La explotación petrolera fronteriza pactada entre México y Estados Unidos debe apegarse a estándares ambientales, un aspecto central pero que «siempre queda en último término», advirtieron expertos y activistas.
La falta de atención en este asunto "evidencia nuestra adicción al petróleo", según Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de Clima y Energía del capítulo mexicano de la organización no gubernamental Greenpeace.
"Esperábamos que se cumpliera con las regulaciones para enfrentar desastres ambientales, medidas de seguridad industrial, planes de contingencia y seguros contra derrames", indicó a IPS.
México y Estados Unidos rubricaron el lunes 20 el Acuerdo para la Exploración y Explotación de los Yacimientos Transfronterizos, que estipula las actividades conjuntas en torno a campos petroleros hallados en la franja limítrofe entre ambas naciones.
De esa forma, ambos países revivieron el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México Más Allá de las 200 Millas Náuticas, en vigor entre 2000 y 2011.
[related_articles]
Ese instrumento jurídico instauró una moratoria para el aprovechamiento petrolero en el Polígono Occidental, de 17.000 kilómetros cuadrados y conocido como Hoyo de Dona, frente a las costas del nororiental estado mexicano de Tamaulipas y del sureño estado estadounidense de Texas.
El texto estipula que ambas partes deben notificar el hallazgo de un campo de hidrocarburos transfronterizo, luego de lo cual se detienen los trabajos de explotación y se determina el porcentaje de los recursos que le corresponde a cada país, para no mermar el recurso de uno u otro lado.
Así, se pueden explorar conjuntamente las formaciones geológicas en ambos lados de la frontera y repartir equitativamente las ganancias del aprovechamiento petrolero.
"El tratado transfronterizo debe cumplir con estándares ambientales, por los riesgos y costos de la explotación en aguas profundas y para la cual (la firma) Petróleos Mexicanos (Pemex) no está preparada", dijo a IPS la directora de la Iniciativa para la Sustentabilidad y Negocios en el privado Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Lourdes Melgar.
Con poca experiencia en ese tipo de labores, el monopolio estatal Pemex, que extrae un promedio diario de 2,5 millones de barriles de 159 litros de petróleo, se ha adentrado en aguas profundas, entre tirantes de 1.000 y 3.000 metros, para alargar sus reservas, amenazadas por el deterioro de sus principales yacimientos.
Los planes de Pemex incluyen la perforación de 38 pozos en aguas profundas del Golfo de México entre este año y 2016. Hasta ahora, ha taladrado 16 sitios y tres más están en fase de horadación.
En esa zona, la frontera marítima entre México y Estados Unidos abarca unos 850 kilómetros de largo. En el Polígono Occidental, 10.500 kilómetros cuadrados de plataforma continental pertenecen a México y 6.500 a su vecino norteño.
El campo mexicano albergaría unos 30.000 millones de barriles de crudo, gas y aceite, según datos de Pemex.
Otra franja involucra a los dos vecinos y a Cuba, con una superficie aún no delimitada de unos 20.000 kilómetros cuadrados.
México no tiene ningún tratado al respecto con La Habana, que está explotando sus campos marinos. Por eso, la siguiente movida de la diplomacia del gobierno de Felipe Calderón será negociar con el gobierno de Raúl Castro.
El recuerdo fatídico del derrame petrolero de 2010 oscurece las aguas profundas del Golfo de México. La torre de perforación Deepwater Horizon, de la firma suiza Transocean Ltd y alquilada por la transnacional British Petroleum (BP), estalló y se incendió el 20 de abril frente a las costas del sudoriental estado estadounidense de Louisiana, hundiéndose dos días después.
El accidente dejó 11 personas muertas. Entre abril de 2010 y el 15 de julio de ese año, cuando el pozo Macondo fue sellado, se fugaron casi cinco millones de barriles de petróleo, de los cuales sólo se recogieron 800.000, en lo que es considerado el peor ecocidio ocurrido en América del Norte.
En enero de 2011, la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó regulaciones para los trabajos en aguas profundas, como la presentación de mapas de riesgo, la aplicación de planes de seguridad industrial y de manejo de desastres, así como la contratación de seguros contra accidentes.
El crudo proveniente de aguas profundas "es más caro, difícil de extraer y más riesgoso", al decir de Olivera.
Si bien los gobiernos de México y Estados Unidos signaron el acuerdo, tras negociación desde 2010, sus ejecutantes en el terreno serán Pemex y las petroleras privadas que extraen en el lado estadounidense por las concesiones obtenidas, lo cual plantea inquietudes sobre las responsabilidades compartidas por ambos países y por las corporaciones.
"Es necesario que existan legislación y regulación específicas. La regulación está dispersa", planteó Melgar.
La operación del tratado implica también un acuerdo de unificación de los yacimientos y un plan de desarrollo para recuperar los hidrocarburos en los campos compartidos.
Estados Unidos, en cuyo lado ha habido perforaciones y explotación desde 1996, alista la producción en los campos en su territorio "Great White" y "Trident", dos de los cinco yacimientos descubiertos y situados a nueve y seis kilómetros de la línea limítrofe con México.
En aguas estadounidenses se localizan 180 bloques, de los cuales al menos 24 han sido dados en concesión a petroleras privadas.
El convenio pasa ahora a estudio de los parlamentos de los dos países.
