Aunque la nueva legislación migratoria de Argentina es considerada de las más progresistas de América Latina, la persistencia de acentuados rasgos xenófobos y discriminatorios en varias capas de la sociedad muestra que el avance es aún más teórico que práctico.
El rechazo al extranjero, que no deviene del papel escrito, lo sufren miles de inmigrantes en oficinas públicas, en las calles, en los distintos empleos, en escuelas o en hospitales de Argentina, pese a que la norma les reconoce derecho a acceder a todos los servicios libremente.
"Yo paso siempre por el hospital y está lleno de peruanos y paraguayos que le quitan el lugar a los argentinos", le comenta a IPS una mujer que asegura reconocer, con solo pasar por la puerta, "el acento" de los pacientes que se atienden en el centro de atención estatal de San Isidro, una localidad de la zona metropolitana de Buenos Aires.
La socióloga Corina Rodríguez Enriquez, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), selecciona otra frase de este tenor, recogida para su estudio de un taxista: "Estos negros de mierda, ¿por qué no se vuelven a su país?".
Rodríguez es autora de un trabajo, aún inédito, sobre la inmigración de mujeres paraguayas en Argentina, una dinámica que ella enmarca en las "cadenas globales de cuidado" para trabajar en la atención del hogar, los hijos y los ancianos.
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La investigación forma parte de un proyecto de ONU Mujeres que analiza también "las cadenas de cuidado" entre inmigrantes ecuatorianas y bolivianas en España, peruanas en Chile y nicaragüenses en Costa Rica.
En América Latina, la emigración femenina pasó de 44,7 por ciento del total en 1960 a 50,5 por ciento en 2000. Esta feminización del fenómeno se acentuó a partir de los años 90 debido a las crisis económicas que sufrieron los países de origen.
Rodríguez sostuvo que la transnacionalización de los cuidados deviene en un régimen injusto en el que se vulneran derechos tanto de quienes emigran como de quienes deben afrontar las cargas familiares que deja el que se va.
Las emigrantes, que salen de su país de origen en busca de mejores oportunidades de empleo pero que, en general, tienen escasa calificación, suelen dejar atrás hijos e hijas a cargo de familiares para emplearse en hogares de clase media y alta donde se les derivan cuidados.
La principal rama en la que se emplean las mujeres es el servicio doméstico. En Argentina, 58,1 por ciento de las paraguayas trabajan en ese sector y, pese a estar al cuidado de una institución preciada en este país como es la familia, suelen sufrir discriminación.
Esa marginación también la padecen las mujeres en otras instancias sociales.
En el artículo, la socióloga Rodríguez señala que la nueva legislación migratoria "es progresista" y "amplió derechos", pero advirtió que aún persisten "trabas culturales" en el acceso a la salud o la educación, que responden a una "inercia" de la burocracia.
"La xenofobia y la discriminación siguen siendo una realidad palpable en Argentina", afirmó la autora. "La igualdad de derechos con el inmigrante no siempre es bienvenida por los argentinos", añadió.
Para su investigación, Rodríguez hizo múltiples entrevistas a inmigrantes empleadas en la limpieza y el cuidado de niños y ancianos. También a patronas, funcionarios y a asociaciones de inmigrantes y de defensores de los derechos humanos.
En los testimonios se manifestaron expresiones discriminatorias de algunas empleadoras, a pesar de que se trata de un grupo que, por haber contratado a extranjeras para trabajar en su casa, se supone que tienen menos prejuicios.
"Hay paraguayas que son muy sucias", dice una. "Yo tuve malas experiencias con paraguayas porque son medio mentirosas", señala otra.
"Estos estereotipos de características vinculadas a nacionalidades aparecen también en los medios de comunicación, en el discurso de funcionarios y de vecinos", comentó a IPS Rodríguez. "Son rasgos persistentes de la sociedad argentina", remarcó.
Estos males conviven con una serie de reformas en torno a las migraciones que fueron pioneras en la región. Por un lado la ley de 2004, que derogó una norma de la última dictadura (1976-1983) y, por otro, un programa que facilitó la regulación de extranjeros sin la documentación requerida.
En diálogo con IPS, Luciana Litterio, de la Dirección Nacional de Migraciones, aseguró que Argentina fue el primer país latinoamericano en avanzar en una ley que reconoce a la inmigración como un derecho humano.
"Luego Uruguay promovió una ley similar, que tomó a la de argentina como modelo, y ahora en Ecuador, tras el cambio de la Constitución, se trabaja en una norma que también pone el eje en los derechos de la persona", dijo.
La ley argentina, entre otras disposiciones, ordena garantizar el acceso de inmigrantes a la salud y la educación públicas y elimina la obligación hacia los empleados públicos de denunciar a los extranjeros sin documentos.
En tanto que el Programa Patria Grande, lanzado en 2006 permitió que más de 400 mil inmigrantes accedan a la residencia temporaria sólo presentando su documento nacional y la carencia de antecedentes penales. Es decir, sin contrato de trabajo.
No obstante, Pablo Asad, el representante de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales que trabaja en cobertura legal con inmigrantes, consideró que todavía hay múltiples fallas en la concreción de los derechos.
Asad remarcó que hay inmigrantes que no logran inscribir a sus hijos en escuelas públicas o que son rechazados en hospitales por carecer de documento de identidad argentino y que no tienen una oficina donde denunciar estas fallas.
También subrayó que la política argentina está privilegiando a inmigrantes de países cercanos para facilitarles los trámites, pero actúa en forma más restrictiva con llegados de fuera de América del Sur como dominicanos o hasta senegaleses.
