Las denuncias sobre una presunta red montada desde la propia policía de Honduras para perpetrar asesinatos, extorsiones, secuestros, asaltos y tráfico de drogas llevó al gobierno a remover los mandos de esa fuerza y pedir ayuda al parlamento para depurarla a todos los niveles.
El escándalo, el mayor desde 1995 cuando los crímenes y la corrupción empujaron el traspaso de la policía del poder militar al civil, hizo que el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, instara al gobierno a declarar "el estado de emergencia" y pedir la intervención inmediata, con personas independientes, de esta fuerza, considerada una verdadera escuela del crimen.
El dirigente sindical Daniel Durón dijo a IPS estar "asustado de tanta criminalidad concentrada en la policía". "No basta, creo, con depurar la fuerza, sino que nos deben dar una nueva policía", sostuvo.
Por su parte, Manuel Capellín, de la organización no gubernamental pro niñez Casa Alianza, comentó a IPS de sus firmes sospechas de la participación de policías en la ejecución de jóvenes. Solo entre abril y junio fueron reportadas más de 300 muertes violentas en Honduras.
El detonante de la crisis fue el asesinato de dos estudiantes de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), uno de ellos el hijo de la rectora de ese centro académico, la socióloga Julieta Castellanos, precisamente experta en temas de seguridad y gobernabilidad.
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Rafael Vargas Castellanos y Carlos David Pineda fueron seguidos por dos patrulleros policiales la noche del 22 de octubre, cuando regresaban de una fiesta de cumpleaños. Los tirotearon y, ya con uno de los jóvenes heridos, hicieron que el automóvil se detuviera, los ejecutaron y arrojaron sus cuerpos a una hondonada en la aldea Villa Real, ocho kilómetros al sur de Tegucigalpa.
Así lo determinó la investigación forense que, "desde un principio, estuvo bajo nuestro control, al sospechar que no se estaba frente a un asesinato de la modalidad de sicariato, que mata, se va y no se preocupa por limpiar la escena del crimen", dijo Castellanos a IPS.
"Los mataron desde una institución del Estado que debe brindar seguridad a la ciudadanía, y se ve toda una red de protección para encubrirlos. Aquí no hay Estado, hay una indefensión de la ciudadanía", acotó.
La policía confirmó que los acusados por el crimen son ocho efectivos asignados al puesto de La Granja, en el sur de Tegucigalpa, cuatro de los cuales se fugaron luego de que las autoridades policiales en ese momento les dieran el "día libre" porque no había orden de captura y no podían "violar sus derechos humanos", según el nuevo jefe de la fuerza, José Ramírez del Cid.
El jefe de policía agregó que se ha montado un gran operativo para dar con el paradero de los fugitivos, mientras que los otros cuatro permanecen encarcelados a la espera de un juicio oral y público.
"Estamos ante una red criminal que opera desde las propias estructuras de la policía, y la fuga de esos cuatro testigos claves solo me hace pensar que están encubriendo cosas para proteger a gente grande (poderosa) a lo interno de la misma policía", señaló a IPS la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce.
Sumadas a esta acción criminal, investigaciones de periodistas del diario local El Heraldo dan cuenta de la desaparición de las bodegas de la policía de por lo menos 300 fusiles FAL y más de 300.000 proyectiles, hace más de dos meses, sin que el faltante fuera notificado aún al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Posteriormente, el mismo diario publicó reportajes sobre lo que denominó "Carteles del crimen", que, según afirma, operan desde puestos policiales de Tegucigalpa, con códigos de protección para extorsionar, traficar drogas, secuestrar y asesinar, entre otros delitos.
La policía admitió las imputaciones y para descartar una intervención foránea optó por "auto-intervenirse", confiscar la documentación de esas comisarías y suspender de sus funciones a los oficiales a cargo.
Estas denuncias se suman a las que vienen realizando organizaciones de derechos humanos, que acusan a la policía nacional civil de haber cometido asesinatos cuando el derrocamiento en junio de 2009 del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue sacado de su casa por efectivos del ejército y enviado a Costa Rica.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada para investigar los hechos que suscitaron ese golpe de Estado cívico-militar, registró en su informe final la muerte selectiva de ocho opositores políticos y otras cuatro en investigación, responsabilizando a las fuerzas de seguridad. La rectora Castellanos integró ese grupo que indagó lo sucedido en 2009.
En otro escenario, la policía también es acusada de complicidad en la ola de violencia lanzada por terratenientes contra campesinos que reclaman parcelas para trabajar en la región del Bajo Aguán, en la nororiental región atlántica, hoy intervenida por 1.000 efectivos policiales y militares enviados hace dos meses por el gobierno de Porfirio Lobo.
Honduras es considerada una de las naciones más violentas del mundo, pues pasó de 37 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en 2004, a 86 homicidios por 100.000 habitantes proyectados para este año, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, que apunta un promedio de 20 asesinatos diarios.
La media mundial de asesinatos es en la actualidad de algo más de ocho cada 100.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud.
El gobierno de Lobo busca revertir la tendencia con operativos, en tanto el parlamento aprobó una ley de depuración que elimina la Unidad de Asuntos Internos de la policía para volverla un ente autónomo y desconcentrado, mientras anuncia reformas para poner en vigor una política integral de seguridad ciudadana.
