La última vez que Supaya vio a sus hermanas, Erlinda y Ernestina, las niñas tenían apenas 3 y 7 años respectivamente.
Las tres caminaban por un monte, escapando de un operativo del ejército salvadoreño en la localidad de Chalatenango. Era el año 1982, y El Salvador vivía un sangriento conflicto armado. Cuando Supaya escuchó tiros, escondió a las niñas y fue a buscar refugio. Al regresar a buscarlas, sus hermanas ya no estaban.
Tiempo después supo que testigos vieron como soldados secuestraban a Erlinda y Ernestina y se las llevaban en un helicóptero.
Nadie supo más de ellas.
En los casi 30 años que pasaron desde la desaparición de las niñas Serrano Cruz, no se ha iniciado una investigación seria sobre el caso. Nadie ha sido llevado a la justicia.
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Hoy, Supaya habla de la desaparición de sus hermanas como si el tiempo no hubiera pasado. "Busco la verdad, saber lo que pasó, nada más que eso. Tengo la esperanza que alguna vez las voy a volver a ver", dice.
El 30 de agosto marca el Día Internacional de los Desaparecidos, establecido en 1983 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos para llamar la atención sobre los cientos de miles de personas detenidas sin acceso a sus familiares o representantes legales alrededor del mundo.
En mis más de 30 años trabajando con Amnistía Internacional en América Latina, conocí a muchas personas como Supaya. Madres, padres, abuelos y hermanos que durante años han pasado cada uno de sus días recorriendo tribunales, manifestándose con fotos gigantes, siguiendo pistas y golpeando puertas, en sus países y en otros.
Personas que solo quieren saber qué fue de sus seres queridos.
Muchas cosas han cambiado desde mis primeros viajes a Chile y Argentina, allá por los años 70. A casi tres décadas del final de las últimas dictaduras latinoamericanas, y particularmente en los años más recientes, comenzamos a ver importantes avances hacia la justicia.
En Argentina, por ejemplo, se han abierto decenas de procesos contra altos mandos militares por su responsabilidad en abusos a los derechos humanos, incluyendo su rol en miles de desapariciones forzadas. Decenas de niños apropiados ilegalmente encontraron su verdadera identidad.
En Perú, un grupo de miembros del escuadrón de la muerte "Grupo Colina" y de ex altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori fueron hace poco declarados culpables del homicidio de 15 personas y de la desaparición forzada de otras 10, cometidos en 1991 y 1992.
En Colombia, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en 1985, después de que el ejército asaltara el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varias personas como rehenes.
Pocos hubiéramos imaginado hace apenas 20 años que veríamos a estas personas rindiendo cuentas. Aunque en otros lugares, sin embargo, las cosas no han avanzado.
En Bolivia, por ejemplo, las autoridades que investigaban desapariciones forzadas cometidas entre 1980 y 1981 siguen teniendo dificultades para acceder a los archivos militares, pese a que la Corte Suprema del país ha dictado dos órdenes para que se desclasificaran.
Brasil todavía se niega a derogar una ley de amnistía de 1979 que no permite que cientos de casos de tortura, asesinatos y desapariciones sean investigados.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los responsables de delitos de derecho internacional cometidos en el marco de la "guerra contra el terror, como torturas y desapariciones forzadas, no rindieron cuentas de sus actos.
Aun hoy, Amnistía Internacional continúa recibiendo cientos de denuncias de desapariciones forzadas desde cada rincón del planeta.
En México, por ejemplo, hemos visto un aumento en los informes de desapariciones a manos de las Fuerzas Armadas en el contexto de operativos para combatir el crimen organizado.
No es casual que las desapariciones continúen siendo una realidad en las Américas. Cuando los responsables de los abusos a los derechos humanos no son llevados a la justicia y castigados, es probable que esos abusos vuelvan a cometerse. El mensaje que se envía es muy peligroso.
Tan seria es la situación que en 2007, las Naciones Unidas acordaron la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece obligaciones para cada uno de los países que la firmaron de prevenir estas violaciones a los derechos humanos, iniciar investigaciones cuando se cometen y llevar a los responsables a la justicia.
La convención, ratificada por la mayoría de los países en América Latina, es un importante paso hacia el esclarecimiento de estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para que este acuerdo sea realmente útil, es imprescindible que todos los estados se comprometan a llevarlo a la práctica.
"Es muy duro hurgar el pasado, pero lo que me mantiene viva es la esperanza de que algún día mis hermanas y yo nos volveremos a ver", dijo Supaya.
Es que esa esperanza es lo único que queda cuando alguien pierde a un ser querido sin saber qué pasó. Cuando se les quita el derecho a un entierro, a saber si viven o no. Cuando no les queda más opción que pasar cada día de sus vidas, preguntándose: ¿dónde están?
Pero no están solos, nunca los dejaremos solos.
* El autor es Asesor Especial de Amnistía Internacional.
