976-1983) está próximo a concluir tras 36 años de labor de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que hasta ahora logró restituir la identidad a 105 personas.
El enjuiciamiento de 10 represores por el secuestro y robo de una treintena de menores entra en la etapa de alegatos esta semana y se espera la sentencia para fines de mayo, dijo a IPS el abogado Alan Iud, de Abuelas, como se conoce a esta organización creada por madres de detenidos-desaparecidos para buscar a sus nietos apropiados por la represión militar.
Los imputados están acusados por sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años. Pero algunas de estas personas desaparecidas recién nacidas o con muy pocos años de vida solo ahora están recuperando su identidad, cuando tienen más de 30 años.
En algunos casos, esos menores fueron secuestrados junto a sus padres y en otros nacieron mientras sus madres estaban en prisión clandestina. Abuelas de Plaza de Mayo, precisamente, nace de un grupo de madres de esos detenidos-desaparecidos que se organizó para reclamar por la aparición de sus nietos, a los cuales no cejan de buscar.
«Yo viví 32 años y medio con ellos», contó Francisco Madariaga, refiriéndose al tiempo en que se llamó Alejandro Gallo y creyó ser hijo del exoficial de Inteligencia del ejército Víctor Gallo, acusado en este juicio por apropiador.
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Madariaga comenzó a rechazar al militar desde los 16 años porque era un hombre «muy violento». «Yo era su juguete de guerra, me veía y veía al enemigo», narró a IPS. Añadió que desde los 20 años vivió angustiado y con dudas sobre su identidad.
El miedo y la culpa lo relevaban de preguntar a sus allegados quién era, y solo a los 32 años, impulsado por amigos, se animó a ir a la oficina de Abuelas y se sometió al análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico) en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que confirmó su verdadera identidad.
Este joven nació en el campo de concentración de Campo de Mayo, sede del ejército, donde estaba prisionera su madre, la joven médica cirujana Silvia Quintela, secuestrada en enero de 1977 con cuatro meses de embarazo y que aún continúa desaparecida. El de Francisco fue uno de los pocos casos de apropiación en los que sobrevivió alguno de los padres biológicos. Su progenitor, Abel Madariaga, pudo salir del país tras la detención y desaparición de su pareja y años después, tras regresar al finalizar la dictadura, pasó a ser miembro del consejo directivo de Abuelas e hizo de la búsqueda de su hijo una profesión.
Ahora este joven, que se relaciona con su verdadera familia, tiene gran expectativa en el juicio. «Declaré y soy querellante. Espero ansioso la sentencia. Quiero que haya justicia, porque a muchos nos arruinaron la vida», concluyó.
El abogado Iud explicó que el juicio no ventila todos los casos de niños robados o nacidos durante el cautiverio de sus padres sino de «un universo representativo de lo que ocurrió, no en uno, sino en distintos centros clandestinos de detención».
Entre esos casos está el de los tres hermanos Ramírez. Tenían dos, cuatro y cinco años cuando su madre fue secuestrada y su padre estaba preso. A pesar de tener familia, los dejaron en un orfanato donde sufrieron abusos sexuales, maltrato y hambre por siete años.
También está el caso de Victoria Montenegro, quien denunció la complicidad del hoy fallecido coronel Herman Tetzlaff, su apropiador y asesino de su padre biológico, con el jurista Juan Romero Victorica, quien renunció el año pasado al cargo de fiscal de la Cámara de Casación Penal para evitar ser enjuiciado y destituido.
Según se estima en Abuelas, fueron cerca de 500 las niñas y niños apropiados en el marco de la represión ilegal, que dejó una estela de personas encarceladas, torturadas, asesinadas y, según registros efectivos hasta ahora, unas 13.000 desaparecidas, aunque los datos recogidos por organizaciones de derechos humanos aseguran que son unas 30.000.
El secuestro, apropiación y sustitución de identidad de esos niños no fueron delitos incluidos en las dos leyes sancionadas en los años 80 que permitieron a los militares acusados evadir los tribunales ni en el indulto dictado por el entonces presidente Carlos Menem (1989- 1999) a comienzos de su mandato, que liberó a los jefes de la dictadura condenados, varios de ellos a cadena perpetua, en el llamado Juicio a las Juntas Militares.
En ese resquicio legal se basaron los abogados de Abuelas para reclamar justicia. Así, se presentaron las querellas correspondientes en 1996, todavía con el indulto y las leyes del perdón vigentes. Esas disposiciones fueron anuladas solo en la década pasada a impulso del gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
El definitorio juicio oral por los niños y niñas apropiadas comenzó hace 13 meses y tiene como principales imputados a los exdictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, a otros exmilitares represores y al médico Jorge Luis Magnascco, que actuaba en los partos. Algunos acusados son también los apropiadores de los niños.
«Los delitos que se juzgan son los de apropiación, pero el objetivo de este juicio es mostrar también que hubo un plan sistemático para proceder ilegalmente con los niños y responsabilizar a Videla y Bignone», que eran los jefes del régimen, remarcó Iud.
En estos años, los querellantes lograron reunir múltiples documentos y testimonios que prueban que se ordenó proceder de determinada manera con las embarazadas, con el fin de que los niños se criaran en hogares «sin odio hacia las Fuerzas Armadas».
También se demostró que había miembros de la Iglesia Católica, de la embajada de Estados Unidos en Argentina y del propio Departamento de Estado (cancillería) de esa potencia del Norte que conocían estos delitos y que lo ocultaron.
