Tailandia, conocido como «el país de las sonrisas», atrae a unos 14 millones de turistas cada año gracias a sus tranquilas playas y sus deslumbrantes templos. Pero esa belleza oculta lo que sufre la población local bajo la severa «ley de lesa majestad».
La norma, que data de hace más de 100 años, busca proteger la dignidad de la monarquía, y establece hasta 15 años de prisión por solo un acto u expresión que la justicia considere difamación contra el rey, la reina, sus sucesores o cualquier regente.
La censura aumentó con la Ley de Crímenes Informáticos, aprobada por la asamblea legislativa designada por la junta militar que asumió el poder luego del último golpe de Estado en 2006.
Actualmente, el gobierno está a cargo de la primera ministra Yingluck Shinawatra, mientras que el jefe de Estado de esta monarquía constitucional sigue siendo el rey Bhumibol Adulyadej.
La Ley de Crímenes Informáticos establece un máximo de cinco años de prisión solo por una violación a sus disposiciones.
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"Hay mucha autocensura actualmente debido a la ley de lesa majestad. La gente tiene miedo a hablar", confesó el veterano periodista tailandés Pravit Rojanaphruk, quien se enteró este mes que había sido denunciado por violar la norma.
"Causa un efecto escalofriante aun antes de que se presente la denuncia formal en una estación de policía", dijo a IPS.
En el mismo aprieto que Pravit, de 44 años —quien cuestionó en sus artículos los excesos de la ley—, se encuentra Suraphot Thaweesak, profesor de budismo en una universidad de Hua Hin, balneario al sur de Bangkok.
El profesor fue citado en una estación de policía a inicios de este mes, acusado de haber violado la ley de lesa majestad tras publicar comentarios en el sitio alternativo de noticias Prachatai sobre un artículo que examinaba el papel de la monarquía en la sociedad y la política tailandesas.
Mientras, el ciudadano estadounidense Joe Gordon, nacido en Tailandia, fue sentenciado el 8 de este mes a dos años y medio de prisión por haber traducido al tailandés una biografía prohibida del rey Bhumibol y publicarla en un sitio web.
Pero ninguno de estos casos se compara con la sentencia emitida a fines de noviembre contra Ampol Tangnoppakul, un camionero retirado y enfermo de 61 años.
Ampol fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber enviado cuatro mensajes de texto desde su teléfono móvil. Se trató de una de las más largas condenas por violar la ley de lesa majestad.
La justicia consideró que una serie mensaje que Ampol envió al secretario de un ex primer ministro difamaban a la reina Sirkit.
"Su caso conmovió a muchas personas, incluso a los tailandeses conservadores y defensores del sistema", señaló Punagthong Pawakapan, profesora asistente de asuntos internacionales en la Universidad Chulalongkorn, de Bangkok.
"Los comentarios en sitios web, blogs y en (la red social) Facebook revelan cuán preocupadas están las personas por los extremos que está alcanzando esta ley draconiana", agregó.
Están impactadas porque algo tan común como un mensaje de texto haya merecido una pena tan dura, dijo a IPS.
"Muchas personas se conmovieron porque se pueden sentir identificadas con el camionero", indicó.
El secretismo que rodea los casos de lesa majestad el número total de sentenciados se desconoce, y se calcula que la tasa de condenas es de 90 por ciento— terminó por derruir la reputación que gozó alguna vez Tailandia como refugio de la libre expresión en Asia sudoriental.
Incluso, organizaciones por los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han quedado perplejas por la situación en este país.
"Amnistía lamentablemente no ha podido establecer el número de prisioneros políticos en Tailandia desde el golpe de 2006, debido a la opacidad en el sistema judicial", dijo a IPS el investigador de esa organización para Asia, Benjamin Zawacki.
"Consideremos, solo para empezar, la enorme disparidad entre el número de casos de lesa majestad conocidos por los que siguen el tema y los números presentados por las diversas agencias del gobierno", explicó Analistas sostienen que este lado oscuro de la política tailandesa se remonta a la crisis y las profundas divisiones que surgieron tras el golpe militar de 2006, el número 18 en esta nación asiática desde que se convirtió en monarquía constitucional en 1932.
El promedio anual de casos de lesa majestad entre 1984 y 2004 fue menor a cinco, indicó el académico estadounidense David Streckfuss. "Para 2010, había 478", resaltó.
Este aumento en el número de casos —que se hizo por primera vez notorio en 2007, con 126 demandas— llevó a comentaristas en los medios a hablar de "histeria" y "caza de brujas", indicó Streckfuss, autor del libro "Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason and Lese-Majeste" ("La verdad al banquillo en Tailandia: difamación, traición y lesa majestad").
"Parece que las personas que apoyan al sistema entraron en pánico en los últimos años, llevando a un uso arbitrario de la ley", dijo Streckfuss.
Fue en este clima que algunos académicos tailandeses y extranjeros se animaron a romper años de silencio y a pedir reformas.
En 2008, una universidad de Bangkok organizó una discusión pública, seguida por una campaña el año siguiente, para promover cambios en la ley de lesa majestad.
"Muchos comenzaron a decir más abiertamente que no podíamos permitir que continuara la injusticia de la ley de lesa majestad", dijo a IPS el académico tailandés Thongchai Winishakul, radicado en Estados Unidos y quien lideró las últimas campañas. "El tema de la lesa majestad le está dando una mala reputación al país".
Pero eso no parece preocupar al poderoso jefe del ejército, Prayuth Chan-ocha. "Personalmente creo que no deberíamos hablar sobre esta ley, y no quiero exagerar", dijo a periodistas esta semana. "Si hay personas que creen que la ley tailandesa es injusta o demasiado dura, se pueden ir a vivir al exterior", afirmó.
