«Me duele muchísimo ver que hay personas en Colombia que tratan otra vez de engañar» a los desplazados de sus tierras, cuando crece su «esperanza de ser recompensados y reconocidos», señaló el diplomático sueco Anders Kompass, de visita en este país para apoyar a los campesinos víctimas de la guerra civil.
La campaña para concienciar sobre los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es apoyada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El diplomático sueco fue hasta 2002 director la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), misión que debió abandonar por expreso pedido del entonces presidente Andrés Pastrana tras emitir un comunicado en el que atribuía corresponsabilidad a las fuerzas de seguridad del Estado en la masacre de Bojayá.
El 2 de mayo de 2002, 86 civiles perecieron en el noroccidental poblado de Bojayá, incluyendo 45 niños, tras estallar un cilindro relleno de explosivos en la parroquia donde se refugiaban. El artefacto fue disparado por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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También murieron en esa ocasión, cuando pretendían resguardarse donde estaba concentrada la población, decenas de paramilitares de ultraderecha, 33 de los cuales fueron contados como civiles.
Para llegar allí, unos 250 paramilitares pasaron en al menos siete lanchas por tres retenes de la fuerza pública.
Autoridades civiles y la propia oficina en Colombia de la ONU-DH emitieron alertas, pero el ejército no actuó, tampoco contra varias avionetas que transportaron a comandantes paramilitares al sector.
La connivencia de militares y paramilitares continuó, incluso después de que las fuerzas de seguridad estatales tomaron el control de la zona el 7 de mayo de 2002.
En un informe oficial, divulgado 18 días después de la masacre, Kompass calificó el hecho de crimen de guerra, repartiendo responsabilidades a ambos grupos irregulares y al Estado colombiano, por acción y omisión.
Ese pronunciamiento hizo que fuera fuertemente atacado por Luis Camilo Osorio, por entonces fiscal general de Colombia, responsable de paralizar numerosos procesos por violaciones a los derechos humanos.
También lo hicieron militares, ganaderos y dirigentes políticos de derecha, que esperaban que su informe no midiera la responsabilidad de la fuerza pública.
Menos de un mes después, la misión de Kompass en Colombia se dio por terminada.
Ahora es director de operaciones en terreno y de la cooperación técnica de la ONU-DH, con sede central en Ginebra, y llega a este país cuando un sector poderoso de ultraderecha se opone a la aplicación de la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Esta norma es, según analistas, la apuesta del presidente Juan Manuel Santos para pasar a la historia, puesto que el conflicto por la tierra está en el centro de la prolongada guerra civil.
Las armas de la ultraderecha se enfilan a asesinar a líderes de la restitución de tierras y a desprestigiar a víctimas y organizaciones de la sociedad civil que las defienden.
Mientras, se abre paso en el parlamento una ampliación del fuero castrense, que permitiría a los uniformados ser procesados por la justicia militar en casos de violaciones a los derechos humanos, a lo que la ONU-DH se ha opuesto sistemáticamente.
En un alto en su actividad, IPS habló con Kompass, quien resaltó que es trascendental mostrar de lo que son capaces los opositores a la restitución de tierras. Recordó además que, sin la presión de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, no se habría abierto la oficina de esta agencia especializada de la ONU en este país andino en 1997.
IPS: ¿Qué es lo más importante que encuentra a su regreso a Colombia?
ANDERS KOMPASS: Es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el hito que va a poder cambiar realmente la situación del país. Como el propio ministro de Agricultura (Juan Camilo Restrepo) lo ha reconocido, tiene que ver mucho con las causas del conflicto y con sus soluciones.
Obviamente para mí, que estuve acá en años muy duros en los que la oficina (de la ONU-DH) fue testigo de tantos desplazamientos forzosos y masacres, es muy importante ver que las víctimas pueden también tener esperanza de ser recompensadas y volver a sentirse como ciudadanos, con sus derechos.
En ese marco, me duele muchísimo, aunque no me sorprende, ver cómo hay personas que están tratando otra vez de engañar a la gente en su esperanza de ser recompensadas y reconocidas.
IPS: ¿Percibe más presencia de las víctimas actualmente? ¿O por su trabajo siempre vio una presencia importante?
AK: Yo creo que siempre, siempre, siempre, sin conocer exactamente lo que dice la normativa internacional y todos los códigos que manejan los abogados y activistas, la gente del común sabe cuándo le violan su dignidad, sus derechos.
En este país, con su historia, también su población aprendió a no aceptar esto. A trabajar, obviamente, con muchísimo sacrificio. Es por eso que uno tiene que hablar con gran humildad y respeto hacia las personas.
Pero es importante el hecho de que hoy en día se está reconociendo el derecho a la restitución por parte del gobierno.
IPS: ¿Cómo ve a los opositores de la ley de víctimas?
AK: A quienes conocemos a Colombia, no nos sorprende. Pero, por eso, el próximo año y los siguientes son sumamente importantes, porque definirán si Colombia va a ser, por fin, capaz de marcar una diferencia con lo que ha sido, lamentablemente, su historia. Con muchas repeticiones, en muchas formas, pero siempre con esta violencia presente.
IPS: ¿Colombia encallada en sí misma?
AK: Sí. Por eso ahora tenemos que darle nuestro apoyo. Porque nunca hay que olvidar esas caras, esas voces. Nunca hay que olvidar lo que pasó hace muy poco tiempo. Eso ha estado muy presente en mí, desde que salí de Colombia.
IPS: ¿Lo que ha cambiado es la política gubernamental? ¿Hay un avance?
AK: Sí, espero.
