Las últimas redadas en oficinas de organizaciones de la sociedad civil en El Cairo, acusadas de recibir fondos no autorizados del exterior, son parte de una amplia campaña de los militares para silenciar a sus críticos, denunciaron activistas por los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad ingresaron a las oficinas de por lo menos seis grupos la semana pasada. La operación fue dirigida especialmente contra el Centro Árabe para la Independencia del Sistema Judicial y de la Profesión Legal y contra el Observatorio Presupuestal y de Derechos Humanos.
Estas dos organizaciones no gubernamentales (ONG), con sede en El Cairo, reunían evidencia sobre abusos a los derechos humanos y sobre casos de corrupción cometidos por los militares, a cargo del gobierno de transición.
Los uniformados también confiscaron teléfonos móviles, computadoras portátiles y documentos de las oficinas de la fundación política alemana Konrad-Adenaeur Stiftung y de tres organizaciones con sede central en Estados Unidos: el Instituto Nacional Democrático, el Instituto Republicano Internacional y la Freedom House.
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Estos grupos observaban las elecciones parlamentarias egipcias, de las que se realizaron ya dos rondas de votación y resta una tercera.
El presidente de Freedom House, David Kramer, dijo que las redadas constituían un "agravamiento de la represión desconocido incluso durante el régimen de (Hosni) Mubarak", derrocado el año pasado.
Kramer acusó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el control del país en febrero de 2011, de "intentar usar a la sociedad civil como chivo expiatorio por su propio fracaso abismal en el manejo de la transición".
Activistas que participaron de la revolución hace 11 meses arguyen que los gobernantes militares perpetuaron, y en algunos casos excedieron, las tácticas represivas que empleó Mubarak durante su régimen de 30 años.
Acusan al Consejo Supremo de reprimir brutalmente manifestaciones pacíficas, procesar a sus críticos en injustos tribunales militares y ampliar el alcance de las leyes de emergencia adoptadas en la era Mubarak.
Los generales también han sido acusados de maltratar a las mujeres durante protestas. Policías militares fueron grabados en un vídeo golpeando ferozmente a mujeres en las calles, mientras que un tribunal ordenó al ejército el cese los humillantes "exámenes de virginidad" a las detenidas.
"Durante la revolución, los militares atacaban a todos los que salían a la calle a protestar contra el régimen", recordó el abogado y activista por los derechos humanos Negad El-Borai.
Las redadas de la semana pasada fueron parte de una campaña contra las ONG que trabajan en el fomento de la democracia y los derechos humanos, sostuvo.
Fueron realizadas luego de que funcionarios de gobierno acusaran a varios grupos de la sociedad civil de recibir fondos no autorizados de entidades extranjeras con el objetivo de desestabilizar el país, añadió.
El Consejo Supremo incluso llegó a afirmar que la violencia en las calles de El Cairo durante y luego del levantamiento de 18 días en febrero de 2011 fue incitado por saboteadores pagados con fondos extranjeros canalizados a través de las ONG.
El mes pasado, el ministro de Justicia, Abel Abdel Hamid, anunció que una investigación judicial descubrió que más de 300 ONG habían recibido fondos del exterior en los últimos años. Algunas no tenían permiso para operar en Egipto.
Leyes aprobadas en 2002 exigen que todas los grupos de la sociedad civil obtengan un permiso del Estado antes de recibir dinero del exterior.
El gobierno endureció los procedimientos de registro de las ONG en 2006, y adoptó una ley en 2010 que restringió aun más sus actividades y le dio al aparato de seguridad estatal la última palabra sobre el tema de los fondos.
"Egipto no se opone al financiamiento exterior de las ONG mientras se cumpla con las leyes locales e internacionales. Sin embargo, los fondos deben ser para el desarrollo y no tener fines políticos", dijo en noviembre pasado el ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Fayza Aboul Naga.
El funcionario, designado por Mubarak y quien sobrevivió a los cuatro cambios de gabinete realizados desde febrero de 2011, acusó al gobierno de Estados Unidos de financiar directamente a 12 ONG estadounidenses y 12 egipcias que operaban sin licencia.
Washington lo reconoció. En junio, la embajadora estadounidense en El Cairo, Anne Patterson, dijo que su país había destinado 40 millones de dólares a la promoción de la democracia en Egipto desde el levantamiento contra Mubarak, y que 600 ONG locales habían solicitado financiación.
El-Borai sostuvo que, en realidad, a los militares no les preocupa realmente que las organizaciones reciban fondos del exterior, sino que estas cuestionen su desempeño.
"Es muy claro que esta campaña es contra los grupos de la sociedad civil que trabajan por la democracia, la ciudadanía y un Estado civil", dijo a IPS. "Cuando (las fuerzas de seguridad) hicieron redadas, la emprendieron contra estos grupos, y no contra las organizaciones que recibían fondos de los países del Golfo".
Según el periódico estatal Al-Akhbar, la organización Ansar Al-Sunnah Al-Mohamedeya recibió más de 50 millones de dólares de instituciones de Qatar y Kuwait desde la caída de Mubarak.
El diario indicó que los fondos fueron usados para promover el movimiento salafista (rama integrista del Islam) en Egipto.
