José Luiz Ferreira, de 60 años, nació pobre y así sigue, pero pudo estudiar. Seu Luiz, como lo llaman en Vila Nova Chocolatão, el barrio de Porto Alegre donde reside, subsiste dando clases de inglés y ve águilas donde todos ven gallinas.
Es una versión libre de un cuento contenido en el libro "El águila y la gallina", del teólogo y escritor brasileño Leonardo Boff, representante de la Teología de la Liberación.
"Aquí (en el barrio), todo el mundo es águila desde hace años, pero los tratan como gallinas. Y si nadie les dice nada, continuarán actuando como gallinas", sostuvo.
El desalojo de Vila Chocolatão, una barriada hacinada de 732 habitantes, se transformó en un hito en la ciudad: por primera vez un reasentamiento fue acompañado por juristas y geógrafos que fijaron un laudo para prevenir y solucionar problemas, basados en el derecho a la vivienda.
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El esfuerzo dio como resultado que se suspendiera el reasentamiento hasta que no se firmó un Acuerdo de Compromiso con el Ministerio Público Federal, que ocupará con un edificio propio el terreno donde antes estaba Chocolatão, y que es propiedad del Tribunal Regional Federal.
"No porque habiten una vivienda digna van a tener trabajo, salud y educación. Un principio fundamental es que está prohibido retroceder, pues donde estaban antes se ganaban el sustento", dijo a Tierramérica el procurador regional de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Público, Alexandre Gavronski.
La nueva Vila Chocolatão está lejos del centro, tiene menos basura, casas de material sólido, cloacas, electricidad y agua corriente. Garantiza empleo a 60 personas por turno en una Central de Selección de Residuos donada por una empresa privada, para satisfacer la demanda de empleo de la población, que antes sobrevivía de la recolección de basura reciclable.
Sería perfecta si no fuera porque infringe la ley, que no sólo obliga a dar un techo a los desalojados, sino también la posibilidad de reconstruir sus vidas con trabajo, salud, educación y un mínimo confort.
El barrio original estuvo 25 años en el predio del Tribunal, un área insalubre que se había incendiado más de una vez. Pero dos tercios de los pobladores tenían ingresos equivalentes a un salario mínimo de unos 342 dólares.
"La nueva villa es infinitamente mejor", dijo a Tierramérica el director del Departamento Municipal de Vivienda, Humberto Goulart, una semana antes del traslado.
"La guardería infantil (entonces no concluida) es moderna, hay lugar para todos los niños y niñas en las escuelas, los puestos de salud pueden responder a la nueva demanda, y el galpón de selección (de basura) es el más moderno de Brasil", enfatizó. "Algunos reclamaron sólo para crear tensiones".
Las críticas, conducidas por la Asociación de Geógrafos Brasileños y el Servicio de Asistencia Jurídica Universitaria de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, habían hecho hincapié en la poca participación que se dio a los habitantes en el plan de reubicación, contraviniendo el Estatuto de la Ciudad.
También alertaron que faltaban viviendas para todas las familias, lo que obligó a la prefectura (gobierno municipal) a garantizar el pago de un alquiler en otra zona para una parte de los habitantes.
Las críticas siguieron por el galpón de reciclaje, que no tenía capacidad para todos los que antes trabajaban como recolectores y recicladores, y por el deficiente censo de las familias, que terminaron en viviendas sólo aptas para grupos poco numerosos.
"No era lo que yo esperaba", dijo a Tierramérica una semana después de la mudanza, en mayo, Teresinha Margarete do Rosário, en la Central de Selección de Residuos. Solamente había conseguido lugar para uno de sus seis hijos en la escuela más cercana.
Pero Antônio Lázaro da Silva de Oliveira, obrero de la construcción, estaba satisfecho. "Aquí es otra vida. Mis tres hijas están estudiando. Eso sí: a las 21 horas nadie más sale de casa. Voy a conversar con la gente para mejorar la seguridad del barrio", comentó a Tierramérica.
A Marta Suzana Pinheiro Siqueira y a su esposo les llevó más de un año construir la vivienda que necesitaban en el viejo barrio, pero no tuvieron más remedio que aceptar el desalojo. Un mes después de la mudanza todavía esperan que las autoridades solucionen la falta de espacio para albergar a sus cuatro hijos, de 11 a 17 años de edad, trasladando a la familia a una tercera ubicación.
Aunque el desalojo de Cholocatão no está vinculado a las obras para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2014, en el Brasil de hoy todos los reasentamientos y reformas urbanas terminan confluyendo en ese objetivo.
"Todo se vincula a la Copa, porque es la manera de obtener recursos", dijo a Tierramérica la arquitecta y urbanista Raquel Rolnik, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada.
Rolnik recibió denuncias de desalojos forzados y de reasentamientos de distintas regiones que violaban derechos ciudadanos. Una de esas quejas fue sobre Vila Chocolatão.
En diciembre, Rolnik se dirigió al gobierno brasileño, alertando sobre esas denuncias vinculadas a la construcción de infraestructura para la copa de fútbol. Ante la falta de respuesta, hizo público el asunto con un comunicado de prensa.
En mayo, la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, Maria do Rosário Nunes, le respondió por teléfono que el gobierno había creado un grupo de trabajo integrado por su despacho y varios ministerios para requerir los planes de reasentamiento a las alcaldías involucradas en denuncias.
De momento se están evaluando esos planes y seguirán visitas de autoridades federales a cada lugar, dijo una fuente de la Secretaría.
"Si se reiteran las violaciones, puede haber sanciones", dijo Rolnik a Tierramérica.
Al cierre de esta edición, la Cámara Municipal de la ciudad de Río de Janeiro aprobó la instalación de una comisión investigadora de las denuncias de violaciones de derechos humanos en las sobras para la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos 2016.
Estas obras son uno de los tres grandes proyectos nacionales que afectan a residentes precarios en este país de 190 millones de personas. Los otros son el Programa de Aceleración del Crecimiento y el plan Minha Casa, Minha Vida (Mi Casa, Mi Vida), describió la geógrafa Lucimar Siqueira.
Las soluciones ofrecidas dan techo y asistencia a los desalojados, indicó. Pero no garantizan que las águilas puedan volar.
* La autora es colaboradora de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 2 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
