«Vinieron unos enmascarados a amenazarnos. Tergiversaron una información y nos querían quemar a todos», narró Enrique Boj, activista del municipio de San Juan Sacatepéquez, a solo 31 kilómetros de la capital guatemalteca.
Boj dijo a IPS que el grupo se acercó en marzo pasado a su oficina para inmiscuirse en asuntos internos de la organización no gubernamental donde trabaja, que es la Asociación de Desarrollo Comunitario de Sajcavillá, dedicada a la promoción de proyectos de agua potable, drenajes y otros.
"Algunos malos asociados que no estaban de acuerdo con el desarrollo que hemos llevado de la institución pidieron ayuda a este grupo para escarmentarnos. Querían quemar (agredir) a la junta directiva, nos insultaron y quebraron vidrios de nuestro edificio", lamentó.
Con esta y otras amenazas han tenido que lidiar los pobladores de la localidad desde hace cuatro años.
Armados de pistolas, machetes, palos y piedras, pobladores de San Juan Sacatepéquez salen a patrullar por las noches con el rostro cubierto para autoprotegerse de la delincuencia.
En Guatemala funcionan al menos 300 Juntas Locales de Seguridad, conformadas por vecinos, cuya misión es "facilitar la participación ciudadana y proporcionar apoyo para lograr confianza y acercamiento entre la Policía Nacional Civil y la ciudadanía", según el Ministerio de Gobernación, encargado de la seguridad interna del país.
Sin embargo, los objetivos por los cuales fueron creadas en 1999 se han desviado, al punto que hoy miembros de estos grupos han sido arrestados, inculpados de cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de personas, allanamientos ilegales y torturas.
"El objetivo primordial era el cuidado de la zona en horas de la noche, pero en nuestra comunidad abusaron de esa autoridad y eso no lo vemos con buenos ojos. Se han metido a solucionar otros asuntos incluso familiares, de límites de terrenos, apertura de calles, etcétera", dijo Boj.
Abundan los casos como este, de abusos de las Juntas Locales de Seguridad o grupos de vecinos que se reúnen para supuestamente protegerse de la delincuencia.
Dos exmiembros de la Junta Local de Seguridad de la noroccidental Panajachel, la segunda ciudad turística del país, fueron arrestados el pasado 31 de octubre por la policía, acusados de la desaparición de Luis Gilberto Tián, ocurrida el 4 de ese mes.
Según vecinos, Tián fue increpado por los miembros de la Junta, lo que dio pie a una discusión tras la cual no se supo más de él.
"Andar solo en la calle daba miedo y no se podía ni salir", relató a IPS Néstor Buc, de la asociación de microbuses y taxis San Francisco de Panajachel, luego de que la Junta Local de Seguridad menguara su accionar tras las capturas.
Buc reconoce que la necesidad de estos grupos surge por la delincuencia imperante y la ineficiencia de la Policía Nacional Civil.
"Las juntas deberían continuar, pero con nuevas reglas, porque en un principio, si había un escándalo en la vía pública, ellos se dedicaban a arreglarlo, pero después pasaron a provocarlos", denunció.
La población tiene claro, además, de que la autoridad la debe tener la policía, "aunque algunos elementos no llegan a trabajar a conciencia", matizó.
Los desmanes de estas juntas también han involucrado a las máximas autoridades locales.
El alcalde del noroccidental municipio de San Juan Cotzal, José Pérez Chen, fue capturado por las fuerzas de seguridad el 26 de junio, acusado de ordenar el linchamiento de un agente de policía con el apoyo de la Junta Local de Seguridad.
Según el Ministerio Público, encargado de la persecución penal, el hijo del policía había sido detenido y torturado por la junta por considerar que tenía apariencia de pandillero y su padre había llegado a indagar sobre lo ocurrido sin pensar que acabaría muerto.
Es que permanecen sin esclarecer 98 por ciento de los crímenes cometidos en este país con 14 millones de habitantes, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad, avalada por la Organización de las Naciones Unidas.
Según organizaciones sociales, esto incita a la población a tomar la justicia por mano propia, lo cual a menudo culmina en ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales cometidos por turbas de pobladores, en ocasiones, animadas por las Juntas Locales de Seguridad.
"Estamos solicitando la derogatoria del acuerdo que dio vida a las Juntas Locales de Seguridad, porque es un mecanismo ajeno a las estructuras del Estado que ha tergiversado las formas de participación ciudadana en prevención de la delincuencia", dijo a IPS la activista Iduvina Hernández, de la no gubernamental Seguridad en Democracia.
"Lo más grave es que han dado lugar a la comisión de abusos que incluyen la restricción de garantías como la libertad de locomoción, capturas ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales", precisó.
Hernández planteó que en el corto plazo, el actual gobierno de Álvaro Colom o el electo para el período 2012-2016 que encabeza el general retirado Otto Pérez Molina, deberían tomar acciones para reducir el número de armas de fuego en circulación y generar espacios libres de estas para convivencia social y ciudadana.
Jorge Santos, del no gubernamental Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, dijo a IPS que las Juntas Locales de Seguridad "se han fundado en muchas ocasiones en las viejas estructuras paramilitares de la época del conflicto armado interno".
Durante la guerra que azotó al país entre 1960 y 1996 y que dejó más de 200.000 víctimas, el ejército utilizó las patrullas de autodefensa civil (paramilitares) para realizar actividades contrainsurgentes.
Esta estructura, que produjo un sinfín de violaciones a los derechos humanos, fue desarticulada finalmente tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Sin embargo, la organización subsiste en la sociedad. Santos dijo que "puede existir algún tipo de participación de la población" en el ámbito de la seguridad, "pero primero es necesario fortalecer los mecanismos de seguridad democrática porque un grupo de individuos no puede suplantar la acción del Estado".
