El poblado amazónico de Mutum-Paraná, en el estado brasileño de Rondônia, está desapareciendo. Sus últimos inmuebles han de ser desmantelados antes de que las aguas del embalse hidroeléctrico de Jirau, en el río Madeira, lo cubran todo.
"Vivo en esta área desde 1989", dijo Silva a Tierramérica. Sus fuentes de ingreso son la minería, la pesca y la extracción de frutas amazónicas, como el açaí y la castaña, cuando no está prestando servicios de taxi entre ciudades y poblados del oeste de Rondônia.
Mutum-Paraná, fundado hace un siglo cuando el caucho natural hacía prosperar la Amazonia, creció luego como punto de apoyo del "garimpo" ‒la minería artesanal del oro y la casiterita, de la que se obtiene estaño‒ que se desarrolló en las tres últimas décadas. La actividad aseguraba pasajeros para el taxi de Silva.
Pero ante la inminencia de la inundación, la mayoría de los 2.000 habitantes del poblado fueron reasentados en Nueva Mutum, un conjunto de 1.600 casas y edificios públicos y comerciales que construyó el consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), a cargo de la obra de Jirau y cuyo principal accionista es la corporación francesa GDF Suez.
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Silva no fue reconocido como habitante con derecho a optar entre una indemnización o una nueva casa, pues en los días en que se hizo el padrón de la población "estaba afuera, con el taxi en Porto Velho", la capital de Rondônia, a 168 kilómetros de Mutum-Paraná, explicó.
Él reconoce que no tenía residencia fija, "a veces dormía en el auto o en una posada", pero reclama en la justicia el resarcimiento que recibieron otros pobladores, ya que hizo su vida aquí durante más de 20 años. Además, quiere indemnización por un predio que dice tener del otro lado del río y que resultará inundado, y por el mercado de pasajeros que perderá como taxista.
Cuando exista el embalse, el garimpo sólo se podrá sostener con nuevas tecnologías y dragas más grandes, señaló Luiz Medeiros da Silva, gerente de socioeconomía de ESBR, que coordina programas para compensar a los desalojados y mineros, educación ambiental y proyectos que quedarían como legado para el futuro.
Jirau y Santo Antônio constituyen innovaciones en Brasil. Sus turbinas bulbo exigen poca caída de agua para funcionar y, por tanto, embalses menores. Jirau inundará 258 kilómetros cuadrados, una superficie pequeña comparada con represas similares, pues tendrá una capacidad de generar entre 3.300 y 3.750 megavatios.
Los desalojos rurales implicaron sólo 316 procesos, por la baja densidad de población. La mayoría optó por indemnizaciones, mientras 30 reclamaron el reasentamiento. La central Foz do Chapecó, que inundó 79,2 kilómetros cuadrados en el sur del país, implicó el desplazamiento de casi 2.500 familias, comparó Anderson Imolesi, encargado de reasentamiento rural de Jirau.
Los afectados en la zona del río Madeira, además de ser pocos, "no tienen perfil agrícola, son ribereños" que también practican el garimpo y la pesca, observó.
En su opinión, los asistidos se pueden considerar privilegiados. Además de una casa en Nueva Mutum, cada grupo familiar obtuvo un predio de 15 hectáreas para sembrar y una reserva forestal de 60 hectáreas de donde pueden extraer frutas, cumpliendo una exigencia legal.
Además, ESBR promueve una experiencia piloto, combinando piscicultura y horticultura orgánica, que podría abrir alternativas sustentables e ingresos para los reasentados rurales.
El proyecto prevé dos hectáreas de tanques para criar un pez amazónico, el tambaqui (Colossoma macropomum) y ocho hectáreas de huertos, maíz y tubérculos, regadas con el agua residual de la piscicultura que es rica en nutrientes.
La meta es producir 20 toneladas de pescado el primer año, 30 en el segundo y 40 toneladas en el tercer año, señaló Olga Torres, técnica del Instituto Pro Natura que conduce la iniciativa para Jirau. La unidad está planificada para 15 familias que podrán así ampliar sus ingresos.
La capacitación y ejecución, en ciclos de seis a ocho meses, pretende desarrollar un modelo que se pueda aplicar en otras comunidades, añadió Torres. Además, el grupo hará reforestación, recuperando especialmente la vegetación en las orillas de los ríos.
Ese y otros proyectos apuntan a dejar algún legado económico cuando terminen las obras de la hidroeléctrica y desaparezcan por ende miles de empleos en la construcción y el ensamblaje de la planta generadora.
Con ese fin, se encargó el diseño de un plan de desarrollo local a un equipo de la Fundación Getulio Vargas ‒institución de enseñanza superior e investigación de la sureña São Paulo‒ que incluiría un polo industrial vecino a Nueva Mutum, para el cual se dispone de tierras, anunció Medeiros da Silva. Una empresa fabricante de equipos hidromecánicos ya decidió instalarse allí.
Pero, pese a los esfuerzos, no hay forma de mitigar los impactos avasalladores de un megaproyecto como Jirau en un ambiente tan vulnerable. La construcción simultánea y cercana de dos centrales hidroeléctricas agravan las consecuencias.
Hay "indicios serios" de que los indígenas quedarán aislados en el área de influencia de las represas, hecho que exigía estudios previos a las obras, destacó Israel do Vale, coordinador general de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, con sede en Porto Velho.
Rondônia tiene 52 etnias indígenas que hablan 30 lenguas diferentes y soportan los graves efectos que desató la rápida ocupación agrícola de su territorio a partir de la década de 1970. Con Jirau están afectados los territorios de dos grupos, karitiana y karipuna, acotó.
"No se cumplieron las medidas condicionantes que las empresas debieron ejecutar también antes de las obras, para asegurar condiciones de supervivencia a los indígenas", se quejó.
El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) protesta por la falta de diálogo de ESBR, que contrasta con la actitud de los constructores de Santo Antônio, que aceptaron la negociación y las sugerencias sobre cómo asentar a una comunidad.
De todas formas, los dos consorcios solo reconocen como afectados a los que sufren la inundación del embalse, y excluyen a la población alcanzada por cambios indirectos, como la pérdida de medios de vida, de acceso al transporte o a las escuelas, criticó Ocelio Muniz, coordinador del MAB en Rondônia.
Muniz estima que 10.000 familias verán alteradas de algún modo sus formas de vida por las dos hidroeléctricas. Santo Antônio admite que ese impacto llegará sólo a 1.621 grupos familiares, y Jirau, a muchos menos.
* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
