En la década de 1970, sin Internet ni redes sociales para correr la voz, Amnistía Internacional (AI) fue una piedra en la bota de los dictadores del Cono Sur americano, recuerdan algunos beneficiarios de sus denuncias cuando la organización cumple 50 años.
Pérez Esquivel fue el fundador del Servicio de Paz y Justicia y activista por los derechos humanos en América Latina. En 1977, el régimen militar de su país (1976-1983) lo mantuvo en detención ilegal durante 14 meses y lo sometió a torturas.
En 1961 el abogado británico Peter Benenson escribió un artículo publicado en el diario Observer, "The Forgotten Prisoners" (Los presos olvidados) en reclamo de la libertad o el juicio justo de seis detenidos calificados por primera vez como "presos de conciencia". El texto fue reimpreso por periódicos de todo el mundo y se constituyó en la Campaña en Pro de la Amnistía, que marcó el nacimiento de AI.
Voluntarios alemanes, belgas, británicos, estadounidenses, franceses, irlandeses y suizos celebraron su primera reunión en julio de ese año y decidieron crear un "movimiento internacional permanente en defensa de la libertad de opinión y de religión". Antes de que concluyera 1961 realizaron su primera vigilia, acto que se convirtió en símbolo de la organización.
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Pérez Esquivel describe el mecanismo básico de AI: "ellos adoptaban a prisioneros de conciencia en un país y realizaban campañas en todo el mundo para conseguir que los liberaran". La solidaridad con el detenido se expresaba mediante cartas a los gobiernos que se difundían también a través de la prensa.
AI fue la primera organización humanitaria que envió una delegación a este país en plena dictadura (1976-1983) para investigar la situación de los detenidos, torturados y desaparecidos. Se estima que el régimen militar hizo desaparecer a unos 30.000 opositores.
El informe resultante, publicado en 1979, incluía los nombres de 2.665 personas desaparecidas de las que el régimen decía ignorar su paradero. "Para los organismos de derechos humanos, de madres y abuelas, que eran grupos incipientes entonces, Amnistía fue un gran apoyo", recordó Pérez Esquivel.
Para 1970, AI era una red de 850 grupos en 27 países. En 1977 fue galardonada con el premio Nobel de la Paz. Hoy es un movimiento global con más de tres millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y sus denuncias cubren un espectro cada vez más amplio de sectores sociales víctimas de abusos.
Los pueblos originarios, la violencia machista, la pena de muerte y las condiciones carcelarias, la violencia policial y la tortura, los derechos de los pobres al desarrollo y el control del armamento son motivos de algunas de sus campañas.
Pero en Argentina, como en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, Amnistía es recordada sobre todo por sus acciones a favor de los perseguidos de los regímenes dictatoriales de los años 70 y 80.
La dictadura uruguaya (1973-1985), que manejaba sus asuntos con muy poca estridencia, no escapó al dedo acusador de AI. En un informe de 1976, la organización sostuvo que para diciembre de 1975 "uno de cada 500 ciudadanos se encontraba en detención política y un promedio de 1 cada 50 ciudadanos había sufrido interrogatorios o detención transitoria en los últimos años".
"Uruguay tiene el índice más alto de prisioneros políticos per cápita de América Latina" y el tormento es el "método rutinario tratándose de prisioneros políticos, con variaciones cada vez más brutales llevando a un elevado número de muertos por torturas", agregaba.
Durante el régimen militar de Brasil (1964-1985) AI jugó un importante papel, dijo a IPS el investigador de Amnistía sobre Brasil, Patrick Wilcken.
El 19 de marzo de 1973, AI lanzó su primera "acción urgente" en todo el mundo, a favor de un brasileño detenido y torturado, el profesor de historia de la Universidad de São Paulo, Luiz Basilio Rossi.
Miles de cartas dirigidas a autoridades brasileñas llegaron desde distintos lugares del mundo a favor de Rossi. "Yo sabía que mi caso se había tornado público y que entonces ya no podrían matarme", dijo Rossi más tarde.
Rossi había sido arrestado en su casa en São Paulo y fue liberado tras siete meses de prisión y torturas. En cooperación con la Iglesia Católica, AI logró sacarlo del país junto con su familia.
Además, AI envió a la Organización de las Naciones Unidas una lista de 210 personas muertas en "circunstancias misteriosas" cuando estaban presas, y en 1975 tomó bajo su protección a 240 prisioneros políticos.
"La actuación y campañas de AI contribuyeron a la apertura y eventual democratización de Brasil", sostuvo Wilcken. Aún hoy la entidad reclama que se juzgue a los responsables de la represión, que quedaron impunes.
La acción urgente "resultó un recurso simple pero efectivo" y hoy es usada por muchas organizaciones, apuntó Wilcken. En 1973 AI creo su red de acción urgente, que hoy tramita unos 350 casos por año.
Sus participantes están listos para enviar cartas, correos electrónicos y faxes a autoridades en todo el mundo a favor de personas torturadas, con riesgos de salud, arrestadas de forma ilegal, en huelga de hambre en reclamo de un derecho, en peligro de ser ejecutadas o de ser repatriadas a un país donde corren riesgo de tortura, desaparición o muerte, o amenazadas por una ejecución extrajudicial.
Desde que Augusto Pinochet encabezó el golpe militar en Chile en 1973, AI fue uno de sus fiscales más tenaces. Ese mismo año, el régimen aceptó la visita de tres delegados de Amnistía para investigar violaciones de derechos humanos, en un intento por mejorar su imagen internacional.
Al cumplirse el primer aniversario de la dictadura, en 1974, AI expuso en un informe la represión, las ejecuciones y las torturas que se perpetraban en el régimen de Pinochet.
Bajo la mano férrea del dictador, entre 1973 y 1990 fueron asesinadas o desaparecidas más de 3.000 personas y unas 30.000 fueron torturadas. Pero en la salida democrática, Pinochet se aseguró continuar en la jefatura del ejército y ostentar luego el cargo de senador vitalicio que le procuraba inmunidad absoluta.
En septiembre de 1998 pocos sabían que Pinochet viajaba a Londres por razones de salud. Tres días después de su arribo, AI publicó un llamado de atención titulado "La visita del general Augusto Pinochet a Europa".
El documento exhortaba a los países europeos partes de la convención de las Naciones Unidas contra la tortura a asumir su responsabilidad como "Estado parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido tortura o acto que constituya complicidad o participación en la tortura, procederá a su detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia".
"Yo estaba en mi casa y fui corriendo para Amnistía", contó a IPS el abogado chileno Leonardo Aravena. "Para nosotros, imagínese lo que era. Gracias a leyes dictadas por él mismo, Pinochet gozaba de inmunidad en su país", recordó.
Aravena, defensor de derechos humanos y académico de la Universidad Central de Chile, asegura que aquel documento de AI marcó líneas para un debate sobre la responsabilidad de perseguir a los torturadores donde se encuentren. "Tuvo una importancia psicológica, emocional, hasta mediática".
Pinochet fue detenido en octubre por las autoridades británicas tras una orden internacional de arresto emitida desde España por el juez Baltasar Garzón, que venía investigando al ex dictador desde 1997. "De repente, un regalo de Pascua: Pinochet estaba preso, era como la concreción de un sueño", recordó Aravena.
La justicia británica lo tuvo preso casi un año y medio y en ese lapso no sólo España sino otros tres países europeos lo reclamaron para juzgarlo. El proceso entrañó el reconocimiento del principio de la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad pues los jueces determinaron que había base jurídica para extraditarlo.
Pero, basándose en cuestiones humanitarias y de salud, el gobierno británico no concedió la extradición, y Pinochet regresó a Chile en marzo de 2000.
En su país lo esperaban unas 40 causas que se habían movilizado durante su permanencia en Londres. Fue procesado por múltiples delitos, pero murió en 2006 antes de recibir condena. Sin embargo, el panorama de la justicia de Chile había cambiado definitivamente.
* Con aportes de Fabíola Ortiz (Río de Janeiro) y Pamela Sepúlveda (Santiago).
