El alto índice de pobreza, la inseguridad y las reformas política y tributaria forman parte del pesado portafolio de retos que afrontará hasta 2016 el próximo gobierno de Guatemala del derechista general retirado Otto Pérez Molina.
El experto consideró fundamental para el país la reforma tributaria y fiscal, pues sostuvo que aseguraría los recursos financieros suficientes para atender las necesidades de la población y combatir la pobreza, "cuyo efecto más dramático es la desnutrición".
Guatemala, con 14 millones de habitantes, presenta la desnutrición crónica infantil más alta de América Latina y una de las mayores del mundo, al afectar a 49,3 por ciento de sus niños y niñas menores de cinco años, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"Aunque es generalizada, la pobreza más pronunciada se encuentra en territorios rurales, de modo que ahí debería estar la prioridad. El camino es el desarrollo agrícola integral, única forma de combatirla de forma sostenible", sostuvo Zapata.
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Otro asunto insoslayable, según este experto, es la seguridad ciudadana y la justicia, por las cuales "existe una demanda generalizada de la población" que, además, "tiene grandes expectativas por el impulso que le dio al tema" Pérez Molina en su exitosa campaña electoral.
Pérez Molina y Roxana Baldetti, la fórmula proclamada ganadora de la segunda vuelta presidencial celebrada el 6 de este mes, centraron sus discursos en la promesa de aplicar "mano dura" contra la delincuencia.
Con una profunda y añeja conflictividad social, Guatemala ostenta enormes problemas de inseguridad, además de los altos índices de pobreza e indigencia.
Este país fue considerado entre los seis más violentos del mundo, según un informe publicado en octubre por la secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, una iniciativa diplomática lanzada en 2008.
Además, en Guatemala funciona desde 2008 la Comisión Internacional Contra la Impunidad, una iniciativa única en el mundo avalada por la Organización de las Naciones Unidas, según la cual 98 por ciento de los crímenes cometidos en este país quedan impunes.
Por último, Zapata consideró de suma urgencia la aprobación de una reforma política. El actual sistema institucional es criticado por su laxitud en la fiscalización del financiamiento de los partidos y por excluir la participación de indígenas, jóvenes y mujeres, entre otros aspectos.
"La magnitud de los problemas que enfrentamos demanda acuerdos nacionales", sostuvo, para luego añadir que "el gobierno patriota tiene la responsabilidad de liderar esos procesos, aunque la responsabilidad sea compartida por la oposición política y la diversidad de actores sociales". La población indígena, las mujeres, la salud y la educación también deberán tener la atención del futuro gobierno nacional.
Hortencia Simón, activista de la no gubernamental Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj, dijo a IPS que durante el saliente gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom "hubo un retroceso" en los temas de derechos de mujeres e indígenas.
"Se puso mucha atención en el discurso, pero no en la práctica", criticó.
Además, "la violencia en todas sus manifestaciones sigue imperante en el país", mientras que el presupuesto de instituciones gubernamentales que atienden la temática de los pueblos originarios, como el Fondo de Desarrollo Indígena y la Defensoría de la Mujer Indígena, "fue limitado", dijo.
Según estadísticas oficiales, los indígenas representan cerca de 40 por ciento de la población guatemalteca, repartidos entre los pueblos maya, garífuna y xinca, pero son, a su vez, los más excluidos.
Esto se deja entrever en muchos aspectos. Por ejemplo, la prevalencia de la desnutrición crónica entre los niños y niñas indígenas menores de cinco años fue de 58,6 por ciento en el período 2008-2009, casi el doble de lo registrado entre los no indígenas, según un informe gubernamental presentado en 2010.
Simón no quiso dejar de mencionar la salud y la educación como "pilares fundamentales para combatir la pobreza".
Al respecto, reconoció que el gobierno saliente concretó la gratuidad de la educación pública en 2008, como lo manda la Constitución, lo cual dio paso a una mayor inscripción escolar.
"Pero no podemos decir que los estudiantes están recibiendo una calidad educativa, cuando 50 alumnos reciben clases en un aula con capacidad solo para 35", cuestionó.
Otro reto lo representan las finanzas públicas. Ricardo Barrientos, economista del no gubernamental Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó a IPS que este año las inversiones caerán de 818 millones de dólares asignados en 2011 a 220 millones de dólares.
Para que el Estado disponga de los recursos necesarios para atender sus obligaciones y estos desafíos, urge la aprobación de una reforma tributaria y fiscal integral, una medida que el presidente Colom no pudo sacar adelante, tras varios intentos, debido a la férrea oposición del sector privado.
"La reforma tiene que tener un carácter integral, o sea que los tributos deben cumplir los requisitos de justicia y de capacidad de pago; que los que más tienen más deben contribuir", precisó.
Un estudio del Icefi estimó que, para que el futuro gobierno cumpla sus promesas de duplicar el presupuesto del ministerio de Agricultura, proveer seguridad, empleo, educación, salud y otros, requiere unos 1.688 millones de dólares adicionales a los 7.600 millones de dólares del proyecto de presupuesto para 2012.
