La llamada toma de Bogotá, promovida por estudiantes y apoyada por sus padres, profesores y sectores sociales y culturales, siguió su curso aun después de que el gobierno de Colombia ofreció el retiro de su cuestionado proyecto de ley para reformar la enseñanza a cambio de que se cancelara la protesta.
"Que supere los mandatos neoliberales y la afectación del país por el tratado de libre comercio con Estados Unidos", que el Congreso legislativo de ese país aprobó en octubre, dijo a IPS la estudiante de derecho Adriana Santos.
El fuerte aguacero que soportó Bogotá este jueves 10 no mermó los cantos, bailes, arengas y abrazos de estudiantes y sus familiares, artistas y profesores, quienes desde siete sitios estratégicos de la ciudad avanzaron por las calles rumbo a la Plaza de Bolívar, sitio emblemático en el corazón de la ciudad, rodeada por el parlamento, la alcaldía, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de Colombia.
El movimiento de protesta rechaza el proyecto de reforma de la ley 30, de 1992, que rige la enseñanza terciaria o superior en Colombia, porque, asegura, intenta privatizar el sistema al incentivar la inversión empresarial y la creación de universidades con ánimo de lucro, además de atentar contra la autonomía al darle al ministerio un mayor poder de control de los centros educativos públicos.
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La huelga en la educación, que cumple un mes continuará, al igual que las movilizaciones, más allá de que el próximo fin de semana se reunirá la denominada Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) para pronunciarse sobre la propuesta gubernamental.
En paralelo, los huelguistas invitaron a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, a un debate por televisión el 15 de este mes en horario de alta audiencia.
"Queremos que el país se entere de nuestro compromiso en la construcción de una propuesta de educación alternativa, democrática, con gratuidad y al servicio de la inmensa mayoría", explicaron los portavoces de la MANE.
"Queremos que los hijos de Colombia, de sus trabajadores más sencillos, accedan a una educación superior de calidad. Si queremos progreso necesitamos buena educación", añadieron.
"El retiro del proyecto, más que un gesto de democracia, representa la fortaleza y la justeza que ha logrado el movimiento estudiantil", dijo a IPS el profesor emérito y ex rector de la estatal Universidad Nacional de Colombia, Víctor Manuel Moncayo.
"Lo que vemos ahora no lo veíamos desde los años 70, cuando vivimos una muy interesante movilización estudiantil, logrando autonomía y destronando rectores", agregó.
La protesta de estudiantes y profesores comenzó al conocerse los primeros borradores de la reforma en agosto de 2010, apenas iniciado el gobierno de Santos.
La propuesta gubernamental, que para muchos representa la continuidad de la política iniciada por el gobierno derechista de Álvaro Uribe (2002-2010), conocida como "la revolución educativa" y que, en esencia, tiende a la privatización, según aseguran sus críticos.
Para la elaboración del texto ahora en debate, los estudiantes pidieron participación activa, e iniciaron en abril las movilizaciones en Bogotá y otras grandes ciudades colombianas.
"Pero no hubo debate ni construcción colectiva. Los 28 foros organizados por el ministerio se constituyeron en un mecanismo idóneo para que el gobierno legitimara su proyecto", afirman en la comunicación enviada al parlamento.
Tras un comienzo de protestas que derivaron en incidentes y represión policial, las manifestaciones estudiantiles cambiaron para encarar lo que llamaron el "abrazatón", realizado el 26 de octubre, y luego vino el "besatón", el 3 de este mes.
"En la MANE decidimos por consenso, como resolvemos todas las iniciativas, cambiar de táctica, lo que nos ha dejado jornadas emocionantes", señaló a IPS la representante del consejo estudiantil de la privada Universidad Externado de Colombia, Viviana Rangel.
Esta alta casa de estudios es una de las 26 privadas que se han unido a la protesta "por solidaridad con la universidad pública, pero también porque la reforma gubernamental afecta a nuestro sector", agregó esta estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales.
Para Rangel, "el proyecto tiene relación directa con el tratado de libre comercio con Estados Unidos".
"En el capítulo 11 de ese acuerdo se exige que haya inversión privada en la educación. Es decir, que aparece el ánimo de lucro, lo cual significa que se permitan alzas de matrícula por encima del índice de precios al consumidor, como es tradicional", agregó.
"También permitirá el ingreso de universidades estadounidenses, que prepararán personas para favorecer su economía con mano de obra barata y el desmonte de otras garantías que ofrece ahora la universidad privada", continuó.
Por eso "Santos no puede ceder tan fácilmente, pues su compromiso con la agenda estadounidense es muy alto", complementó Yamile Rojas, egresada de la facultad de Derecho en la privada Universidad Libre, ante la consulta de IPS.
Rangel subrayó que, dentro del marco de las políticas neoliberales, la reforma enfatiza "en el tema de los créditos educativos, como una auténtica pesadilla para los estudiantes y sus padres. Tras cinco años estudiando, se deberá pagar por otros 15 años", afirmó.
En tanto, la ministra Campo insiste en el regreso a clases y argumenta que la pérdida del semestre limitará el ingreso a nuevos estudiantes el próximo año.
Los jóvenes responden que es mejor perder un semestre que toda una vida de posibilidades para ellos y para las futuras generaciones.
